Embate contra el IFE

Javier Corral Jurado/ Columna Rotafolio

La Crónica de Chihuahua
Febrero de 2011, 18:35 pm

En una embustera operación mediática, las dos televisoras privadas del país se han vuelto a unir para lanzar una andanada de desinformación sobre supuestos malos manejos de los recursos públicos en el Instituto Federal Electoral. Se trata de un embate político-mediático que busca debilitar a la autoridad electoral frente a decisiones que le son incómodas tanto a Enrique Peña Nieto como a las televisoras, donde esa campaña desplegó su mayor artillería.

La semana que hoy termina fue pródiga en notas que dieron cuenta de un supuesto subejercicio en el presupuesto del IFE. Tiene su base ni más ni menos que en señalamientos hechos por el contralor del propio IFE y en un informe de la Auditoría Superior de la Federación, espueleados desde la bancada priísta en la Cámara de Diputados con el propósito de colocarle tanto al IFE como a la Cámara de Diputados una presión adicional a las que ya se vienen generando para conseguir tres objetivos: 1.- Que el PRI proponga a dos candidatos de la lista de los 17 que fueron seleccionados por la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados para ocupar las vacantes de consejeros electorales que están pendientes desde octubre pasado (esto supone que el resto de los partidos propongan sólo uno); 2.- La remoción de algunos cargos importantes dentro del funcionariado del Instituto (particularmente el del secretario ejecutivo), y 3.- Colocar a uno de los suyos en la Dirección del Registro Nacional de Electores que hasta hace unos meses estuvo a cargo de Alberto Alonso y Coria, quien por más de quince años tuvo un manejo riguroso y confiable del padrón, pero fue depuesto por una presión del PRI por los mismos motivos, a los que cedió el doctor Leonardo Valdez Zurita, presidente del Consejo General del Instituto.

El PRI se ha propuesto descabezar al secretario ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo, a cuya área compete el desahogo del procedimiento especial sancionador, mismo que por fin le fue aplicado al gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto en la ilegal campaña de promoción personal con motivo de su Quinto Informe de Gobierno, para la que adquirió spots de televisión en cobertura nacional. Mismo procedimiento sancionador que le ha sido varias veces aplicado a las dos cadenas de televisión, declarándoles sanciones multimillonarias por violación sistemática y reiterada de la reforma electoral del 2007.

De ahí que PRI y televisoras estén juntos en este embate contra el IFE. Y todo lo contrario en el caso del penoso y patético Trife, al que la cobertura de la televisión tiene como un modelo de justicia electoral para el mundo. No podía ser de otra manera, pues ha sido este órgano jurisdiccional el que a base de sentencias les ha ido flexibilizando los criterios de prohibición que la legislación electoral produjo en materia de contratación de propaganda en radio y televisión, tanto para partidos, candidatos y particulares, y no se diga los descuentazos que les ha hecho a las multas señaladas por el IFE.

La campaña mediática ondea la bandera de la transparencia y el riguroso cuidado de los recursos del erario, y acusa al IFE de maladministrar los dineros a su disposición; en realidad se trata de una patraña que involucra, por un lado, a una institución muy relevante como lo es la ASF, y por otro al mismísimo contralor del organismo electoral, Gregorio Guerrero Pozas, quien ha sido la punta de lanza en acusaciones sin sustento pues, sin concluir ninguna de las auditorías de las que se desprenden varios de sus juicios y observaciones, tomó el sinuoso camino de las filtraciones periodísticas, como si en verdad estuviera revelando irregularidades, y una vez que empezó a desmentirse la información, no tuvo otra que salir a litigar las filtraciones en los medios. Esto es un auditor que, como lo escribió Ricardo Becerra, presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, resolvió auditar al IFE a punta de periodicazos.