Depredadores financieros

Reportaje especial/ La Crónica de Chihuahua

La Crónica de Chihuahua
Julio de 2015, 13:17 pm

/facebook @twitter
Martín Morales

Un conflicto de intereses entre un particular y una corporación financiera en México –especialmente si se trata de un banco– equivale al combate cuerpo a cuerpo entre una hormiga y un elefante, debido a que a ese tipo de instituciones privadas las cobijan los principios de la libre empresa que los gobiernos neoliberales del país han fomentado desde 1982.

La sobreprotección legal a estas entidades financieras se observa aun cuando son objeto de sanciones oficiales a causa de sus abusos contra los clientes: la multa máxima que puede aplicarles la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) por incluir cláusulas “abusivas” en contratos asciende a 140 mil 200 pesos, monto equivalente a dos mil salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal (70.10 pesos).

Esta sanción económica, comparada con los 15 mil millones de dólares del valor capitalizable de Banorte –el tercer banco más importante en México y el más reincidente filtrador de “cláusulas abusivas” en contratos de adhesión– evidencia el abismo de fuerzas que hay entre estos depredadores financieros y sus clientes.

Pero lejos de acortar esta enorme disparidad, la más reciente de las regulaciones legales –la reforma estructural en materia financiera, promulgada el 9 de enero de 2015– en lugar de someter a la banca, la fortaleció frente a los usuarios al facilitarle cobranzas “a lo chino”; es decir, permitiéndole cobrarse con casas, negocios, automóviles, etcétera, cuando los créditos sean clasificados “incobrables” por la propia institución.

La banca en México está constituida por 45 instituciones financieras que manejan una cartera de crédito de tres billones 451 mil millones de pesos, de acuerdo con datos la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), cifra superior a los tres billones 50 mil millones de pesos alcanzados al mes de abril de 2014.

Por el número de sus clientes y el tamaño de sus carteras de crédito, cinco de esas entidades concentran la mayor parte de las operaciones financieras. En orden decreciente, las más importantes son: BBVA Bancomer (Banco Bilbao Vizcaya de España); Banamex (Citigroup de Estados Unidos); Banorte (cuyos principales accionistas son políticos, empresarios y financieros mexicanos); Santander (de España) e Inbursa, corporativo del magnate mexicano Carlos Slim. Los dos primeros bancos, BBVA y Banamex, controlan el 83 por ciento de las operaciones bancarias del país.

Los ingresos de la banca “mexicana” –en realidad extranjera, pues la mayoría de sus ganancias terminan en matrices de España y Estados Unidos– proceden principalmente del cobro de intereses. En abril de este año, por ejemplo, sus ganancias por este concepto ascendieron a 154 mil millones de pesos, cantidad superior en dos mil millones de pesos a la de abril de 2014. En sólo un mes (abril de 2015) los ingresos de la banca por este concepto fueron de 34 mil millones de pesos: cinco mil millones de pesos más con respecto a abril de 2014, cuando fueron 28 mil millones de pesos.

Las utilidades en ese mismo mes fueron de 26 mil millones de pesos, superiores a los 22 mil millones de abril de 2014. Los activos de los bancos contabilizaron siete billones 281 mil millones de pesos en abril de 2015; esto es, 382 mil millones más que en abril de 2014.

Complicidad gubernamental

El capital financiero trasnacional –bancos y toda clase de empresas conexas de operación financiera– se asemejan a un tiburón extremadamente salvaje, como pudo evidenciarse en 1917, cuando el capital europeo desbordó sus ámbitos regionales e invadió al resto del orbe con corporativos financieros y empresas monopólicas. A casi 100 años de su incursión en el ámbito internacional, el escualo financiero no ha cambiado mucho.

Para este depredador se siguen sirviendo apetitosas viandas ante la vista gorda de las autoridades reguladoras del sector financiero mexicano, encabezadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco de México (Banxico), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro (Consar), el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) y la Condusef.

Con la reforma financiera no sólo se fortaleció la posibilidad de cobrar con prendas los créditos incobrables, sino que se creó un buró de entidades financieras al modo del buró de crédito en el caso de los usuarios, que también es un sistema de información actualizable sobre el historial de la institución financiera. Para dirimir controversias entre usuarios y firmas corporativas se establece un Sistema Arbitral en Materia Financiera; en este marco, la Condusef se ratifica como un organismo arbitral y conciliador entre las partes en conflicto.

