Exigen a Mancera les restituya predios que les despojó

**El jefe de Gobierno deastruyó 300 viviendas en La Ciénega de Tláhuac. Sus habitantes tienen ya dos años de vivir a la intemperie porque Mancera los dejó sin hogar.

La Crónica de Chihuahua
Enero de 2018, 13:00 pm

Ciudad de México.- Antorchistas capitalinos exigen al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, cumpla compromisos de apoyos de obras y servicios para distintas delegaciones y que restituya las 300 viviendas que destruyó en La Ciénega de Tláhuac. Sus habitantes tienen ya dos años de vivir a la intemperie porque Mancera los dejó sin hogar.

CÓMO Y POR QUÉ LOS DESALOJARON

El proyecto de la Línea 12 del Metro –la famosa “línea dorada” del exjefe de Gobierno Marcelo Ebrard Casaubón– no concluyó con su rimbombante inauguración de 2012 al lado del expresidente panista Felipe Calderón Hinojosa, sino que puso en marcha un proyecto de urbanización que contempla la creación de “corredores ecoturísticos”, centros comerciales e inmuebles públicos en una superficie de más de 140 hectáreas. Esto ocasionó que se quedaran en el desamparo más de 400 familias que han vivido en predio desde hace más de 20 años.

Para avanzar en la concreción de este proyecto, que había quedado pendiente a raíz del descarrilamiento parcial de la “línea dorada”, el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Miguel Ángel Mancera Espinosa, desalojó violentamente, el pasado 5 de febrero, a 430 familias del predio La Ciénega, formado por 44 hectáreas y ubicado a unos metros de la estación terminal Tláhuac del Sistema de Transporte Colectivo (STC-Metro).

El desalojo fue ejecutado sin orden judicial por más de mil 200 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, la Policía Montada, trabajadores de limpia y personal de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, quienes luego de la expulsión violenta de los habitantes se dedicaron a demoler con maquinaria pesada las 335 casas-habitación que había en el predio, junto con su mobiliario y enseres domésticos.

Los vecinos de La Ciénega no tuvieron tiempo ni oportunidad de mostrar los documentos que acreditan su posesión legítima de los predios, entre los que se encuentran certificados de propiedad, cartas de sucesión ejidal y recibos de pago.

Una de las familias desalojadas tenía 54 años viviendo en esa comunidad; la mayoría habitaba ahí desde hace más de 20 años, otras tenían 15 o 10 años y las que menos antigüedad ostentaban, habían habitado ahí dos años.

El desahucio fue encabezado por la secretaria del Medio Ambiente, Tania Müller, quien tras anunciar que iba a hacer una “visita de verificación ambiental”, ordenó sin la menor consideración el despliegue brutal de los maquinistas que en unas cuantas horas destruyeron las casas, la mayoría de las cuales contaban con cimentación y estaban bien estructuradas.

Consuelo Romero Aldama, representante vecinal de La Ciénega, afirmó que ni ella ni ninguno de sus vecinos eran “invasores”, porque todos los desalojados cuentan con documentos para probar su estancia legal en el predio, toda vez que la “mayoría de los lotes fueron comprados a ejidatarios, quienes tenían sus certificados agrarios y certificados de propiedad como parcela.

El terreno está registrado en el Registro Agrario y la Procuraduría Agraria como terrenos agrícolas y de producción agroindustrial. Pero en los hechos, esta tierra no produce nada por su alto contenido de salitre. Hace 25, 20, 18 o 15 años, las familias afectadas compraron un predio como parcela”, detalló a Buzos de la Noticia.

Como si estuviéramos en el Medio Oriente…

Los vecinos narran los pormenores del desalojo, la violencia extrema de que fueron víctimas (“como si fuéramos delincuentes”): la policía “bloqueó por varias horas el acceso principal, dejó inservible un pequeño puente y hasta la fecha más de la mitad de las familias viven en el desamparo”; unos pocos se fueron a vivir con familiares en colonias cercanas, pero la mayoría ha construido algunas chozas para vivir con cartón y algunos materiales que lograron rescatar de la destrucción.

