Denuncias, órdenes judiciales y cifras desalentadoras rodean al informe

**Hace décadas que un gobernador no llegaba al pleno del Congreso del Estado a presentar su informe de actividades con una denuncia penal en su contra a cuestas.

La Crónica de Chihuahua
Octubre de 2014, 09:31 am

Por: Alejandro Salmón Aguilera

Pocas veces en la historia reciente de Chihuahua un gobernador llega a su cuarto informe de gobierno en condiciones como las que enfrenta ahora el mandatario César Duarte Jáquez.

Hace décadas que un gobernador no llegaba al pleno del Congreso del Estado a presentar su informe de actividades con una denuncia penal en su contra a cuestas. Nunca, al menos desde tiempos de Oscar Soto Maynes, un gobernador en plenitud del ejercicio del poder tenía su nombre en una querella presentada ante alguna autoridad investigadora. En el caso de Duarte Jáquez, está en tres instancias: la PGR, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Fiscalía General del Estado.

La pregunta es qué dirá en torno a todo esto cuando termine toda la ceremonia protocolaria y le toque dirigirse a los diputados de la 64ª Legislatura. ¿Nada? Es lo que ha hecho hasta ahora, no referirse al tema, no salir a aclarar por qué su gobierno depositó 802 millones de pesos en el banco Progreso a una tasa de interés inferior a la que esa misma institución paga. Decir que son “chismes” no es manera de esclarecer un señalamiento tan serio presentado ante autoridades investigadoras.

¿De qué hablará el gobernador? Seguramente, tocará el tema de la seguridad, de la recuperación de la tranquilidad de la que tanto ha hablado prácticamente desde el inicio de su gestión. Hablará de seguridad a menos de una semana de que dos grupos delictivos detonaran sus armas automáticas más de mil veces el uno contra el otro, con un saldo de 11 muertos.

¿Obra pública? La más importante está detenida, y por acción de la justicia. El llamado “aeropuerto de Creel” al cual se le han invertido cerca de 400 millones de pesos, está “congelado” por orden de un juez, debido a que alguien en el Gobierno del Estado no cumplió con la obligación constitucional de consultar a las comunidades indígenas que habitan en zonas aledañas a la terminal aérea.

Seguramente resaltará el aspecto educativo y tiene motivos para hacerlo. Durante su gestión se incrementó la matrícula, el número de planteles, la población universitaria…y también la deserción escolar. Cifras del INEGI indican que Chihuahua tiene un 40 por ciento de reprobación escolar. Tanto dinero gastado en construir planteles para que al final los jóvenes a quienes queríamos alejar del delito no terminen su grado académico.

Del manejo financiero hablará, pero debido a la estructura del informe, donde hablan primero los representantes partidistas y luego el gobernador, y a la docilidad de todas las fuerzas políticas ahí representadas, es difícil que haya un cuestionamiento serio, pero el tema de la deuda sigue presente en el colectivo urbano.

¿Qué tendrá de similar este a otros informes anteriores? El pesado aparato de seguridad en torno a una ceremonia donde el gobernador estará a lo mucho una hora presente. Un centro de la ciudad cercado, sitiado prácticamente, un “espacio recuperado…” pero para la fuerza pública. Nadie, ni quién se pueda acercar a hablarle y, por lo tanto, ni manera de escuchar al pueblo que camina por la calle.