Las entidades financieras, especialmente los bancos, no deberán condicionar la compra de un producto financiero a la adquisición de otro; se define la portabilidad de los créditos al consumo entre instituciones bancarias y, además, se definen competencias que en realidad son precisamente las que tienen dependencias como la Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE) para analizar las condiciones de competencia económica, en tanto que el Banxico se encargará de regular las comisiones cobradas por los bancos y las tasas de interés que rigen los créditos, que son su natural actividad.

Condusef, llamadas a misa

Usuarios, activistas y especialistas consultados por este semanario, coinciden en que las acciones de la Condusef “son como las llamadas a misa” para los monstruosos corporativos crediticios. Por lo pronto, la entidad gubernamental sigue analizando el resto de los 848 casos de entidades que sí le respondieron el oficio de entre los dos mil 642 enviados por la institución.

Según las autoridades en la materia, la simple amenaza de una sanción inhibirá las “malas conductas” por parte de las instituciones crediticias con cláusulas abusivas. Según el reporte de la Condusef del mes de junio, como resultado de la reforma financiera, esta institución envió “dos mil 642 oficios a instituciones bancarias y sólo 848 de estos oficios se respondieron; al respecto, las entidades financieras contestaron que sus contratos no contienen supuestos abusivos, modificaron o eliminaron la cláusula abusiva o no utilizan contratos de adhesión. No obstante, la Condusef procedió a la revisión de sus contratos y detectó que muchas instituciones insisten en mantenerlas”.

Indicó que se verificaron las cláusulas abusivas previamente detectadas y publicadas en el Buró de Entidades Financieras, creado también con la reforma, y equivalente para las instituciones financieras del Buró de Crédito para los usuarios, con el propósito de verificar sus estatus. “También se está revisando el resto de los contratos”, indicó. Como resultado de las revisiones, hasta el momento se encontró que los contratos de 65 entidades financieras, entre ellas 14 bancos, tenían 185 cláusulas abusivas. Ante esto, la Condusef procedió a “ordenar la supresión de 185 cláusulas abusivas, imponer 185 sanciones (de entre 500 y 2000 días de salario mínimo); atender las denuncias de los usuarios en este sentido y continuar la revisión de contratos para detectar cláusulas abusivas”.

En el corte dado a conocer por la Condusef en junio, el banco con más cláusulas abusivas fue Banorte, con el 30 por ciento de las denuncias; le sigue Banamex con el 21 por ciento; Inbursa, 17 por ciento; Bancomer, 12 por ciento; Santander, cinco por ciento; BanBajío, cuatro por ciento; Bansi, tres por ciento; Banregio, tres por ciento y “otros”, cinco por ciento. El 80 por ciento corresponde a Banorte, Banamex, Inbursa y Bancomer.

“El problema reside en que muchas instituciones financieras, no obstante que existen estas recomendaciones, siguen con la emisión de contratos con cláusulas abusivas o confusas; aquí la situación es que la Condusef no ha hecho uso de la herramienta de la acción colectiva (un mínimo de 30 usuarios para emprender una acción judicial); podría representar a todas las personas con problemas con las cláusulas abusivas, dependiendo de la institución de crédito, y demandar la cancelación y los daños y perjuicios de ese actuar doloso de la banca, pero no la ha usado y se ha dedicado a emitir recomendaciones”, señaló Alejandro Carbajal Hidalgo, coordinador de la Red de Usuarios de Servicios Financieros A. C. (USFIN), integrada a El Barzón.

“Mientras no exista un tribunal o procuraduría en defensa de los usuarios de los servicios financieros, como sucede en materia fiscal, que ya se creó una procuraduría para usuarios de servicios fiscales, no existe la posibilidad de que la banca ceda ante estas situaciones. Por ello no ha trascendido la actuación de la Condusef”, resaltó Carbajal Hidalgo.

El propio especialista dijo que pese al presunto reforzamiento de la Condusef con la reforma financiera, ésta institución no ha pasado de ser un órgano conciliatorio entre partes en conflicto. “Los bancos que atienden sus recomendaciones sobre cláusulas abusivas, quitan unas, pero le dan la vuelta por otro lado a los contratos. La Condusef no tiene dientes, pues ejecuta acciones administrativas y es un ente conciliador, nada más”.

“No se han regulado correctamente las cláusulas abusivas; siguen existiendo; se trata de que las autoridades, con facultad revisora, verdaderamente hagan que se evite este tipo de prácticas”, señaló Isaí Torres Vitorio, de la Asociación del Consumidor Mexicano, con sede en Tijuana, Baja California.