Cuando hablamos con los afectados, que resguardan aún su predio, la indignación y el dolor son palpables. “Vean, parece que hubiera pasado una guerra; esto se ve como en el Medio Oriente, casas destruidas, escombros por todos lados y todo polvoriento”, dice Marisol González Castelán, quien junto con cuatro de los integrantes de su familia vive en un cuartito de lámina de seis por 10 metros cuadrados.

En 2005 compró el predio a un ejidatario, que le pidió 500 pesos por cada metro cuadrado. De entonces a la fecha pudo ir edificando poco a poco su casita, al igual que muchas familias, primero echando cimientos, luego un piso, más tarde otros dos y con acabados.

La mayoría de las viviendas de La Ciénega, sin embargo, estaban en proceso de construcción mediante el uso de materiales como block, madera, lámina y cartón; para estas familias, lo esencial es que se estaban haciendo de un patrimonio; con mucho esfuerzo iban pagando sus lotes, cuyo costo iba de los 100 a los 200 mil pesos.

Doña Marisol muestra las ruinas de su hogar tras el paso de las máquinas de “guerra” del Gobierno de la Ciudad de México: una pieza de cuatro por cuatro -16 metros cuadrados- cubierta con láminas de cartón. Ahí vive con su esposo, un hijo, su nuera y un pequeño de año y medio. Hay una cama y un colchón, donde todos duermen. Afuera están la “cocina” y el “comedor”: un fogón y la cajuela vieja de un coche.

La familia de doña Marisol se complementa con dos pericos, dos perros y una cabra, quienes al igual que sus amos han tenido que soportar los “frentes fríos”, que en las noches hacen que la temperatura descienda hasta a cuatro grados.

La terrible imagen de sus hogares destruidos el 5 de febrero ha quedado grabada en la memoria de todos los que insisten en resguardar los predios. “Cualquiera que vea esta parte del predio pensaría que estamos en guerra. Vea la casas destruidas y las pocas cosas de los vecinos amontonados por todas partes”, dice doña Hermila Enríquez.

“No tenemos a dónde ir y aquí decidimos quedarnos”, dice Fortino Máximo Melchor Bonilla, quien ronda los 50 años de edad. Junto con su esposa había trabajado mucho para adquirir el patrimonio que les fue arrebatado en pocas horas. En lo que quedó de su casa viven seis adultos y dos niños. Tienen más de cinco años habitando ahí y su último recibo de pago fue en enero de 2016.

Las decenas de madres y padres de familias coinciden en algo: siempre han sido respetuosos de la ley; “no somos invasores”, insisten. Por eso exigen a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México una explicación por la actitud arbitraria y violenta que asumieron. Exigen, esperan una respuesta.

La defensa de La Ciénega

A las más de 430 familias desalojadas les une un proyecto común: no se irán de sus terrenos y están por iniciar una lucha legal y social en defensa de su derecho constitucional a una vivienda, objetivo en el que están siendo respaldados por la agrupación política Movimiento Antorchista (MA) de la Ciudad de México.

Después de sufrir el atentado criminal del Gobierno de Miguel Ángel Mancera, los vecinos de La Ciénega acudieron a buscar la asesoría jurídica de abogados privados, pero, lejos de ayudarlos, éstos sólo intentaron quitarles su dinero. Fueron a la delegación de Tláhuac, pero el Gobierno del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se limitó a ofrecerse como “enlace” del Gobierno perredista de Mancera.

Fue entonces, dicen, cuando acudieron al Mocvimiento Antorchista, cuyos dirigentes de inmediato les ofrecieron apoyo legal y político, pues la acción de desalojo, además de ilegal por no presentarse con una orden judicial, constituyó un abuso de autoridad que violentó los derechos humanos y constitucionales de las más de mil 500 personas de La Ciénega.