Crimen y desigualdad, pilares de la corrupción en América Latina

**Así lo revela el índice de percepción anual realizado por Transparencia Internacional.


Crimen y desigualdad, pilares de la corrupción en América Latina

La Crónica de Chihuahua
Diciembre de 2013, 16:57 pm

La desigualdad, el crimen organizado y el desgaste de las instituciones son los motores de la corrupción en América Latina, según Alejandro Salas, director para las Américas de Transparencia Internacional, que publica este martes su índice anual sobre corrupción.

"Los grandes temas de la agenda latinoamericana son la seguridad ciudadana y el control del crimen organizado, pero también la inequidad", explica este experto, que ve en la "democracia de todos los días" la mejor receta para luchar contra la corrupción.

El índice 2013 de esta organización no gubernamental, elaborado con encuestas de opinión a agentes económicos sobre su percepción de la corrupción en 177 países del mundo, dibuja un panorama estable en América Latina, sin grandes cambios en los últimos 12 meses.

Venezuela sigue siendo uno de los países donde más se percibe la corrupción (puesto número 160 de 177), seguido por Paraguay (150), Honduras (140) o Guatemala (123). En el otro extremo, Uruguay (19) es, junto con Chile (22), uno de los países latinoamericanos con mejor nota.

"Lo que más llama la atención es la tendencia de los países de Centroamérica a caer en el índice. Nuestra lectura es que los países que están más expuestos a la violencia y el crimen organizado son muy vulnerables", explica Salas, un investigador mexicano.

"Cuando las mafias están haciendo negocios ilegales en esos países tiene incentivos muy grandes para debilitar a las instituciones. Para cruzar mercancía ilegal de un lado a otro necesitas poder sobornar policías, militares, capacidad para controlar aduanas y puertos, y es muy grande la tentación de financiar a los políticos", asegura.

En el caso de Venezuela "hay un desgaste fuerte de las instituciones, pero el motivo es diferente", según Salas, que lo atribuye al "control tan fuerte que tiene el ejecutivo, en este caso, el presidente, sobre otros poderes del Estado", como la Justicia o las autoridades electorales.