El gobierno panista de Querétaro ejerce represión política contra quien exige obras

**A pesar de que Antorcha ha acudido a unas 16 mesas de trabajo, tres de ellas presididas por el propio gobernador, no ha habido ningún avance en la aplicación de los 90.5 millones de pesos gestionados por los seis diputados federales antorchistas.

La Crónica de Chihuahua
Julio de 2017, 18:00 pm

Lic. Enrique Peña Nieto,
Presidente de la República

A la opinión pública:

Hace 18 meses, pocos días después de que el señor Francisco Domínguez Servién asumiera su responsabilidad como Gobernador de Querétaro, el Comité Estatal de Antorcha Campesina le presentó un listado de obras y servicios urgentes que solicitaban campesinos, colonos y estudiantes queretanos organizados en nuestras filas. Dicho pliego petitorio lo dividimos en dos apartados debido a que para algunos de ellos ya había dinero etiquetado del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) correspondientes a los años fiscales 2015, 2016 y 2017 y otros que solicitamos sean realizados por el gobierno estatal.

1. Los recursos federales que el gobierno panista de Querétaro no ha aplicado en obras y servicios aprobados en la Cámara de Diputados federal ascienden a 90.5 millones de pesos, los cuales están en las arcas de la Secretaría de Planeación y Finanzas de Querétaro para ser aplicados en la construcción de un auditorio, dos aulas y dos laboratorios para una escuela secundarias, la pavimentación del camino Pathé-Boyecito del municipio de Cadereyta de Montes y la conclusión del edificio de la delegación municipal de Boyé, también de este mismo municipio, entre otras.

2. Con inversión de recursos estatales, solicitamos servicios básicos para gente humilde del estado, como la construcción de un Hospital General en el municipio de Pinal de Amoles; agua potable para comunidades de los municipios de Peñamiller y Jalpan de Serra; alcantarillados y letrinas en comunidades de los municipios de Colón, Tolimán y Querétaro; construcción de un Colegio de Bachilleres en La Negreta, Corregidora; construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales y pavimentación de caminos en los municipios de Pinal de Amoles y Landa de Matamoros, entre otras.

A pesar de que el Comité Estatal ha acudido a aproximadamente 16 mesas de negociación con funcionarios de primer nivel, tres de ellas presididas por el propio Gobernador, no ha habido ningún avance en cuanto a la aplicación de los 90.5 millones de pesos gestionados por los seis diputados federales antorchistas, quienes así cumplen con su tarea de hacer que el gasto público cubra las necesidades de sectores vulnerables del país. Esos 90.5 millones de pesos corresponden a los años fiscales de 2015, año en que logramos etiquetar 30 millones de pesos para obras; en 2016, 30.5 millones y 2017, 30 millones.

Querétaro es el único de los 32 estados de la República donde con maniobras dilatorias el gobierno estatal impide la ejecución de obras proyectadas con recursos federales, 30 millones de los cuales fueron aprobados en la Cámara de Diputados ¡desde el 4 de diciembre de 2014! para ser aplicados en el año 2015, pero ya estamos a mediados de 2017 y el gobierno estatal no da muestras de que los vaya a ejercer. ¿Acaso el gobernador Francisco Domínguez Servién pretende birlarle ese dinero al pueblo de Querétaro? Los mexicanos estamos hartos de los casos de ex gobernadores que saquean las arcas estatales, ¿acaso estamos ante otro caso igual?

Hace 100 años, la Constitución mexicana, promulgada precisamente en el estado de Querétaro, estipuló que el gasto social que ejercen los tres niveles de gobierno (dinero que procede de nuestro pago de impuestos y venta de petróleo), aseguraría que las clases trabajadoras contaran con vivienda digna, educación, hospitales y servicios públicos tales como agua entubada, drenaje, electricidad, pavimento, parques y deportivos públicos, así como recreación y cultura porque pretendía que mejorara sensiblemente la calidad de vida de un pueblo empobrecido. Pero, a 100 años de distancia vemos que en la cuna misma de la Constitución, un gobierno panista, de derecha como se le conoce, pretende arrebatarle al pueblo un dinero que consiguió con grandes esfuerzos a fin de cubrir algunas necesidades de obra pública en sus comunidades, lo cual, señor Presidente, con todo respeto, no estamos dispuestos a permitir pues es dinero que no saldrá de las arcas estatales, sino que fue etiquetado por la Federación.

Asimismo, apelamos a nuestra Carta Magna en el sentido de que los gobiernos estatales y municipales también tienen la obligación de trabajar para brindar mejores condiciones de vida a sus gobernados. Señor Presidente de la República, solicitamos su intervención para que tanto el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, como los presidentes municipales de Corregidora, Querétaro, Cadereyta de Montes, Amealco de Bonfil y Colón, todos de extracción panista -y quienes siguen la línea del mandatario estatal-, den solución a las peticiones de obras y servicios solicitadas, mismas que beneficiarán a miles de queretanos humildes. Asimismo, pedimos que se ponga fin a las actitudes intimidatorias de esos alcaldes, quienes en no pocas ocasiones han utilizado a granaderos y perros de ataque para evitar que los antorchistas se acerquen a las sedes municipales.

Es muy sabido por los mexicanos que la riqueza producida por todos se concentra en unas cuantas manos y que el número de pobres se incrementa aceleradamente cada vez más y Querétaro no es la excepción. Según información proporcionada por los propios municipios del Estado a través de sus portales, el 78.4 por ciento de la población de los cinco municipios más pobres viven en condición de pobreza y el 25 por ciento en pobreza extrema a pesar de que los trabajadores producen el 9.7 por ciento del Producto Interno Bruto.

Esa situación de pobreza obliga al antorchismo a luchar por más empleos, mejores salarios y que los trabajadores no paguen más impuestos; pero, como estamos claros que esas demandas no se pueden solucionar de la noche a la mañana, lo único que pedimos por el momento es que el gobierno estatal panista aplique los 90.5 millones de pesos en las obras aprobadas por la Cámara de Diputados y atienda las demandas de obras y servicios de las comunidades solicitantes.

Por la actitud negativa y agresiva del gobierno estatal encabezado por el panista Francisco Domínguez Servién -quien por cierto viaja mucho al extranjero con recursos públicos-, el día de ayer miércoles los antorchistas protestamos públicamente e instalamos un plantón frente al Palacio de Gobierno para buscar soluciones, el cual levantamos el mismo día de ayer en atención a la intervención del Presidente de la República y a la mesa de trabajo programada por el Secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda Nava, la cual se llevará a cabo el próximo martes 18 de julio a las 12:00 hrs. Sin embargo, queremos dejar en claro que de no tener solución ese día, al día siguiente, miércoles 19 de julio, reanudaremos nuestra protesta pública.

MUY RESPETUOSAMENTE
DIRECCIÓN NACIONAL DEL MOVIMIENTO ANTORCHISTA