Fátima Monterrosa y el costo de la defensa contra un ataque mediático

Aquiles Córdova Morán

La Crónica de Chihuahua
Abril de 2012, 09:18 am

Hace algunas semanas, en el programa televisivo “Punto de partida” de la conocida conductora Denisse Maerker, la reportera Fátima Monterrosa publicó un reportaje contra las más de mil 200 familias carentes de vivienda que pretenden ser despojadas por el perredismo texcocano, encabezado por Horacio Duarte Olivares, conocido vividor de la política “de izquierda”, del predio “El Pimiango” de su legítima propiedad. Lleno de groseras distorsiones de los hechos, de falsa información sobre la situación legal del predio, de abierta manipulación de imágenes y documentos que no eran lo que la reportera aseguró, yo y varios afectados más, en ejercicio de nuestro derecho a la legítima defensa, hicimos aclaraciones puntuales al ataque mediático sin esperar, naturalmente, ninguna rectificación de parte de la autora, pues sabemos bien que tal gesto de honradez intelectual es punto menos que pedir peras al olmo en el periodismo mexicano. Pero la respuesta fue más allá del tozudo silencio que esperábamos: Fátima Monterrosa, fingiendo que se hacía eco de un reclamo de los antorchistas de Chimalhuacán, volvió a la cargada con un segundo reportaje, esta vez “enriquecido” con las tronantes declaraciones de una “víctima del antorchismo” y de un “estudiante” sin rostro, quienes salieron a despotricar a su sabor lo que les vino al caletre, más los gritos solitarios de un fanático perredista que exigía: ¡Fuera Antorcha de Texcoco! Es decir, íbamos por lana y salimos trasquilados.

Ingenuamente creímos que allí quedaba la cosa. Pero no. Resulta que en el número 4 de una revista de reciente aparición, llamada Nueva Era, y en su página web, la misma periodista publica un nuevo y más extenso ataque en contra del Movimiento Antorchista Nacional y de algunos de sus dirigentes. El eje del ataque, esta vez, es la acusación directa de enriquecimiento escandaloso (a costillas de sus agremiados) de Aquiles Córdova Morán. El artículo comienza con eso, es decir, principia por el final, por lo que debería ser la conclusión de los datos que exhibe; y después de este sabio recurso de colocar la carreta delante de los bueyes, lanza sin transición otra acusación: que aunque se diga otra cosa, Antorcha es monopolio de Aquiles y sus hermanos, sobrinos, cuñados, compadres y amigos más cercanos. Y para probar tal aserto, la reportera procede a enlistar, sin ton ni son, todos los nombres que pudo pescar en la web de Antorcha, sin detenerse a precisar ni el cargo ni la relación de parentesco de los mencionados. En síntesis, un auténtico batiburrillo de nombres tomados al azar, sólo para aparentar información seria y detallada. Viene luego lo que sería la nuez del asunto, el inventario “completo y documentado” de los numerosos y variados negocios de la mafia antorchista. Se entra al tema hablando de más de 30 gasolineras, además de hoteles, restaurantes, etcétera, pero todo termina en agua de borrajas, pues de todas esas “inmensas riquezas”, no suman más de tres las estaciones de servicio realmente documentadas y nada más. Para llenar el hueco (y sus ansias de sensacionalismo), Fátima da otro salto en el vacío, ahora con la sobada cantaleta de terrenos “regalados” a los “antorchos” como premio a sus servicios políticos, aunque ahora, a la acusación sobre “El Pimiango” obsequiado por “Peña Nieto”, se agrega una imputación similar al gobernador de Veracruz.

Todo esto de los terrenos es basura, obvia distorsión de la verdad que consiste en que los predios que se mencionan, y muchos más que la reportera calla o desconoce, ni son “regalo” de nadie ni son para beneficio de los “líderes” sino soluciones, apegadas a derecho, del grave problema de la vivienda popular, de la que carecen millones de familias mexicanas pobres. Denunciar esto como un ilícito y como una prueba de corrupción de dirigentes y gobernantes, sólo puede ocurrírsele a un enfermo mental, desquiciado por la vanidad y el odio “aristocrático” contra los necesitados. Pero también en el asunto de las gasolineras “documentadas” hay calumnias e inventos descarados; por ejemplo, lo de San Sebastián Teitipac, Oaxaca, donde el antorchismo no posee ninguna estación de servicio ni ha recibido jamás ningún dinero; y tampoco es cierto que se obligue a nadie a surtirse de combustible en las gasolineras antorchistas. Fátima debe demostrar fehacientemente su dicho y yo pongo por testigo y juez a la opinión pública.