Depredación y lavado de dinero

Un ejemplo de la endeble y desparpajada “regulación” financiera en México se observa en el siguiente caso: Ante la propia nariz de las autoridades regulatorias, de la CNBV con todo y el sistema de inteligencia financiera, fue posible que durante al menos cuatro años se hayan operado fraudulentamente dos mil 700 millones de pesos dentro del sistema financiero nacional sin que hubiera mayores contratiempos para los operadores de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) llamada Ficrea, encabezaba desde agosto de 2010 por Rafael Olvera Amezcua, un exfuncionario de la SHCP y de Nacional Financiera (Nafinsa), quien se dedicó, entre otras cosas, a comprar bienes inmuebles en el exterior con los fondos depositados en Ficrea.

En el fondo, esa entidad financiera se dedicaba al lavado de dinero con conexiones internacionales con al menos tres membretes de fachada en el exterior. Su especialidad era el blanqueo de millones de pesos de oscura procedencia, según se desprende de una investigación hecha por la propia Condusef que no fue cristalizada como anuncio oficial, sino deslizada al diario El Financiero, que publicó algunos de estos datos el 18 de enero de 2015. En este documento pueden observarse detalles sorprendentes; por ejemplo, entre los seis mil 848 ahorradores defraudados, se encuentra Marcos Kviat Nudel, cliente 1000047776, quien tenía 16 contratos a su nombre con Ficrea, que era una entidad dedicada a las “finanzas populares”, por un monto de 22 millones 655 mil pesos. También destaca el caso de Julio Rodríguez Pérez, cliente 1000052805, con 13 contratos con un saldo de 10 millones 813 mil 546 pesos.

En general se observa que 84 ahorradores ostentaban montos de entre 10 y 100 millones de pesos; mil 226 entre uno y cinco millones de pesos; 835 entre 500 mil y un millón de pesos; 651 entre 300 mil y 500 mil pesos; mil 300 con entre 130 mil y 300 mil pesos; dos mil 337 de mil a 130 mil pesos y 252 de uno a mil pesos.

Ficrea fue intervenida por la CNBV apenas en noviembre de 2014 luego de cuatro años de operaciones, presuntamente por habérsele detectado movimientos fraudulentos en perjuicio de seis mil 800 ahorradores. Sin embargo, el expediente exhibe desorden y dispersión de datos relacionados con los montos ahorrados, la cobertura de seguros y la presunta venta de activos para resarcir dinero a ahorradores.

“No podemos hablar de una cantidad (a repartir entre ahorradores) porque el dinero está disperso en diferentes lugares; una parte la tiene la CNBV, otra Nafinsa, y otra la PGR”, indicó a buzosEnrique García, uno de los exclientes de Ficrea y ahora miembro de la comisión de representantes de unos 200 ahorradores que han hecho una serie de protestas públicas para demandar a las autoridades federales la devolución del 100 por ciento de sus ahorros depositados en la ahora intervenida Ficrea.

El miércoles 24 de junio, entrevistado por este medio, Enrique García indicó que el grupo de inconformes se dirigiría ese mismo día a las oficinas de la Condusef para entrevistarse con autoridades del sector financiero, con el fin de avanzar en la solución de su problema. “La CNBV reconoció que hubo un fraude por parte de Ficrea, pero no ha hecho nada por probar que lo hubo”.

—¿Pueden moverse dos mil 700 millones de pesos en el sistema financiero sin que se den cuenta las autoridades?
—Ésa es la pregunta que nosotros le hacemos a las autoridades ¿Cómo es posible? Yo soy contador y yo puedo decir que a veces por un movimiento de 30 mil pesos lo llama a uno el banco para verificar. ¿Y entonces por dos mil 700 millones de pesos? Toda la información que nos han dado está muy opaca, nebulosa; no hemos podido llegar al fondo del asunto –dijo.

Raúl Villalbazo, otro excliente consultado comentó: “La Condusef no resuelve nada; se supone que es un órgano que defiende los intereses de los ahorradores, pero nunca ha defendido nada; se pone de acuerdo con la CNBV y no resuelve nada; yo tenía ahorrados en Ficrea como millón y medio de pesos, y ya con los intereses, actualmente hacen como dos millones de pesos; eso es lo que espero que me devuelvan”.

Adán Herrera, otro afectado por este fraude millonario señaló: “De los activos de Ficrea, unos están en la PGR, otros en un despacho y otros se quedaron en Ficrea; si nos atenemos a lo que nos dice la CNBV, estaríamos esperando que nos restituyan solamente lo que quedó en Ficrea, y lo que nosotros demandamos es que se integre un fideicomiso con todos los recursos dispersos para que la restitución de los ahorros sea al 100 por ciento; aquí no se trata de un rescate como el Fobaproa con dinero público, sino de los ahorradores”.

