Finanzas públicas, justicia social y credibilidad

Por Omar Carreón Abud

La Crónica de Chihuahua
Agosto de 2014, 10:28 am

El secretario de Finanzas de Michoacán, el Doctor José Carlos Rodríguez Pueblita, dio una conferencia de prensa el pasado viernes 1 de agosto, en la que informó a la opinión pública acerca del estado que guardan las finanzas públicas michoacanas e indicó qué es lo que piensa hacer el nuevo gobierno que encabeza el Doctor Salvador Jara Guerrero en este importantísimo aspecto. Como muchos de estos informes coyunturales y parciales, lo dicho por el señor secretario, dejó más interrogantes que las dudas que resolvió, sólo por mencionar algo importante que me hubiera gustado saber con precisión, menciono el volumen real de la deuda pública en el estado, ¿cuánto debemos los michoacanos? porque seremos los michoacanos los que habremos de liquidar tarde o temprano y sin falta la deuda pública ¿o no es así?

Señalo este aspecto porque, a pesar de que en la conferencia de prensa se dijo claramente que la deuda con instituciones financieras asciende a 16 mil 360 millones de pesos y se agregó que los pasivos a corto plazo para pago de proveedores, ascienden a 10 mil 500 millones de pesos, lo cual hace un total de 26 mil 860 millones de pesos, también quedó constancia en las notas periodísticas que reprodujeron la noticia, que el secretario: “Enfatizó que todavía no se ha podido identificar la totalidad de las fuentes de financiamiento del déficit, por lo que se continuará con el análisis”. O sea que la inquietud que manifiesto se justifica plenamente ¿cuánto nos han dejado de deuda a los michoacanos las últimas tres administraciones? ¿Cuánto, pues, tendremos que pagar? La duda no sólo proviene de lo declarado explícitamente por el secretario Rodríguez Pueblita, la alienta el hecho de que el licenciado Fausto Vallejo Figueroa, señalara en su Primer Informe de Gobierno y ante el Congreso del estado, que la deuda pública ascendía en ese momento a 34 mil millones de pesos, una diferencia con lo dicho en la conferencia de prensa a la que me refiero, de por lo menos 7 mil millones de pesos y no se tiene noticia de pagos importantes por esa cantidad que hayan reducido la deuda de la administración pública estatal en los últimos meses. ¿Cómo estamos pues?

Y, sobre todo, ¿cómo vamos a salir del gravísimo problema en el que nos han dejado? ¿Con más créditos? En lo que se refiere a la justicia social que necesariamente tienen que promover las finanzas públicas, hay que decir que, si bien es cierto que la administración pública ha estado desde hace muchos años sumida en la más escandalosa corrupción (muchos miles de millones de pesos se “liberarían” si se controlaran la corrupción y los altos salarios de la burocracia), quiero creer que no toda la deuda pública fue a parar a bolsillos particulares y, por tanto, me inclino a pensar que hace falta fortalecer de manera decisiva, grande, pues, la cantidad de dinero de la que disponen los gobiernos si realmente se quiere sacar al país de la crisis en la que se encuentra. Se sabe que muchos estados (y municipios) están endeudados hasta el límite, Coahuila, Chihuahua, Quintana Roo, Veracruz, Michoacán, entre otros, pues las participaciones federales que reciben se han reducido drásticamente desde hace por lo menos cuatro años y muchos de ellos sostienen el 90 por ciento o más de su gasto público con las participaciones federales que reciben ya que los impuestos más cuantiosos los recauda la federación.

La federación, por su parte -aunque parezca también difícil de creer ante las noticias cotidianas de corrupción y beneficios indignantes por parte de amplios sectores de la clase política- necesita disponer de más recursos para impulsar el desarrollo nacional y la justa distribución de la riqueza: invertir en obras de infraestructura, en educación (una reforma radical, no sólo laboral), en salud, etc., gastos en los que se fomente el empleo bien remunerado, no los programas asistenciales de contención de la irritación social e impulso a candidaturas de políticos selectos. El gobierno de México concentra mediante los impuestos un 19.7 por ciento del Producto Interno Bruto, es el país que cobra menos impuestos de la OCDE, Suecia recauda el 44.5 por ciento y Dinamarca el 48 por ciento. Me queda perfectamente claro que gravar más el magro salario de los trabajadores sería suicida para la economía deprimida y para la estabilidad social, también extremadamente deprimida, subir o ampliar el IVA o aplicar alguna otra modalidad de impuesto al consumo, sería catastrófico (“ampliar la base gravable”, que se presenta como alternativa, tiene muchísimo de impuesto al consumo). ¿Qué hacer entonces? Gravar a los que más tienen. Hasta ahora, son intocables y pagan cantidades ridículas, indignantes, las más grandes empresas mexicanas y asentadas en México. Si no se transita por este camino en el que sí se expone el llamado capital político, no habrá ni desarrollo ni justicia social. Seguiremos con deudas públicas inmensas, desocupación, salarios de hambre, “empleo” informal, enfermos de enfermedades curables, niños que salen los últimos en los exámenes de la OCDE, escuelas de palitos, violencia extrema y varias otras realidades aterradores que nos abarcan y cada vez va a ser más difícil que las oculte y contenga la propaganda pagada con las endebles finanzas públicas.

A la duda legítima sobre la deuda en Michoacán, derivada solamente de los datos disponibles para el gran público y que debiera ser resuelta en el corto plazo y de manera contundente dado que uno de los objetivos del “Programa de Fortalecimiento,

Ordenamiento y Transparencia de los recursos públicos”, anunciado por el secretario de Finanzas, es, como lo señaló él mismo, “recuperar la confianza ciudadana por medio de la transparencia y la rendición de cuentas”, se añade lo que no consta al público pero que nadie, ni en esta administración, aún con lo joven que es, ni en la pasada, se ha atrevido a negar: ¿a dónde fueron a parar muchos millones de pesos que el año pasado entregó la federación para realización de obras que no se han terminado?

Los diputados federales que militan en el Movimiento Antorchista, son solamente cuatro y trabajan –con perdón sincero a los afectados- mucho más que muchos otros diputados que salen casi todos los días fotografiados en la prensa entregando bagatelas a la población con los ojos puestos en una futura elección o sinecura, ninguno de los cuatro es michoacano y, sin embargo, en los últimos años, han conseguido para el estado, para aplicarse en obras urgentes para los sectores más desfavorecidos de la población, más de 300 millones de pesos. Pues bien, de esos más de 300 millones de pesos, 63 millones 377 pesos, corresponden al Programa de Egresos de la Federación 2013, fueron entregados a la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado hace ya casi un año y adivine usted dónde se encuentran porque las obras no existen. Una Unidad Deportiva en el municipio de Juárez por 3 millones 929 mil pesos, la pavimentación de calles en Susupuato por 5 millones de pesos, la pavimentación del acceso a una colonia en Maravatío por 5 millones de pesos, la segunda etapa del Boulevard de La Cañada que unirá a los Once Pueblos por 21 millones 500 mil pesos y así hasta llegar a los 63 millones 377 mil pesos. ¿Qué pasa, pues, señor, secretario? Urge saber; en atención a la anunciada credibilidad.