Desde Chihuahua exige Antorcha justicia para tijuanenses atacados

** Denuncian colusión de autoridades municipales y estatales para manipular y ocultar la verdad detrás del desalojo de alrededor de 200 familias del polígono 6 y el asesinato de José Corrales Almejo, producto de la agresión.


Desde Chihuahua exige Antorcha justicia para tijuanenses atacados

La Crónica de Chihuahua
12 de mayo, 09:30 am

El objetivo, beneficiar a un particular y destituir al dirigente estatal de Baja California de un cargo que le dio el alcalde de Tijuana, mismo que puede estar detrás de la maniobra.

Chihuahua, Chih.- El Movimiento Antorchista en Chihuahua exigió este jueves, justicia, para los tijuanenses y antorchistas agredidos el pasado 29 de abril agresión de la cual resultó una víctima mortal. En rueda de prensa, el secretario de Prensa y la dirigente del Seccional Centro, Froilán Meza Rivera y Pïlar Muñoz Márquez, así como integrantes del Comité Estatal, denunciaron la colusión de autoridades municipales y estatales para manipular y ocultar la verdad detrás del violento desalojo de este asentamiento popular, beneficiando a un particular, coludiéndose autoridades estatales y municipales, y con el evidente objetivo de atacar al antorchismo de Baja California.

Ante representantes de medios informativos en la entidad, relataron de nuevo cómo la madrugada del 29 de abril alrededor de 100 individuos armados con garrotes, bombas molotov, gasolina y fuego, llegaron en un camión y comenzaron a tocar las puertas de los jacales de las aproximadamente 200 familias que habitan el asentamiento del Polígono 6 del Ejido Ojo de Agua en Tijuana, y seguido de ello ingresó una retroexcavadora que se llevó muchas de las humildes viviendas de sus habitantes.

Contaron cómo golpearon a los colonos, cómo prendieron fuego a casas y carros y como accionaron las armas de fuego, agresión de la que resultó herido el joven José Corrales Almejo, padre de familia y de oficio albañil, que murió camino a recibir atención médica. Señalaron cómo fueron ayudados por habitantes de las colonias de alrededor lo que impidió que la agresión aumentara, dejando atrás los agresores la retroexcavadora y los chalecos y cascos que usaron durante el asalto para posiblemente identificarse entre ellos y evitar ser víctimas del ataque que cometieron.

Dejaron ahí también a 8 de ellos que salvaron la vida gracias a que las familias antorchistas del Polígono 6 impidieron el linchamiento que reclamaban todas las víctimas de la agresión. Los agredidos y el Movimiento Antorchista en Baja California en pleno, realizaron una marcha silenciosa para denunciar los hechos pero también para recalcar la dignidad con que estaban exigiendo justicia y con que se conducían, al contrario de sus atacantes.

Sin embargo, se indicó en la conferencia de prensa, la victimización de las familias del Polígono 6 no paró con el asesinato del joven José Corrales Almejo, el intento de desalojo del predio y la destrucción de su posesiones, posesiones muy humildes que difícilmente pueden ser recuperadas, sino que están siendo doblemente victimizadas por la colusión de autoridades estatales y municipales y un particular, que evidenciaron públicamente sus intenciones días antes del ataque, al justificar las acciones legales que se pudieran realizar en contra de las familias antorchistas en una rueda de prensa al asegurar que eran invasores, no obstante vivir estas familias ahí con conocimiento y permiso de los ejidatarios de Ojo de Agua, con quienes había un plan de compra del terreno.

La abogada del particular, empresario dueño de un negocio de procesamiento de basura, Érika Santana, apoyada por la Barra de Abogados de Tijuana, sin embargo no sólo no aportaron pruebas ni argumentos convincentes para decir que efectivamente estas 200 familias eran invasores del predio del que se declaraban dueños ajenos al ejido Ojo de Agua, sino que en el rastro dejado por los agresores se cuenta la retroexcavadora, máquina propiedad del señalado empresario.

