En dos sexenios PGR gastó más de 178 mdp en testigos protegidos

**Entre el 2000 y diciembre de 2012, informó el IFA Ia una particular

La Crónica de Chihuahua
Mayo de 2013, 11:15 am

Ciudad de México.- En respuesta a una solicitud de información de un particular, la Procuraduría General de la República (PGR) reportó que en los dos sexenios anteriores, de 2000 a 2012, las autoridades gastaron 178 millones 261 mil 493 pesos, para cubrir gastos relacionados con la protección de testigos colaboradores.

Sin embargo, el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) instruyó a la dependencia buscar y proporcionar esa información desglosada por costos de manutención, transporte, vivienda, compensación u otros, tal y como le fue requerida por el solicitante.

Respecto del periodo comprendido entre el 2000 y diciembre de 2012, el particular pidió lo siguiente:

1. Número de los testigos colaboradores y/o protegidos que tiene la PGR, sin que se mencionen datos personales de las personas, pero se detallara la organización delictiva a la que pertenecían, tipo de información que proporcionaron y para qué ha servido esa información;

2. Número de testigos protegidos que han cumplido con su encomienda y tipo de protección o apoyo que les sigue brindando la PGR; Detallar número de testigos protegidos que se han ido del país por motivos de seguridad;

3. Monto de gasto de la PGR, detallado por manutención, transporte, vivienda, compensación u otros;

4. Número de testigos protegidos que han sido dados de baja del programa y motivo de la baja;

5. Número de testigos protegidos que han renunciado a la colaboración y motivo de la renuncia;

6. Número de testigos protegidos que han terminado su encomienda y reincidieron en actividades ilícitas;

7. Causas legales que originan la pérdida del carácter como testigo protegido;

8. Perfil criminológico o requisitos que debe cumplir la persona que funge como testigo protegido.

En respuesta, la PGR, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), proporcionó la relación de los testigos por año y por gasto, de 2000 a 2012.

De este modo, indicó quelas anteriores autoridades registraron en 2000 a 27 testigos colaboradores y/o protegidos; en 2001, 35; en 2002, 42; en 2003, 39; en 2004,44; en 2005, 48; en 2006, 43; en 2007, 50; en 2008, 57; en 2009, 61; en 2010, 43; en 2011, 60, y en 2012, a 65.

Asimismo, puso a disposición del particular la relación del gasto ejercido por años: 2000, 2 millones 397 mil 627 pesos;2001, 5 millones 823 mil 927 pesos; 2002, 13 millones 370 mil 525 pesos; 2003, 13 millones 235 mil 68 pesos; 2004, 13 millones 834 mil 73 pesos; 2005, 14 millones 564 mil 594 pesos; 2006, 13 millones 702 mil 688 pesos; 2007, 10 millones 913 mil 904 pesos; 2008, 15 millones 123 mil 153 pesos; 2009, 20 millones 197 mil 167 pesos; 2010, 14 millones 825 mil 320 pesos; 2011, 18 millones 105 mil 351 pesos, y2012, 22 millones169 mil 96 pesos.

Por lo que se refiere a los requisitos que debe cumplir lapersona que decide acogerse a la figura de testigo protegido, la PGR indicó que éstos se encuentran establecidosen el artículo 35 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada (LFCDO), pero dijo no contar con el resto de lo solicitado.

El particular presentó un recurso de revisión ante el IFAI, turnado a la comisionada Sigrid Arzt, en el que se inconformó por recibir información que para él es incompleta.

En alegatos, la PGR precisó que no lleva un control o estadística con ese tipo de indicadores. Apuntó que de existir, serían datos inmersos en averiguaciones previas y, por ende, se trata de información reservada y confidencial, de acuerdo con los artículos 13, fracción V, y 14 fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), por lo que podría permanecer bajo ese carácter por un periodo de 12 años.

Señaló que la Ley tiene como objetivo, entre otros, proteger los posibles resultados derivados de las investigaciones que al efecto realicen las autoridades ministeriales, sin alertar a los sujetos que sean objeto de una indagatoria por presuntos actos ilícitos.

En el análisis jurídico del caso, la comisionada Sigrid Arzt expuso lo siguiente:

– La PGR ha hecho pública información respecto a gastos de dicho programa, con más detalle de lo solicitado ahora; por ejemplo, como parte de la respuesta a la solicitud diversa 0001700189607, se proporcionó información sobre el gasto por arrendamiento de inmuebles para dar protección a testigos.

– Asimismo, localizó el documento: “Programa Anual de Necesidades de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ejercicio fiscal 2008”,en cuya partida 3201 se observa el gasto por arrendamiento de casa para testigos protegidos, hotel y estacionamientos.

– La difusión del ejercicio de gasto público no pone en riesgo la vida de las personas, no impide las acciones o medidas implementadas para evitar la comisión de los delitos y ni tampoco guarda relación directa, ni forma parte de alguna indagatoria en trámite.

– El sujeto obligado no turnó la solicitud de información a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMSG), la cual también es competente para conocer del presupuesto ejercido y asignación presupuestal para adquisiciones de bienes y servicios con el fin de atender las necesidades de las unidades administrativas de la PGR, como es la SEIDO.

Por lo anterior, a propuesta de la comisionada Arzt, el Pleno del IFAI modificó la respuesta al punto 3 de la solicitud e instruyó a la PGR una nueva búsqueda de la información en todas las unidades administrativas que resulten competentes, entre las que no podrá omitir la DGRMSG, para poner a disposición de la particular la información solicitada, al nivel de agregación y detalle con la que cuente, sin omitir los datos que ha hecho públicos mediante respuesta a otras solicitudes, así como los que se ubiquen en programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios, entre otros.

Además, confirmó la respuesta a los puntos 1, 2, 4, 5 y 6, toda vez que proporcionó datos estadísticos, respecto al número de testigos colaboradores a los que se ha brindado protección durante el periodo referido, al tiempo que clasificó como reservado el detalle del resto de la información solicitada, por encontrarse contenida en averiguaciones previas.

Finalmente, el Pleno modificó la respuesta del sujeto obligado a los puntos 7 y 8 e instruyó a la PGR hacer de conocimiento del particular la existencia del Acuerdo A/059/10 emitido por el entonces Procurador General de la República, el cual se refiere al procedimiento bajo el cual opera el programa de protección de testigos, mismo que no podrá ser entregado, toda vez que se encuentra clasificado como reservado con fundamento en el artículo 13, fracción V de la LFTAIPG.Sin embargo, el periodo de reserva bajara de 12 a seis años, en atención a la revaluación que hace la PGR a la política de testigos colaboradores.
Agencias