En San Luis Potosí, patrones y gobierno contra los obreros de Proycal

Abel Pérez Zamorano

La Crónica de Chihuahua
Enero de 2014, 14:26 pm

(El autor es un chihuahuense nacido en Témoris, Doctor en Desarrollo Económico por la London School of Economics, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesor-investigador en la División de Ciencias EconómicoAdministrativas de la Universidad Autónoma Chapingo)

Como en toda sociedad moderna escindida en clases, el conflicto entre patrones y obreros determina el monto del ingreso que cada parte se apropia, y en esa lucha económica, los trabajadores han tenido como instrumento histórico a los sindicatos; y consciente de ello, desde que asumió el poder en el mundo, la clase empresarial ha procurado impedir o limitar la acción de los sindicatos verdaderamente comprometidos con los obreros, ya sea prohibiéndolos, como ocurrió en Francia con la famosa Ley Le Chapelier, promulgada en 1791, o bien comprándolos o sometiéndolos por la fuerza. Hasta nuestros días, empresarios y gobernantes han aplicado un sistema legal y político apoyado en la violencia, la compra de líderes y el descrédito mediático. Los economistas al servicio del empresariado ponen su parte, justificando esa práctica con el argumento “teórico” de que con su reclamo los trabajadores “perturban” el mercado laboral, impidiendo que el simple juego de oferta y demanda de empleos determine el monto de los salarios.

Pero esta tesis es falsa, pues deja de lado aspectos fundamentales. Primero: el factor determinante del salario es el valor mismo de la fuerza de trabajo, que al reducirse como consecuencia del avance tecnológico hace caer el salario real; pero la tecnología, al “ahorrar trabajo”, también provoca otra consecuencia socialmente dañina: vuelve superfluos a numerosos obreros y aumenta el desempleo y la competencia entre ellos, con la consecuente caída en el salario. El factor político es otro de los elementos desdeñados por el enfoque neoliberal, concretamente en lo concerniente a la correlación de fuerzas entre patrones y obreros, fundamental al decidir que proporción del ingreso se apropia cada clase, y en la cual influye de manera determinante el grado de conciencia de los trabajadores, su disciplina, organización y experiencia de lucha, muy menguada en el caso mexicano debido al control ejercido por los sindicatos “charros”.

La teoría económica en boga muestra otra debilidad en la forma de una incongruencia insalvable: mientras por una parte plantea que corresponde exclusivamente al mercado determinar los precios de las mercancías, y que el Estado, partidos y sindicatos no deben interferir; de otra parte, acepta que cuando se trata de la fuerza de trabajo como mercancía, el gobierno y los empresarios fijen su precio, so pretexto de hacer más “competitiva” la economía para “atraer inversión” en beneficio de “México”. Para este año, la Conasami autorizó un incremento de 3.9 por ciento al salario mínimo: en el área “A” su monto será de $67.29 (dos pesos con cincuenta centavos más que el año pasado), y en el área “B”, $63.77 (un aumento de 2 pesos con 39 centavos). Esto entraña un grave daño social, pues según el INEGI, 6.7 millones de trabajadores perciben un salario mínimo, y 11.8 millones, entre uno y dos minisalarios; y si consideramos, además, que cada familia tiene en promedio 4.3 integrantes, a cada uno corresponderán $15.6 pesos diarios, para cubrir todas sus necesidades. Y la situación empeora, pues según la ENOE, entre 2006 y 2011, el número de quienes ganan un salario mínimo aumentó en 7 por ciento.

Confirmando lo anterior, la OCDE ha informado que los trabajadores mexicanos laboran las jornadas más prolongadas, pero perciben los salarios más bajos. Esto, hay que decirlo, en claro contraste con lo que ocurre en países con altos índices de desarrollo humano, donde los obreros muestran más capacidad de lucha, que sin duda contribuye a elevar los niveles de ingreso y bienestar de social. Por ejemplo, en 2008, en Canadá estallaron 187 huelgas, en Chile 159, en Dinamarca 335; en todos esos países, no obstante su menor población, hubo más lucha obrera que en México, donde ocurrieron 150 movimientos huelguísticos (OIT, Labour Statistics Database, 1998-2008). Y los gobiernos estatales se ufanan de esto, llamándolo “estabilidad laboral”, y en realidad han tenido éxito: en 2013, el número de huelgas estalladas representó tan sólo el 8% de las ocurridas en 1983, y el 13 por ciento de las de 1988 (Dirección General de Investigación y Estadísticas del Trabajo, con información de la junta Federal de Conciliación y Arbitraje, STPS). Hay, sin duda, una marcada tendencia a la reducción en las luchas obreras, que no se explica por un mejor trato o salarios más altos, sino por un mayor endurecimiento en los controles sindicales y legales.

Pues bien, en este contexto nacional llama la atención una importante lucha obrera que viene ocurriendo en nuestros días en San Luis Potosí: la de los trabajadores de la empresa Proyectos y Calderería, S.A. de C.V. (PROYCAL), quienes durante muchos años vivieron “representados” por un sindicato fantasma, al cual ¡no conocían!, y que los mantenía sometidos a los intereses de la empresa. Buscando tener una representación genuina, desde junio de 2012 emprendieron una lucha por el reconocimiento de su derecho a la libre asociación sindical, optando por afiliarse al Sindicato Nacional Industrial de Trabajadores de Fundiciones de Metales. Y procedieron a solicitar la titularidad del contrato colectivo y un recuento para determinar qué sindicato los representaría, recuento que debía realizarse, de acuerdo con la ley, sin injerencia de los patrones. Sin embargo, de acuerdo con manifiestos públicos de los obreros mismos, para evitar que éstos conquistaran su independencia sindical, los patrones, coludidos con el gobierno, han recurrido a innumerables artimañas; por ejemplo: 17 veces fue diferida la audiencia de conciliación; además, han sido despedidos trece trabajadores, y la empresa amenaza con correr a más. El 14 de noviembre, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje autorizó el recuento para el 27 de ese mismo mes, cancelándolo luego, arguyendo que la empresa había dado por concluido el Contrato Colectivo de Trabajo. Pero cuando aún pensaban realizarlo, recurrieron a otra argucia: llevaron trabajadores de fuera del estado para participar en la “votación” a favor del sindicato patrocinado por la empresa. En fin, ninguno de estos ardides ha funcionado, pues se han enfrentado con la tenacidad de los trabajadores, que, al no ser atendida su demanda, llevan ya más de un mes en plantón en la ciudad de San Luis Potosí, reclamando, simplemente, la aplicación de la ley.

Como conclusión, es evidente que la auténtica lucha sindical en defensa de los salarios no opera en México como mecanismo distributivo, lo cual ha contribuido a la desmesurada concentración del ingreso. Y si admitimos que se requiere de una mejor distribución, consecuentemente debemos aceptar también la necesidad de que haya mayor reclamo por parte de los obreros a través de sus sindicatos, como contrapeso a la fuerza de los empresarios cuyo poder les permite someter al aparato del Estado. Los trabajadores deben jugar un papel más activo y enérgico, y no permanecer pasivamente a la espera de que el gobierno buenamente resuelva el problema desde arriba. Finalmente, esta experiencia sindical también pone a prueba la autenticidad del compromiso del gobierno federal con la justicia social y el Estado de derecho, abiertamente atropellados hoy por las autoridades de San Luis Potosí.