En La Boquilla, un juez con sombra de consigna

**Son más de seis las ocasiones en que se ha diferido la audiencia de revisión, y siempre se suspende por cualquier motivo o pretexto. Cualquier cosa. con tal de darle largas por semanas y meses sin ninguna consecuencia para el burócrata judicial.

La Crónica de Chihuahua
Octubre de 2021, 16:16 pm

GPS Dominical/
Editorial de El Diario de Chihuahua

Sin ningún miramiento, casi por consigna, un juez de distrito ha aplazado una y otra vez las audiencias que pudieran liberar a Rosendo Lerma, Juan Lechuga y Juan Rivera, los tres agricultores de La Boquilla detenidos con cargos de terrorismo y delincuencia organizada.

Son delitos por los que bien pueden ser condenados a 50 años de prisión, si no es que más, de manera injustificada, ya no moral y éticamente que es claro, sino legal. Son auténticos presos políticos.

Los elementos se le han puesto al juez de la causa enfrente, sobre su escritorio, por parte de la defensa de los agricultores y no los ha querido ni siquiera mirar. Es más, ignora los diversos amparos tramitados para que vuelva a revisar la medida cautelar de prisión preventiva, y ni eso ha querido hacer, a pesar de que está obligado a atenderlos bajo sanción severa. No hay poder humano que lo mueva.

Son más de seis las ocasiones en que se ha diferido la audiencia de revisión, y siempre se suspende por cualquier motivo o pretexto. Una citación, un oficio, cualquier cosa mínima, supuesto exceso de trabajo, las medidas antiCovid, cualquier cosa que puede ser subsanada, es motivo de darle largas por semanas y meses sin ninguna consecuencia para el burócrata judicial.

Los próximos días se programa audiencia de los campesinos y después viene la del líder Andrés Valles, casi juntitas.

Las familias han querido ser prudentes en las acciones de protesta. Han organizado plantones frente a las instalaciones judiciales aquí en la capital, sobre la avenida Washington. Incluso las declaraciones han sido lo más respetuosas posibles.

Se trata de no echarle más leña a la hoguera, pero tal parece que dicha disposición ha sido tomada como debilidad por el togado que, protegido en las amplias oficinas y verdes jardines, despacha con súper sueldo y todas las prestaciones de alto funcionario judicial. Cero sensibilidad, estricto derecho y lo que le sigue para los revoltosos.

Hasta el nombre de Jessy fue obviado el sábado hace 15 días en que se entregó La Boquilla, como una decisión –queremos entender- de prudencia de los agricultores y del mismo gobierno del estado, para evitar nuevos enfrentamientos, aunque sean verbales con la federación.

Ese detalle ocasionó una fuerte reacción al interior del movimiento del agua. Un par de días después, la madre de Jessy tuvo que ser atendida por la misma gobernadora para darle tranquilidad, que están con ella, con su yerno sobreviviente y con sus nietos para conseguir justicia.

No podía comprender cómo es que se les olvidó honrar el nombre de Jessy durante la liberación de la presa. No sólo ella, muchos lo sintieron como una afrenta. Ni Salvador Alcántar, ni “Las Adelitas”, nadie hizo una sola mención.

Menos pueden entender cómo es que se entrega la presa. Hay un convenio, y de la federación no hay nada, más que puras promesas, que hasta el momento son incumplidas. Ni un centímetro se mueven de su posición inflexible, a dos semanas de la firma.

El presidente, en la mañanera, desconoció los acuerdos y retomó el discurso polarizante. Dio, eso sí, un voto de confianza al secretario de Gobernación, y es donde quedó la esperanza de la liberación.

Por eso, las audiencias próximas son prueba de fuego. Veremos si en realidad hay voluntad política de dar por concluido este pasaje doloroso y crítico para los chihuahuenses.

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Es difícil para los habitantes de la región centro-sur, que vivieron el pasaje en carne viva, pensar otra cosa que, en una consigna para mantener en prisión a los agricultores, a como dé lugar, como escarmiento y medida política de presión. Quienes han revisado el expediente no ven elementos para que continúen detenidos.

