El derecho a una vivienda digna y la lucha de los antorchistas

Por Antonio Escamilla Meza

La Crónica de Chihuahua
Febrero de 2012, 08:45 am

Chihuahua.- El derecho a una vivienda digna está consagrado en el artículo cuarto de la Ley suprema que rige a todos los mexicanos, dentro del capítulo primero que trata de los derechos humanos y sus garantías. Expertos internacionales, en una conferencia en la ONU sobre asentamientos humanos, sostuvieron que una vivienda digna “…significa algo más que tener un techo bajo el cual guarecerse. Significa también disponer de un lugar privado, espacio suficiente, accesibilidad física, seguridad adecuada, seguridad de tenencia, estabilidad y durabilidad estructurales, iluminación, ventilación suficiente, una infraestructura básica adecuada que incluya servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y eliminación de desechos, factores apropiados de calidad del medio ambiente y relacionados con la salud, y un desplazamiento adecuado y con acceso al trabajo y a los servicios básicos, todo ello a un costo razonable”.

Para apuntalar el mencionado artículo cuarto, en los diferentes niveles de gobierno se promueven toda una serie de leyes y decretos particulares y se elaboran planes cuyo contenido está plagado de diagnósticos, objetivos y medidas. En la página electrónica del Instituto de la Vivienda en Chihuahua, por ejemplo, en un documento titulado “Programa Institucional de Vivienda 2011-2016” basado en el Plan Estatal de Desarrollo actual, se establece que:

“Las acciones de esta Administración estarán enfocadas a mejorar la calidad de vida de las familias chihuahuenses, principalmente las de mayor marginación, facilitándoles el acceso a una vivienda digna”.

“El Plan Estatal de Desarrollo para el período 2010-2016, contiene los compromisos y lineamientos del gobierno estatal, expresados en objetivos generales y estrategias específicas. En tal sentido, la política de vivienda del estado ha quedado delineada en los respectivos apartados del plan, a partir del cual se han determinado los siguientes objetivos generales:

I. Satisfacer las necesidades de vivienda de las familias chihuahuenses con espacios dignos y con orden urbano en las poblaciones.

II. Implementar programas sociales que permitan a la población acceder a las acciones de vivienda, poniendo especial atención en aquellos clasificados como alto y muy alto rezago social así como a los grupos vulnerables”.

De acuerdo con lo anterior, contar con una vivienda digna no debe ser responsabilidad absoluta del individuo, sino una responsabilidad compartida con el Estado; más cuando el individuo carece de ingresos suficientes para tal fin, como ocurre con la mayoría de los ciudadanos en condiciones de pobreza que, según cifras oficiales, son más de 52 millones en el país. Y más cuando la mayoría de esos ciudadanos son los que, con su trabajo, generan la riqueza nacional y llenan el erario gubernamental al pagar impuestos y más impuestos. Sin embargo, la realidad para miles de familias pobres es diametralmente opuesta, el Estado abandona a su suerte al ciudadano para procurarse una vivienda digna, aunque el ciudadano se encuentre en pobreza o, peor aun, en pobreza extrema. Veamos:

En Chihuahua, como parte de la lucha permanente para que el derecho a una vivienda digna se respete, los antorchistas entregamos un pliego de peticiones al licenciado César Horacio Duarte Jáquez, Gobernador del estado, a través de su Secretaría Particular, desde noviembre del 2010, en el que destaca la solicitud de 9, 200 paquetes de materiales para mejorar o ampliar la vivienda de igual número de familias humildes que se hallan dentro de los 1 millón 338 mil 400 de chihuahuenses en condiciones de pobreza y dentro de los 225 mil 900 que se hayan en pobreza extrema, habitantes de municipios como Bocoyna, Carichí, Guerrero y de colonias marginadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, Hidalgo del Parral, Jiménez, Delicias y Cuauhtémoc. Casi inmediatamente, la solicitud fue turnada para su atención al Instituto de la Vivienda (IVI), pero fue hasta el 21 de febrero del 2011 cuando el director de dicho Instituto, el licenciado Ricardo Yáñez, recibió a una comisión luego de la manifestación de 1,500 antorchistas realizada días antes en sus oficinas. “Su petición es justa -sostuvo el funcionario-, pero en el IVI no tenemos recursos para solucionarla, me comprometo a hablar con el Gobernador, con los diputados estatales y federales, con la federación, con el Secretario de Hacienda estatal, para que se asignen recursos y podamos hacer una propuesta de solución; vengan dentro de un mes y encontrarán una respuesta”. Volvimos al mes y al siguiente y durante 7 veces durante un año y la respuesta prácticamente ha sido la misma. En su momento, hemos solicitado la intervención de la Secretaría General desde que la licenciada Graciela Ortiz la presidía, y ahora que la preside el licenciado Raymundo Romero y hemos insistido, una y otra vez, en sostener una audiencia con el propio Gobernador (que por cierto nunca se nos ha concedido) para pedir su intervención, pero todo ha resultado inútil: el problema no se ha resuelto, la necesidad de vivienda digna para las familias que representamos sigue en el abandono, y todo en lo expuesto en leyes, planes y programas se convierten prácticamente en letra muerta.

Pero en Antorcha y sus representados existe la convicción de que más vale luchar de pie, con la frente en alto y con la ley en la mano, que esperar sentados e impasibles la clemencia de los gobernantes. Y si no, al tiempo.