Escuelas como sujetos obligados fomentarán la transparencia, afirman

** Afirman consejeros del INAI, que asegura su presidencia, estarán atentos a que se cumpla lo obligado por Ley.

La Crónica de Chihuahua
Junio de 2015, 11:40 am

Ciudad de México.- Las universidades públicas son pieza fundamental para el fortalecimiento de la transparencia, como nuevos sujetos obligados de acceso a la información y coadyuvantes en la construcción de una cultura en la materia, afirmó la comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), María Patricia Kurczyn Villalobos.

Durante el Seminario Alcances y Retos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la comisionada sostuvo que, de acuerdo con la Ley General, los organismos autónomos, como las instituciones públicas de educación superior, son sujetos obligados, por lo que el INAI estará atento a que realicen un ejercicio responsable y eficiente del acceso a la información.

A su vez, el comisionado Oscar Guerra Ford, quien moderó el panel “Nuevos Sujetos Obligados y Figuras de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, reconoció el reto que representa transparentar a las universidades, al tiempo que hizo alusión a lo que sobre el tema opinaba el ex rector de la UNAM, Jorge Carpizo.

“El doctor Carpizo hablaba de la universidad como un órgano autónomo, en el que sus decisiones son dadas por autoridades de la propia institución, por lo que está doblemente obligado a rendir cuentas, a transparentar todas sus actividades, dado que se regula a sí mismo”, recordó.

El comisionado Francisco Javier Acuña Llamas expuso que entre los nuevos sujetos obligados se encuentran los institucionales, como el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los organismos constitucionales autónomos, los partidos políticos y los sindicatos.

Sin embargo, dijo, existe un número considerable que no está institucionalizado, como las personas físicas o morales que reciben y ejercen recursos públicos y llevan a cabo actos de autoridad; es el caso de las organizaciones no gubernamentales, los beneficiarios de programas sociales, deportistas que reciben subsidios de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, becarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, prestadores de servicios de seguridad social, núcleos de población ejidal y comunal, entre otros.

Acuña Llamas manifestó que identificar a esos nuevos sujetos obligados es uno de los principales desafíos que plantea la Ley General de Transparencia, para el INAI.
En su oportunidad, Edgar González Corzo, quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), manifestó que su institución tiene que garantizar la eficacia de sus investigaciones y de su acción protectora de los derechos humanos y, al mismo tiempo, dar acceso a la información pública que posee.

Por ello, dijo, es conveniente fortalecer la complementariedad entre la CNDH y el INAI, a fin de que cada una cumpla mejor su cometido.

“Hacemos explícito nuestro compromiso de colaborar activamente con el Instituto Nacional de Transparencia en todo lo concerniente al desahogo de nuestras obligaciones de trasparencia. Estaremos atentos a las orientaciones de esta Institución, tanto para atender lo que nos corresponde de manera directa, como para contribuir con este órgano regulador a impulsar nuevas políticas de trasparencia”, indicó.

Salvador Nava Gomar, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dijo que su órgano colegiado está comprometido con la noción de un “Tribunal Abierto”, para lo cual ha invitado a expertos en temas de equidad de género, libertad de expresión y derechos indígenas, con el fin de que evalúen sus sentencias, es decir, dijo, una especie de fiscalización de las resoluciones.

“Tenemos que “seducir a la ciudadanía”, es un deber de los órganos públicos, para que se acerquen más a la información que generamos o a lo que hacemos y, en este sentido, esta administración que está bajo la presidencia del magistrado Constancio Carrasco ha decidido ir al Tribunal Abierto” apuntó.

José Ángel Mejía Martínez del Campo, quien participó en este panel en representación de Luis Videgaray, secretario de Hacienda y Crédito Público, señaló que si bien la reforma constitucional y la Ley General establecen bases para empoderar a la ciudadanía, que ello se materialice dependerá de cómo los sujetos obligados implementen la Ley y cómo los organismos garantes vigilen su cumplimiento.

Mencionó que lograr que la ciudadanía conozca el derecho y lo ejerza es un reto no sólo del propio Instituto, sino de todas las instituciones y todos quienes están cargo de alguna función pública; la ciudadanía debe enterase de qué hacemos y de cómo y por qué lo hacemos.

El investigador José Alfonso Bouzas Ortíz indicó que la Ley General, en su artículo 78, establece la documentación de los sindicatos que las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral deben hacer públicos; sin embargo, planteó, esta disposición debe ser ejemplificativa más no limitativa.

Precisó que hay otra información que debe ser pública porque da cuenta de la creación y transformación de los sindicatos. “La transparencia en la información laboral es un requisito sine qua non para que remontemos esta costra que pesa sobre las relaciones laborales”, opinó.