Exigen recursos para Ley de Víctimas

**La Asociación de Autoridades Locales advirtió que, de no reasignar presupuesto para este fin, los municipios interpondrían controversias constitucionales ante la Corte.

La Crónica de Chihuahua
Enero de 2013, 14:36 pm

México, D.F.- La Asociación de Autoridades Locales de México A.C. (AALMAC), que concentra a más de 250 ayuntamientos gobernados por la izquierda, exigió al Gobierno federal la asignación de recursos para cumplir con las competencias y obligaciones que les confiere la nueva Ley General de Víctimas.

Leticia Quezada, Jefa Delegacional en Magdalena Contreras y presidenta de la AALMAC, advirtió que de no reasignar presupuesto para este fin, los municipios interpondrían controversias constitucionales ante la Corte, pues de lo contrario podrían incurrir en responsabilidades.

"Es tan amplia la situación de víctimas del delito que los municipios tendrán que pagar medicinas, consultas, prótesis, de lo que pueda ser de un delito que puedan denunciar los ciudadanos. (También) los abogados victimales (...) y la oficina de atención a víctimas. Para todo esto tiene que haber recursos", expuso.

"No se cuenta con los recursos por parte de los municipios, ustedes saben que ahorita muchos municipios están endeudados y con una situación así auguramos que esta Ley pudiera caer en una situación de letra muerta y que podríamos incurrir en una responsabilidad inclusive penal por parte de los municipios".

En conferencia conjunta con el secretario general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandro Sánchez Camacho, Quezada planteó la instalación de una comisión legislativa para revertir las tremendas lagunas de la norma y asignar las bolsas correspondientes a los municipios.

La perredista reconoció que la capacidad de las localidades para atender a las víctimas de la violencia sería limitada ante la lluvia de demandas que se avecina con la entrada en vigor de la norma.

"No hay presupuesto, lo advertimos y lo comentamos, que alcance para una situación así. Nosotros estamos de acuerdo por supuesto en esta Ley, creo que es una ley de justicia social, (...) pero no alcanzan los presupuestos", mencionó.

En la misma conferencia, el especialista en seguridad y justicia, Samuel González, planteó la necesidad de que el artículo 31 Constitucional sea reinterpretado por la Corte, para facultar a los municipios a exigirle a la Federación y a los estados que les den los recursos necesarios para hacer frente al contenido de ésta y otras leyes..- La Asociación de Autoridades Locales de México A.C. (AALMAC), que concentra a más de 250 ayuntamientos gobernados por la izquierda, exigió al Gobierno federal la asignación de recursos para cumplir con las competencias y obligaciones que les confiere la nueva Ley General de Víctimas.

Leticia Quezada, Jefa Delegacional en Magdalena Contreras y presidenta de la AALMAC, advirtió que de no reasignar presupuesto para este fin, los municipios interpondrían controversias constitucionales ante la Corte, pues de lo contrario podrían incurrir en responsabilidades.

"Es tan amplia la situación de víctimas del delito que los municipios tendrán que pagar medicinas, consultas, prótesis, de lo que pueda ser de un delito que puedan denunciar los ciudadanos. (También) los abogados victimales (...) y la oficina de atención a víctimas. Para todo esto tiene que haber recursos", expuso.

"No se cuenta con los recursos por parte de los municipios, ustedes saben que ahorita muchos municipios están endeudados y con una situación así auguramos que esta Ley pudiera caer en una situación de letra muerta y que podríamos incurrir en una responsabilidad inclusive penal por parte de los municipios".

En conferencia conjunta con el secretario general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandro Sánchez Camacho, Quezada planteó la instalación de una comisión legislativa para revertir las tremendas lagunas de la norma y asignar las bolsas correspondientes a los municipios.

La perredista reconoció que la capacidad de las localidades para atender a las víctimas de la violencia sería limitada ante la lluvia de demandas que se avecina con la entrada en vigor de la norma.

"No hay presupuesto, lo advertimos y lo comentamos, que alcance para una situación así. Nosotros estamos de acuerdo por supuesto en esta Ley, creo que es una ley de justicia social, (...) pero no alcanzan los presupuestos", mencionó.

En la misma conferencia, el especialista en seguridad y justicia, Samuel González, planteó la necesidad de que el artículo 31 Constitucional sea reinterpretado por la Corte, para facultar a los municipios a exigirle a la Federación y a los estados que les den los recursos necesarios para hacer frente al contenido de ésta y otras leyes.