Pero, con todo, es cierto que Antorcha cuenta con varias pequeñas empresas. Sólo que nosotros nunca hemos hecho un secreto de eso por la sencilla razón de que no hay motivo para ello. Por el contrario, fuimos nosotros, los líderes antorchistas, los primeros en darlas a conocer por dos razones elementales. Primera, porque no se trata de negocios clandestinos, sino de pequeñas empresas totalmente legales y legítimas, que cumplen con todas sus obligaciones jurídicas, incluidas en primer término las fiscales; segunda, porque, tal como ocurre ahora, nos hemos visto precisados a explicar cómo y de dónde se financia la actividad política de Antorcha, ante los reiterados intentos de sembrar dudas sobre la limpieza de sus recursos. Sostengo que somos la única organización que ha sabido construirse, con el sacrificio y la colecta de su gente (como lo prueba sin proponérselo lo dicho por Eloína González) un patrimonio propio que hace de Antorcha la única organización realmente independiente y con capacidad de lucha real en defensa de sus agremiados y de todo el pueblo pobre de México. La existencia misma de los negocios es prueba irrefutable de la honradez absoluta con que se aplica la colecta de la gente y de la administración honesta de las inversiones. Así que la “denuncia” de Fátima sólo tiene de nuevo la maldad de sus insinuaciones y la acusación torpe y gratuita del enriquecimiento ilícito de los dirigentes.

Ella cree que basta con documentar la existencia de los negocios para que quede demostrada, automáticamente, su explotación fraudulenta. Pero se equivoca. Hace falta, además, documentar el manejo y el destino de la utilidades, la concentración del beneficio, la ausencia total de control y de rendición de cuentas de los administradores, cosas todas que a ella le pasan a varios años luz de la cabeza. Da grima ver la estrechez mental y la falta de honradez profesional de ciertos informadores. A Fátima le urge un cursillo de estadística y teoría de la inducción, para que sepa que lo que se afirma del “todo” partiendo del estudio de “una de sus partes”, nunca arroja una certeza absoluta, sino sólo cierto grado de probabilidad; y que aún para eso, hace falta cumplir ciertos requisitos científicos como el tamaño de la muestra y el carácter aleatorio de la misma. Su ataque condena sin apelación a 200 mil antorchistas (la cifra es de Fátima) con base en una muestra de tres elementos que, además, fueron tendenciosamente elegidos entre los enemigos de Antorcha. Su inferencia, por tanto, no vale absolutamente nada; es falsa y calumniosa por los cuatro costados. Y ahora resulta que uno de sus testigos es José Luis Echeverría Preisser, hijo de Margarita Preisser, alias La Hiena, brazo derecho de Guadalupe Buendía, La Loba, que purga condena de cárcel por multihomicidio. “Dime con quién andas y te diré quién eres”.

Quiero terminar refiriéndome al encabezado de este artículo. El ataque de Fátima Monterrosa prueba elocuentemente algo que he venido denunciando insistentemente: la indefensión del ciudadano común frente al poder de los medios y de los periodistas sin escrúpulos que en ellos laboran. Según la legislación vigente, la labor del periodista es prioritaria para el interés colectivo. Por eso es necesario sobreprotegerlo declarándolo implícitamente un ser de otro mundo, exento de los errores, vicios e intereses personales que aquejan al resto de los mortales. Debe quedar exento, por tanto, de cualquier responsabilidad y del sometimiento a las leyes que aplican para los demás, haga lo que haga y diga lo que diga. Fátima demuestra cómo el derecho de réplica del ciudadano común es papel remojado para la mayoría de los medios; y ¡guay de aquel que intente ejercerlo en serio! Además de ser señalado, y sancionado en su caso, como enemigo de la libertad de prensa y de opinión, recibirá como premio adicional un nuevo baño de materia excrementicia, como el que nos propina ella en castigo a la insolencia de querer desmentirla. ¡Un periodista nunca miente y nunca se equivoca. Faltaba más!