Durante el enfrentamiento, hace un año, se lanzaron cientos de granadas de gas lacrimógeno en contra de los manifestantes, para hacerlos recular de su intención de tomar La Boquilla.

Cubiertos con pañuelos y con rostro y ojos irritados, los agricultores, hombres y mujeres, resistieron al embate y conservaron la icónica presa localizada en San Francisco de Conchos, pero tres de sus integrantes fueron detenidos cargando latas vacías del compuesto químico. Latas inservibles, que son simple basura.

El vehículo en que viajaban los agricultores fue revisado por los elementos de la Guardia Nacional que realizaban vigilancia perimetral y les encontraron las latas vacías del lacrimógeno, ni siquiera llenas como trofeo de guerra, ni llevaban armas, nada.

Los detuvieron y llevaban escoltados por un convoy a toda velocidad la fatídica noche del ocho de septiembre. A la entrada a Delicias ocurrió el cruento desenlace.

Las versiones indican que Jessy y su esposo Jaime vieron a las unidades oficiales reguardando a un vehículo que portaba una lona en defensa del agua e intentaron acercarse, craso error, como respuesta, ella recibió un disparo mortal, y él estuvo al borde de la muerte.

Los militares, en lugar de atender y brindar auxilio, se replegaron a las instalaciones oficiales, dejando a su suerte a los heridos.

Jessy murió instantáneamente como consecuencia de los disparos con arma de fuego de alto calibre y Jaime, su esposo, estuvo a punto de morir por las heridas recibidas.

Los agricultores fueron celosamente resguardados y entregados a la Fiscalía General de la República bajo cargos exorbitantes, terrorismo, delincuencia organizada y todo lo que se les ocurrió.

Los homicidas de Jessy fueron arrestados tiempo después y trasladados a otras instalaciones para su seguridad, incluso, el proceso judicial se realiza en otra entidad federativa hasta donde se sabe, para evitar que exista un linchamiento judicial en contra de ellos, en protección a su derecho humano a una defensa jurídica adecuada y objetiva.

Hubo, debemos suponer, pruebas de radiosonato de sodio para saber quién disparo, evitando inculpar inocentes, por eso fueron sujetos a proceso bajo diferentes delitos. La máxima es cuidar la presunción de inocencia, no cometer una barbaridad con ellos como se haría con cualquier otro ciudadano.

Los agricultores no han tenido para nada esa suerte. Han sido tratados como los peores delincuentes, y sometidos a un trato violatorio a sus derechos humanos, debido proceso, etcétera. Ni siquiera les conceden audiencia, mínima garantía de ser escuchados. Los amparos obtenidos valen mucho menos que unas latas vacías, prueba madre del delito de terrorismo que se les imputa.

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El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, recibió a los líderes agricultores en su oficina en Bucareli, para comprometerse a buscar una solución negociada, con intervención de la gobernadora Maru Campos.

La firma del acuerdo le dio la vuelta al mundo pero en la letra chiquita se cuidó el gobierno federal de no hacer compromisos verificables.

Va a gestionar, intervenir, mediar, pero no hay una sola palabra que comprometa realmente a la liberación de los agricultores. Eso quedo en corto, igual que la liberación de la presa La Boquilla.

La diferencia es que menos de 24 horas después de firmado el acuerdo, La Boquilla regresó al control de la Comisión Nacional del Agua, sin necesidad de un tolete.

Pero los agricultores Rosendo Lerma Lechuga, Juan Lechuga Montes, Juan Rivera Márquez y el líder, Andrés Valles, continúan encerrados en la antigua penitenciaria del Estado construida por Porfirio Díaz y que en condiciones paupérrimas continúa dando servicio.

Están a disposición de un juez que se niega a hacer caso a múltiples amparos, y que tiene fecha próxima para audiencia. Será demostración de que existe de manera auténtica voluntad para superar realmente el conflicto, que aún sigue vivo, en medio de un juez con sombra de consigna y cuatro chihuahuenses injustamente.