Conflicto por el aeropuerto de Creel podría llevarse 10 años

**Si el juez octavo de Distrito, Ignacio Cuenca Zamora, le da la razón a los rarámuris, se irán a la basura más de 400 millones de pesos ya invertidos.

La Crónica de Chihuahua
Agosto de 2014, 11:50 am

Por: Alejandro Salmón Aguilera

El aeropuerto de Creel está cerca, muy cerca de caer en picada por falta de atención de quienes deben programas las obras públicas que se construirán en terrenos ajenos. En el caso que nos ocupa se requería una atención adicional: los dueños del terreno eran comunidades indígenas, a las cuales se les debió consultar, pero primero, informar sobre los detalles de la obra y el beneficio que obtendrían de ella.

Si el juez octavo de Distrito, Ignacio Cuenca Zamora, quien conoce la causa promovida por los ejidatarios de San Ignacio Repechique, opositores a la obra, no considera que el Gobierno de Chihuahua informó y consultó debidamente a los rarámuris de ese poblado, se irán a la basura más de 400 millones ya invertidos; otros 200 que ya fueron reasignados, y no se sabe cuánto dinero gastado en publicidad para promoverlo como una de las grandes obras de comunicación del Gobierno Federal.

Mientras que el juez posterga audiencias, tarda en resolver y mantiene suspendida la ejecución de las obras, el Gobierno de la República difunde mensajes con la voz del presidente Enrique Peña Nieto en la cual éste menciona el aeropuerto de Creel como una de las grandes inversiones de su gobierno en Chihuahua. En estricto sentido, el mandatario no miente: el dinero ahí está y una buena parte ya se gastó. El problema es que no hay para cuándo continuar la obra que permita concluirla.

Agentes cercanos al conflicto, consultados por esta columna, estiman que la resolución judicial del litigio entre el Gobierno Federal y la comunidad de San Ignacio puede durar, si así lo quieren las partes, unos 10 años, fácilmente. Si el juez Cuenca Zamora emite un fallo a favor del Gobierno y niega el amparo, seguramente la parte recurrente pedirá la revisión, y viceversa. Y así sucesivamente. Si para las audiencias constitucionales se han tardado más de un año ¿cuánto se llevaría el caso si llegase hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación?

El aeropuerto, en estricto sentido, es decir, como terminal donde pueden bajar aeronaves, ya está terminada. De hecho las pistas se utilizan diariamente para distintos fines, con la dificultad de que, al no haber posibilidad de continuar la obra, tampoco existen los mecanismos de control para llevar un registro de qué y quién despega o aterriza en esa pista.

El calendario de obra ya fue publicado en el Periódico Oficial del miércoles 27 de agosto pasado, lo cual indica que el aeropuerto debe quedar concluido en diciembre próximo, a más tardar. Si no, adiós a 200 millones de pesos de inversión federal.

¿Qué sigue? Buscar la conciliación, según las fuentes consultadas. Dejar el litigio en el ámbito judicial sería tanto como perder para siempre el aeropuerto. El problema es que nadie quiere ceder y todos quieren ganar…o perder, porque no se ve quién pueda resultar triunfador con la suspensión de una obra a la que ya se le invirtieron casi 500 millones de pesos.