Declara la IP una guerra a la 3de3

**La inconformidad de las cúpulas empresariales se debe a la incorporación de particulares como sujetos obligados para presentar declaraciones cuando reciban o ejerzan recursos públicos.


Declara la IP una guerra a la 3de3

La Crónica de Chihuahua
17 de junio, 22:30 pm

La cúpula empresarial del país rechazó el contenido de la ley 3de3, que anoche fue aprobada en el Pleno de la Cámara de Diputados con cerrada votación.

Los integrantes de la IP consideran que es excesiva y que no previene ni sanciona la corrupción. Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, dijo que generará opacidad. La ley contempla que particulares y empresas que reciban recursos públicos presenten declaraciones.

Empresarios de la Coparmex salieron ayer a las calles a protestar. Humberto Lozano, de la Canaco, lamentó que algo ideado para clarificar al sector público se extendiera a la IP.

La inconformidad de las cúpulas empresariales, líderes de organizaciones ciudadanas y académicos en contra de senadores que avalaron la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como 3de3, se debió a la incorporación de particulares como sujetos obligados para la presentación de sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, cuando reciban o ejerzan recursos públicos.

El nivel de molestia de la iniciativa privada llegó a tal punto que, en un hecho inédito, un grupo de integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) protestaron en contra de esa reforma en las escalinatas del Ángel de la Independencia.

En la glorieta del Paseo de la Reforma, los empresarios emplazaron a los diputados federales a “corregir” los “errores” de los senadores respecto de su “ocurrencia” de que cada persona física y moral que tenga algún contrato con alguna entidad gubernamental, acate la Ley 3de3 de forma extendida hacia empleados y proveedores.

“Con esto pretenden endosar a la sociedad responsabilidades que corresponden a quienes manejan los recursos públicos”, coincidieron los líderes de cada cúpula empresarial.

Mauricio Merino, coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas, calificó un como una “ocurrencia de madrugada” la inclusión a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la obligatoriedad de particulares de presentar sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses.

Subrayó que si los legisladores quieren fortalecer y defender el Sistema Anticorrupción, “no pueden operar esa barbaridad jurídica”.

Al respecto, el director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Juan Pardinas, calificó de “aberrante” la redacción del artículo 32 de la ley 3de3; e incluso señaló que “tal como está redactada implicaría que, por ejemplo, los 34 millones de Prospera o los becarios del Conacyt o Conaculta tengan que presentar su 3de3 porque recibe recursos públicos. ¿Si Microsoft le vende un software al gobierno, Bill Gates tendrá que presentar su #3de3?”, cuestionó.

Académicos y organismos civiles enviaron una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, en la que aseguran que esta adhesión de último momento en el Senado se realizó “sin diagnóstico previo y sin ninguna racionalidad aparente”.

Los firmantes de la misiva –entre los que se encuentran el CIDE, la UNAM, Fundar, Zimac, Transparencia Mexicana, Coparmex e IMCO– advirtieron que dicha norma “es un contrasentido”, además de que “obstaculiza el buen funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción y banaliza la utilidad de estas herramientas orientadas a la prevención y detección de actos de corrupción”.

De la parte empresarial, a las críticas también se sumó la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco), a través de su presidente Humberto Lozano, quien lamentó que el contenido original de la ley 3de3 haya quedado en una condición potestativa para los servidores públicos.

En respuesta a los señalamientos de los empresarios, el presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado, Pablo Escudero Morales, del PVEM, recalcó que “la corrupción siempre va en dos vías”.

El legislador advirtió que si el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Coparmex no están dispuestos a darse cuenta que son parte del problema, “nosotros se los vamos a recordar, ya que este no es un problema exclusivo de los servidores públicos. Para que haya corrupción, tiene que estar la otra parte, y ellos tienen que comprometerse también”.

...Y LOS DEL PRI, PAN Y VERDE AHORA DUDAN

Líderes parlamentarios y el presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, reclamaron al Senado que la “incorporación a última hora” de la aplicación de la ley 3de3 a particulares, personas físicas y morales, “es confusa, vaga y hasta inaplicable”.

“La verdad es que quedó muy confusa la ley, porque ya no hablemos sólo de empresas, sino qué pasará, por ejemplo, con el que contrate albañiles. ¿Quién deberá declarar?... y cómo hacerlo, tampoco quedó claro”, explicó el vicecoordinador del PRI en San Lázaro, Jorge Carlos Ramírez Marín.

“Entiendo que para eso se creó el Comité Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana en el Sistema Nacional Anticorrupción. Ahí se tienen que diseñar los formatos y los mecanismos para ver la forma, los alcances y quienes son quiénes deben presentar esas declaraciones”, anotó.

El coordinador del PVEM, Jesús Sesma, admitió: “A mí no me queda claro, yo no lo tengo claro como podría ser. Está el comité que se creó para eso, pero no entiendo cómo se haría. Yo ya pregunté y nadie sabe nada”.

Marko Cortés, jefe de la bancada del PAN, pidió retirar esta redacción del dictamen “presentada de último momento” por el PRI y el PVEM, porque “es imposible de ejecutar”.

“Es completamente inoperante. Queremos que las empresas, que las personas físicas y morales, también estén sujetas al escrutinio público, pero con ciertas características, con ciertas modalidades, a partir de ciertos montos, y que no sea en la generalidad; porque así simplemente su aplicación sería imposible”.

El coordinador del Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, planteó: “Hay razones de sobra para que los particulares estén hoy preocupados y molestos, pues esto no es más que una venganza del PRI y del PVEM contra la iniciativa privada, que se atrevió a recriminarles su negativa a combatir la corrupción.

El presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Rogerio Castro, de Morena, lamentó que “es irresponsable la forma en cómo se incluyó este tema, porque es totalmente ambiguo e, incluso, si no hay claridad, es hasta contrario a la Ley de Protección de Datos Personales. Si dicen que lo hará el Comité de Participación Ciudadana no le dieron los instrumentos para ello”.

INAI, A FAVOR DE QUE EMPRESARIOS DECLAREN; DESCARTAN AMPAROS

El comisionado del INAI, Óscar Guerra Ford, calificó como un avance la incorporación del sector privado a la obligación de hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, fiscal y de conflicto de interés cuando firmen contratos con el gobierno.

Descartó que la ley 3de3 choque con las leyes en materia de Transparencia y Protección de Datos, por lo que no hay riesgo de que la IP busque algún tipo de amparo para evadirla.

Dijo que las nuevas disposiciones redundan en beneficios para la IP, aunque consideró importante “que dentro de este Comité Ciudadano que se va a formar para la aprobación de los formatos, tengan la participación de los empresarios, de sus organizaciones y de sus cámaras”.

*Con información de Rivelino Rueda, Leticia Hernández, Eduardo Aguilar, Víctor Chávez y Susana Guzmán.

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