La doble victimización o revictimización de los agredidos, los habitantes del Polígono 6 y la familia sobreviviente de José Corrales Almejo, su esposa y sus dos pequeños hijos, explicaron, se da en cómo fue tratado el hecho por las autoridades municipales y las estatales: la Policía Municipal de Tijuana llegó una hora después al lugar del hecho; el reporte policial no fue uno, fueron dos, en el primero se informaba la agresión, en el segundo se informaba el asesinato del joven albañil; luego, el Ministerio Público representado por la abogada Hameli Chalico Parra, no admitió las denuncias de los afectados, testimonios o querellas – o pruebas, como los chalecos, cascos y retroexcavadora que obran en poder de los colonos del Polígono 6 -; se negó a ordenar y realizar las periciales correspondientes a una investigación correspondiente a una denuncia penal; se negó a investigar el asesinato de José Corrales Almejo alegando que el reporte que tenía la Ministerio Público correspondía a una agresión no a un asesinato – así como lo reportó la Policía Municipal de Tijuana, como dos hechos aislados -; y por último, omitió presentar todos los hechos que involucran la agresión pues no habló nunca ante los jueces del Tribunal Oral del asesinato del joven albañil, razón por la cual los 8 agresores que habían podido ser retenidos mientras la Policía llegaba – y de hecho resguardados del linchamiento inminente del que irían a ser blanco – fueron liberados porque no se les imputó ningún cargo por la el homicidio de José Corrales Almejo.

Los integrantes del Comité Estatal denunciaron que detrás de la agresión está tanto el intento de apropiarse del predio del Polígono 6 por parte del particular propietario de la empresa procesadora de basura pues en él realizaba parte del proceso y lo utilizaba para su beneficio; pero lo más grave es la posible colusión de autoridades estatales y municipales, estatales como la ministerio público, y municipales como el alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, que aprovechando la coyuntura que ofrecía este empresario, lograría destituir al dirigente estatal del Movimiento Antorchista en Baja California, Ignacio Acosta Montes, de la delegación de La Presa Este, cargo ofrecido por Gastélum Buenrostro cuando era candidato a la alcaldía en el pasado proceso electoral a cambio del apoyo de Antorcha en la contienda argumentando el prestigio de Acosta Montes en la zona.

Sin embargo, al ganar la alcaldía la presencia del dirigente Acosta Montes en un cargo oficial no convino más a los intereses y desde la Presidencia Municipal se realizaron diferentes maniobras de presión para que dejara el cargo, denunciado esto por el Movimiento Antorchista Nacional, al grado que en los días recientes, poco después del ataque del 29 de abril en el Polígono 6, se consta como argumento la llamada telefónica que el Secretario del Ayuntamiento de Tijuana Raúl Felipe Luévano, para que renunciara al cargo de delegado de La Presa Este y así el agua no llegaría al río – más -.

Y así como no es justificada la violencia so pretexto de desalojar a invasores de un predio, como afirmaron la abogada Érika Santana representante del empresario de la basura y la barra de abogados, el argumento de reclamarlo los dueños originales que surgieron del predio de pronto por derecho que les confería ser fundadores de Tijuana, se cae solo, pues mientras corrían los días posteriores a la agresión, el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), ratificó la declaratoria al Ejido de Agua como legales propietarios de las tierras que tienen inscritas, incluido el predio del Polígono 6, al Ejido Ojo de Agua no a ningún otro particular, y de hecho la autoridad federal señaló públicamente que las 200 familias están en un plan de regularización aprobado por el ejido.

Para la posible declaratoria se realizará una inspección por el Insus de hecho, los días posteriores al ataque del 29 de abril, indicaron.

“Desde Chihuahua reiteramos y ratificamos nuestro apoyo decidido e incondicional a nuestros compañeros de Tijuana, y nuestro compromiso para que el brutal ataque que sufrieron se castigado; exigimos nuevamente al gobernador de Baja California, Francisco Arturo Vega de Lamadrid, que intervenga para que se haga justicia porque es obvia la colusión de autoridades judiciales y municipales en el asalto y asesinato en el Polígono 6. Antorcha le está exigiendo desde todos los rincones del país, que se haga justicia”.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---