Desatender denuncias por tortura podría ser en sí calificado como tortura: CEDH

**Basta con que el imputado manifieste haber sido agredido para que se abra un proceso de investigación

Flora Isela Chacón
Agosto de 2015, 20:00 pm

Chihuahua.- A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación endureció las medidas contra la tortura, en lo que va del año se han recibido cerca de 90 quejas por este delito, informó el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos José Luis Armendáriz.

Detalló además que tras la resolución de la Corte la propia Comisión podría incurrir en un delito si no atiende las quejas contra tortura, “la primera Sala de la Corte ha endurecido los criterios y entre ello, ha establecido de que la tortura debe perseguirse desde el ámbito penal, como delito, y en el ámbito de derechos humanos y que pueden resultar contradictorias”, explicó.

Para investigar la tortura basta con que el imputado manifieste que fue agredido ante cualquier autoridad y debe abrirse inmediatamente el proceso de investigación, ya que “si no lo hace puede incurrir en responsabilidad, y conforme la legislación estatal, se puede incurrir en un delito de tortura por omisión”, añadió.

Así, la propia Comisión puede incurrir en ello si no se investiga, y es que “la Sala ha endurecido los criterios y nosotros debemos ser también más rígidos en la investigación de la tortura y esto de alguna manera es un beneficio para el sistema de justicia penal porque te obliga a ser muy escrupuloso en el respeto al debido proceso, porque puede entonces caber la posibilidad de dejar en libertad a alguien que sí haya cometido un delito”.

Tan sólo en este año, la Comisión ha emitido alrededor de nueve recomendaciones por tortura contra la Fiscalía General del Estado, la Presidencia Municipal de Juárez y la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua, entre otras instancias, que son “quejas en las que tras una investigación, se encontraron elementos suficientes para acreditar el delito”.

Por ello, dijo que se ha convocado a las dependencias involucradas la apertura a un procedimiento de investigación de responsabilidades a los servidores públicos denunciados, así como el resarcimiento a las victimas independientemente de lo que dicte un juez al resolver el caso que se les sigue penalmente.