El foro de la OCDE: voces de alarma

Abel Pérez Zamorano


El foro de la OCDE: voces de alarma

La Crónica de Chihuahua
Enero de 2013, 09:30 am

*El autor es Doctor en Desarrollo Económico por la London School of Economics, Maestro en Ciencias en Políticas del Desarrollo por la London School of Economics. Maestro en Ciencias en Economía de Negocios por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Profesor de la Universidad Autónoma Chapingo e integrante del Sistema Nacional de Investigadores.

La semana pasada tuve la oportunidad de asistir al Foro México 2013, OCDE: Políticas Públicas para un Desarrollo Incluyente, donde se hicieron importantes reflexiones, y aunque, ciertamente, algunas propuestas pudieran entrañar serios riesgos, las hubo también muy atendibles. De entrada, existió plena coincidencia en que el crecimiento económico es condición de sustentabilidad en toda mejora en el bienestar social, para lo cual se propusieron varias medidas; sin embargo, y contra la tesis del neoliberalismo radical, hubo consenso en que el crecimiento per se no basta; a manera de ejemplo, Alicia Bárcena, Directora de la CEPAL, destacó que mientras el valor de las exportaciones es ya de mil millones de dólares diarios, el salario real sigue igual que hace treinta años; según el Banco Mundial, hay seis millones más de pobres que en 2006. José Ángel Gurría, de la OCDE, subrayó que entre todos los países de esa organización son los trabajadores mexicanos quienes más horas al día laboran, y, paradójicamente, quienes menos ingresos perciben.

El tema central fue la necesidad de un desarrollo incluyente, y al respecto, en publicación ahí entregada se revelaba un cuadro realmente alarmante: “De hecho, México es el segundo país más desigual de la OCDE después de Chile... el ingreso anual promedio del 10% más rico de los mexicanos en 2010 era 27 veces superior que el del 10% más pobre… Esta disparidad se compara con una proporción de 9 a 1 para el promedio de la OCDE” (Getting it Right, págs. 45-46). Alicia Bárcena agregó que, en materia educativa, mientras 27 jóvenes del quintil más rico de la población culminan la preparatoria, sólo uno del quintil más pobre lo consigue. Y en este marco, llamó a “un rompimiento con el paradigma económico actual”, sustituyéndolo por uno que sitúe la igualdad en el centro y la convierta en principio normativo y objetivo económico final, pues, dijo: “La desigualdad conspira contra el desarrollo y la seguridad”, por lo que es necesario “igualar para crecer y crecer para igualar”, lo cual consideró un problema político, más que económico, y que, consecuentemente, exige una decidida intervención del Estado; propuso cerrar la brecha de ingreso laboral aumentando el salario real y creando nuevos empleos (un millón anuales), algo difícil, por la baja tasa de reinversión: sólo el 23 por ciento del PIB (Bárcena dixit); y es que en México los empresarios reinvierten muy poco de sus ganancias, y privan al país de esos recursos (y aunque ahí no se dijo, es sabido que en un solo año han sido sacados más de 400 mil millones de dólares hacia paraísos fiscales). Propuso asimismo aplicar esquemas fiscales progresivos, donde paguen más los que más tienen, y llamó a fomentar la participación de la sociedad civil en materia económica.

Y para dimensionar nuestro gasto social, más allá de la publicidad oficial, Gurría señaló que mientras en Francia el Estado administra el 50 por ciento del PIB, en México, es sólo el 19 por ciento. Y más en general, según registró la prensa: “Al no recaudar lo que se requiere…, el gasto social – exceptuando la educación – es de 7.5 por ciento del PIB, cuando el promedio de la OCDE es de más de 20 por ciento”; es decir, los países de la OCDE aplican un porcentaje casi tres veces superior en este rubro. Pero Gurría advirtió que el Estado no dispone de suficientes medios, pues en impuestos y otras obligaciones: “las instituciones públicas han sido más débiles que los monopolios”; y aunque eso ya lo sabíamos, es revelador escucharlo en voz del propio Secretario General de la OCDE. Y añadió que cuando el Estado intenta impulsar cambios, aparecen siempre intereses creados y poderes fácticos, que habiendo perdido la batalla legislativa o regulatoria, hacen “guerra de retaguardia”, y utilizan “todos los recursos posibles para evitar, para diferir o para diluir las reformas que fueron aprobadas, con objeto de preservar sus intereses y sus privilegios”.

Más claro, ni el agua. Y sobre el poder de los monopolios, añadió que las familias más pobres gastan más de un tercio de sus ingresos en mercados monopolizados, o sea, en condiciones de abuso de precios. Exhibió así las verdaderas relaciones de poder entre el Estado y los señores del capital, verdaderos dueños de México. Pero faltó un elemento en el análisis de Gurría, y es que, aun concediendo que los recursos captados son limitados, muchos funcionarios, en una visión patrimonialista del poder, los consideran suyos, y se niegan a aplicarlos al gasto social.

Valiosas son, sin duda, muchas de las reflexiones, y útiles los consejos; sin embargo, dos interrogantes obvias surgen en su instrumentación. Primera: se propone una reforma fiscal, pero no queda claro, ya en concreto, de qué se trata exactamente; ¿significará acaso más impuestos a los pobres, o en verdad, hacer pagar más a los ricos? La segunda es: ¿quién impulsará la igualdad? Obviamente, quienes hoy acumulan la riqueza no renunciarán jamás motu proprio a su privilegio, por mucho que lo aconsejen la CEPAL, la OCDE, y así lo pidiera el mismísimo santo Papa.

Tampoco el mercado redistribuye en automático. La alternativa es, entonces, que el Estado asuma una posición más activa y enérgica; más, en caso de intentarlo, ¿de dónde sacaría fuerzas para hacer valer su autoridad? En mi modesta opinión, ese respaldo sólo puede provenir de una decidida participación de la sociedad civil, de modo que, si los “poderes fácticos” ejercen presión sobre el gobierno, por su parte, las clases medias y marginadas hagan sentir también su reclamo, a manera de contrapeso. Sólo así, en el hipotético caso de que el Estado intentase aunque sea atenuar la desigualdad, podría asegurar el necesario respaldo social, para evitar ser rehén de los grandes capitales. En fin, es muy revelador que los líderes de organizaciones internacionales muestren preocupación y den la voz de alerta ante los escandalosos niveles de pobreza y desigualdad en México. La gravedad de los hechos no es para menos.