Desapariciones forzadas, el informe ignorado en Chihuahua

**En Chihuahua no se habla con claridad de cifras al respecto.

La Crónica de Chihuahua
Febrero de 2013, 10:30 am

Nortedigital.mx

Ninguna autoridad en Chihuahua quiere saber del informe de Human Rights Watch, “Los desaparecidos de México, el persistente costo de una crisis ignorada”.

Los tres niveles de gobierno y los dos principales partidos políticos, PRI y PAN, voltean a otro lado, y echan tierra sobre el incómodo tema, sobre todo ahora que las elecciones están a la vuelta de la esquina.

Ni los representantes del nuevo Gobierno federal, los del estado y los municipios, quieren siquiera verse involucrados en el asunto de los desparecidos. Los reflectores internacionales no son agradables… pero ahí están, intermitentes.

La cifra de desaparecidos, los datos duros y la identidad de los hombres, mujeres, jóvenes y niños que se “esfumaron” o “se los tragó la tierra” en estos años de la “guerra” contra el narcotráfico, sigue siendo un hoyo negro en Chihuahua.

El gobernador César Duarte, evadió el tema cuando fue cuestionado respecto del informe del Human Rights Watch y las propias cifras que había dado a conocer inicialmente el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que situó el número de desaparecidos en el país, en la escalofriante cifra de 25 mil, ampliada luego a 27 mil por la ex panista, Lía Limón, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob.

El fiscal general, Carlos Manuel Salas, tampoco ha querido saber nada al respecto, la información oficial que proporciona la dependencia sobre el número de desaparecidos es escasa y fragmentada. La manipulación es impresionante.

“Cada vez que le hablamos al fiscal sobre el tema de los desaparecidos, se enfurece, es como si le pusiéramos un cuete en la cola”, dijo hace semanas el dirigente barzonista Gabino Gómez, en ocasión de la caminata que realizaron los familiares de algunos de los 24 casos documentados de desaparición forzosa que se tienen registrados en Chihuahua, 15 de ellos por Human Right Watch y ocho más, por las organizaciones sociales que lograron reunir a algunas de las familias de ciudad Cuauhtémoc, donde además de Juárez, se han acumulado las víctimas.

Los casos documentados y los casos fuera del informe

El informe de Human Right Watch tiene documentados 15 casos de desaparición forzosa, el grueso de ellos perpetrados en Ciudad Juárez, ya sea por el Ejército o la Policía Municipal, cinco de esos casos sucedieron en el 2011, cuando ya gobernaban César Duarte y Héctor Murguía, alcalde.

El listado de esas desapariciones es: Niza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera e Irene Alvarado Reyes, el 29 de diciembre del 2009 en Benito Juárez, Buenaventura. Elementos del Ejército estarían involucrados.

Víctor Manuel Baca Prieto, 26 de febrero del 2009, en Juárez, se señala a la Sedena.

José Guadalupe Cárdenas Jicala, 22 de enero del 2009 en Juárez, Sedena.

Juan Carlos Chavira, 26 de marzo del 2011 en Juárez, se involucra a la Policía Municipal. Carlos y José Luis Guzmán Zúñiga, 14 de noviembre del 2008, en Juárez, Sedena.

Juan Rogelio Macías, 27 de noviembre del 2011, Juárez, Policía Municipal.

Adrián Nava Cid, 20 de junio del 2011, Juárez, Policía Municipal.

Raúl Navarro, 26 de marzo del 2011, Juárez, Policía Municipal

Nombre reservado, 7 de septiembre del 2009, Juárez, Sedena.

Feliz Vizcarra, 26 de marzo del 2011, Juárez, Policía Municipal.

Fuera del informe están los casos de la desaparición de 8 miembros de la familia Muñoz, del poblado de Anáhuac, municipio de Cuauhtémoc, que fueron detenidos por la Policía Municipal en junio del 2011. En el mismo municipio está el caso de la familia Hernández, que reportó la desaparición de José Hernández, después de ser detenido por un agente de Tránsito por conducir en estado de ebriedad, pero nunca llegó a la comandancia.

Por si esos casos no fueran suficientes, están además los 351 expedientes de cadáveres inhumados por la Fiscalía General del Estado en fosas comunes de los cementerios de Juárez, Parral, Cuauhtémoc y Chihuahua, correspondientes a hombres y mujeres que murieron ejecutados y cuyos cuerpos no fueron reclamados. De ese total 296 cadáveres eran del sexo masculino y 13 del femenino.

En el caso de los cadáveres no identificados, el procedimiento que tiene establecido el Servicio Médico Forense, indica que luego de practicar la autopsia de ley y establecer las causas del fallecimiento, los peritos especializados del laboratorio genético toman muestras de tejido para obtener el perfil de ADN, con el objeto de almacenarlos en el banco de datos genéticos, y eventualmente cuando haya alguna pesquisa de persona desaparecida, compararlo con le perfil de familiares directos.

Apenas el viernes, la Fiscalía General, admitió que de octubre del 2010 a la fecha, tienen 83 carpetas de investigación abiertas por denuncia de personas ausentes, y que hasta el momento no han aparecido ni vivos ni muertos.

Lo hizo después de que unas horas antes, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció que para esclarecer la cifra de desparecidos, pedirán un informe a cada estado.

El director de Human Rights Watch, división América, José Miguel Vivanco, aseguró que él personalmente ha venido hablando con algunos gobernadores que le han dado datos sobre el número de personas desaparecidas en casos que no se clasifican como desaparición forzosa.

Rubén Moreira, gobernador de Coahuila, le habría informado que en ese estado en menos de dos años han desaparecido más de mil 800 personas. En Monterrey, donde gobierna Rodrigo Medina, otras mil.

En Chihuahua no se habla con claridad de cifras al respecto. El discurso oficial se ha vuelto monotemático, machacando un día sí y otro también que la disminución de las cifras de la violencia expresada en homicidios, sobre todo los de alto impacto.

A menos que llegue una orden indiscutible de la Presidencia y concretamente del Jefe del Ejecutivo federal, la cifra de los chihuahuenses desaparecidos seguirá siendo un misterio, como hasta ahora.