En Granjas Cerro Grande, la seguridad jurídica patrimonial debe estar al alcance de los que menos tienen

Por Antonio Escamilla Meza

La Crónica de Chihuahua
Mayo de 2012, 08:46 am

Cualquier ciudadano tiene derecho a contar con una vivienda digna, es decir, con una vivienda bien construida, ventilada, espaciosa, que tenga los servicios básicos de agua potable, drenaje, electricidad, que tenga pavimento en la calle, jardines, seguridad pública, áreas de esparcimiento, escuelas y servicios de salud cercanos, acceso rápido al transporte, etc.; el ciudadano debe contar, además, con certidumbre jurídica respecto a su vivienda, pues es un elemento fundamental para considerar que cuenta con una vivienda digna; todas las personas en el mundo deben gozar de esa certeza jurídica que les garantice una protección legal contra el despojo.

Esto quiere decir que, para la tranquilidad del ciudadano y de sus herederos, debe tener regularizado su bien inmueble ante las autoridades respectivas, para que éstas, una vez que comprueben que la adquisición o posesión del bien se efectuó de acuerdo con la ley, le extiendan un documento oficial, llámese, por ejemplo, título de propiedad o escritura pública, si se trata de una propiedad privada.

En cualquier parte del mundo, al menos en teoría, el Estado debe garantizar que los derechos ciudadanos se respeten y se ejerzan; por lo tanto, también en materia de seguridad jurídica de la tenencia en beneficio de los ciudadanos, el Estado debería tomar todas las medidas pertinentes para que los ciudadanos regularicen su patrimonio; pero no solamente facilitando y agilizando la tramitología para tal fin, sino, incluso, abaratando o de plano eliminando las cargas impositivas que resultan muchas veces bastante onerosas para las familias pobres, que con mucho trabajo y sacrificios de años, lograron hacerse de un pequeño pedazo de patria.

En Chihuahua, desde hace años, miles de familias pobres no pueden regularizar sus viviendas, en parte, porque la colonia en que viven es de origen ejidal, y/o es producto de una “invasión”, y no ha terminado de entrar en el proceso de regularización; en parte, porque quienes les ofrecen la regularización no representan confiabilidad para el posesionario, debido a fraudes o a corruptelas pasadas; pero, sobre todo, porque no hay un programa integral de desarrollo oficial, que contemple el mejoramiento de las condiciones de vida de esas familias, y la seguridad jurídica sobre sus bienes inmuebles; además, cualquier autoridad, ejidal, municipal o estatal, que algo hace al respecto, pone un precio elevado, por metro cuadrado, para que el terreno pueda titularse, precio que oscila entre los 25 (por ejemplo, en los lotes urbanos del Ejido Ranchería Juárez) y 45 pesos el metro cuadrado (según la propuesta original de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología estatal, para la colonia Granjas Cerro Grande). El posesionario, pues, para pagar la titulación, prácticamente tendría que dejar de comer por un tiempo.

Esto viene a colación porque se aproxima el punto en que los posesionarios de lotes en la colonia Granjas Cerro Grande, luego de años de arduas luchas, de gestiones, de movilizaciones, podrán titular sus terrenos: El 27 de marzo de los corrientes, la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, decretó la desincorporación del régimen de dominio público, de una superficie de poco más de 180 hectáreas, dentro de la cual se ubica la Colonia Granjas Cerro Grande, de esta ciudad de Chihuahua, y autoriza al Ejecutivo Estatal para que a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, enajene a título oneroso a favor de sus poseedores el inmueble anteriormente referido.

De primera mano estoy enterado de que la mayoría de los posesionarios en Granjas Cerro Grande, están dispuestos a contribuir con su aportación económica para lograr su título de propiedad que les dé la tan ansiada certeza jurídica sobre su patrimonio; sin embargo, puedo afirmar también que la mayoría, si no es que todos, pertenecen al pueblo trabajador, a la clase más desposeída, a los pobres de Chihuahua; que por lo mismo, desde el sexenio pasado, la parte organizada de la colonia viene dando una tenaz lucha no sólo para lograr que los trámites burocráticos para la titulación se agilicen; además, han venido exigiendo que se respete la posesión legítima de cada lote para el mismo fin y que el precio por metro cuadrado para la mencionada titulación sea de 10 pesos a pagar con facilidades. Sólo así podría hablarse de un proceso de enajenación a título oneroso pero justiciero. Depende de la sensibilidad humana y política de las autoridades correspondientes, pero fundamentalmente de que los interesados se mantengan unidos, organizados y con la guardia en alto.