Como los negocios de los corporativos trasnacionales se comparten con todo tipo de aliados capitalistas, ante la escasez de recursos públicos mexicanos y la natural reticencia de los acumuladores de capital de poner en riesgo su propio dinero para financiar inversiones privadas a su conveniencia, en asuntos como infraestructura, aeropuertos, puertos marítimos, caminos de cuota privatizados; negocios asociados con la reforma energética, petróleo, electricidad, agua, tecnología, por medio de una empresa formada por ex funcionarios.

Todo esto será aún más apetitoso hoy gracias al banquete formado por dos billones 488 mil 401 millones de pesos, cifra vigente al cierre de mayo de 2015, que es la suma de los ahorros de los trabajadores de México depositados a larguísimo plazo (el titular puede disponer de ellos solamente a partir de los 65 años) dentro del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), distribuidos en empresas controladas por corporativos financieros, la mayoría de ellos trasnacionales, las llamadas Afores, y las conexas Sociedades de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro (Siefores) encargadas de hacer inversiones con el dinero de las Afores, según la ley del ramo, con muy bajo riesgo y alto rendimiento, aunque de manera natural los principales beneficios sean para capitalistas privados que “jinetean” ese dinero de los trabajadores.

Afores: política y finanzas

Y ahora, como sucede de manera común en México, un grupo de políticos, exfuncionarios sobre todo, son la punta de lanza para el arranque de la explotación de los recursos de los trabajadores mexicanos depositados en las Afores, controladas por corporativos financieros. La principal es Afore XXI, del Grupo Financiero Banorte, que encabezaba el fallecido Roberto González Barrera, ahora en manos del exgobernador del Banxico, exsubsecretario y ex secretario de la SHCP, artífice de la privatización de los bancos en los noventas, Guillermo Ortiz Martínez, en sociedad con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desde 2011.

La Afore Banamex, del corporativo estadounidense Citigroup; Sura (Grupo de Inversiones Suramericana), la principal en América Latina, corporación asentada en Medellín, Colombia (forma parte del llamado Sindicato Antioqueño formalmente denominado Grupo Empresarial Antioqueño, que compró en 2011 ING Latinoamérica (era parte del corporativo holandés asegurador ING) con lo que se hizo de diversas administradoras de fondos para el retiro, incluido México, para controlar ahora 25 millones de cuentas en el continente; Inbursa, de Grupo Carso, propiedad de Carlos Slim; Principal, del estadounidense Metlife, de la compañía mundial de seguros del mismo nombre; Azteca, del Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego; Coppel, corporativo de almacenes de origen sinaloense; Invercap, corporativo chileno de la minería y los fondos de pensiones, y Principal, del corporativo estadounidense Principal Financial Group.

El jueves 25 de junio arrancaron las operaciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) del Fondo EXI, Energía e Infraestructura de México, que se encargará manejar los recursos de las Afores para ejecutar inversiones, sobre todo en infraestructura; su primera colocación de acciones ese día fue por un monto de 287.2 millones de pesos.

EXI y su otra cara llamada México Infraestructure Partners, tiene como cabeza visible ni más ni menos que a Mario Gabriel Budebo, expresidente del órgano regulador de las Afores, es decir, de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), quien tiene como asociados a otros exreguladores del sector financiero como el exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz; José Sidaoui, exsubsecretario de Hacienda y exsubgobernador del Banxico y Jaime Zabludovsky, quien fuera el jefe del equipo negociador del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá, entre 1990 y 1993, durante el sexenio de Carlos Salinas.

También están Luis Vázquez, fundador de Diavaz, actualmente la segunda empresa de explotación petrolera en México, detrás de Pemex, ahora convertida en “empresa productiva del Estado” y José Luis Guerrero, ex miembro del Consejo del Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) y de la principal constructora del país, Ingenieros Civiles Asociados (ICA).

Para empezar tendrán acceso a dos mil 300 millones de pesos derivados de las Afores, por mediación de sus socios en el SAR, que son las líderes Afore XXI de Banorte-IMSS y la de Banamex y otras como PensiónISSSTE, aunque están por sumarse otras.

Según el presidente de EXI, Mario Gabriel Budebo, es factible utilizar en el corto plazo 10 por ciento de los fondos para el retiro, que calculó en 160 mil millones de dólares; es decir, por lo menos 16 mil millones de dólares; en este sentido, resaltó que de 2009 a la fecha, solamente se han invertido unos dos mil 500 millones de dólares en proyectos de infraestructura con dinero de las Afores, por lo que su operación debe intensificarse; también puso de relieve lo atractivo de los fondos de ahorro a largo plazo dentro de un sector “muy bien regulado”.