Fuerzas federales toman control de Iguala, donde desaparecieron estudiantes

**Los familiares se resisten a creer que los estudiantes estén muertos y exigen al presidente Enrique Peña Nieto que los encuentre.

La Crónica de Chihuahua
Octubre de 2014, 20:40 pm

El gobierno mexicano desplegó este lunes a policías y militares para tomar el control de la ciudad de Iguala (sur) y esclarecer la suerte de los 43 estudiantes desaparecidos hace diez días en ataques conjuntos de agentes locales y narcotraficantes.

Las autoridades temen que algunos de esos estudiantes estén entre los 28 cuerpos hallados en fosas clandestinas en Iguala el pasado fin de semana pero piden esperar al resultado de las identificaciones, mientras sigue la búsqueda de los jóvenes.

Los familiares se resisten a creer que los estudiantes estén muertos y exigen al presidente Enrique Peña Nieto que los encuentre.

Tras la aparición de las fosas, Peña Nieto compareció este lunes ante la prensa para comprometerse a castigar a los responsables de unos crímenes que calificó de "indignantes, dolorosos e inaceptables".

No cabe "el más mínimo resquicio para la impunidad", subrayó el mandatario al ratificar la colaboración de su gobierno para resolver un caso que conmocionó al país y generó reclamos de Naciones Unidas a las autoridades.

Peña Nieto ordenó el envío inmediato a Iguala -200 km de Ciudad de México- de militares y policías federales, así como investigadores y peritos.

La seguridad de Iguala está ahora en manos de unos 400 efectivos de la policía federal y de su cuerpo especial de Gendarmería -que entró en funcionamiento apenas en agosto- apoyados por el Ejército, informó desde el lugar el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, sin precisar el número de militares.

A su llegada a esta población de 140.000 habitantes, los soldados desarmaron a los policías municipales que aún estaban en activo y que serán trasladados a una base militar de evaluación y sus armas serán examinadas.

Las autoridades no han precisado la cifra de agentes desarmados pero la semana pasada la fiscalía de la región de Guerrero interrogó a 143 policías y detuvo a 22 de ellos, acusados de colaborar con sicarios del cártel Guerreros Unidos en las balaceras contra los estudiantes.

Un equipo de la AFP constató cómo policías enviados a Iguala revisaban autos en la entrada de Iguala mientras camionetas del Ejército patrullan los alrededores.

"Ojalá que (así) fuera siempre", expresó Héctor Villalobos, funcionario de Iguala.

"Nos sentíamos bien inseguros porque dentro de la policía municipal estaban los del crimen organizado", celebró, de su lado, Carla Flora, una educadora de 40 años.

Los estudiantes están desaparecidos desde la noche del 26 de septiembre cuando policías y narcotraficantes dispararon -por motivos desconocidos- contra varios autobuses de los que se habían apoderado los alumnos para regresar a su escuela.

En esos tiroteos murieron seis personas, incluidos tres estudiantes, y se reportó la desaparición de 43 alumnos, muchos de los cuales fueron vistos por última vez en patrullas policiales.

La fiscalía asegura que dos sicarios de Guerreros Unidos detenidos confesaron haber asesinado a 17 de los estudiantes en el mismo cerro de los alrededores de Iguala donde fueron halladas las fosas con los 28 cadáveres.

Los familiares de las víctimas mantienen una angustiosa y tensa espera en la Escuela Normal de Ayotzinapa, donde estudiaban magisterio los desaparecidos.

La escuela es conocida por su combatividad y activismo de izquierda en Guerrero, una de las regiones más empobrecidas y afectadas por la violencia de los cárteles.

El presidente "tiene que tomar cartas en el asunto, nos los tiene que entregar con vida", dijo a la AFP Manuel Martínez, vocero del Comité de Padres.

Los familiares se niegan a creer que entre los 28 cuerpos hallados en las fosas estén los estudiantes y varios dicen haber visto fotografías de los cuerpos y no reconocen a sus hijos.

Algunos de los cadáveres fueron incinerados y están fragmentados por lo que las identificaciones demorarán entre 15 días y dos meses, según la fiscalía de Guerrero, que pidió la colaboración de un equipo de forenses de Argentina.