Crimen organizado: el actor más influyente en América Latina

REPORTAJE INTERNACIONAL

La Crónica de Chihuahua
Abril de 2017, 09:30 am

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Nydia Egremy

Gobiernos y sociedad civil han cedido su protagonismo económico a favor de las organizaciones delictivas trasnacionales, que se han convertido en actores de una amenaza no convencional.

Al controlar territorios, agua, minería, recursos energéticos, cultivos agropecuarios ilegales, comercio, transporte, telecomunicaciones y políticas financieras, esas mafias y cárteles disputan poder e influencia a los Estados.

Al cooptar a éstos, los grupos criminales subvierten el orden institucional, neutralizan jueces, fiscales y minan los aparatos de seguridad; es decir: impiden el desarrollo regional. Combatirlos pasa por una visión geopolítica que defina el rol, los intereses y la lógica de la operación criminal. Ha fracasado el enfoque militarista de EE. UU., que ha dejado más violencia.

Entre 2004 y 2014, América Latina y el Caribe (ALC) alcanzaron grandes logros socioeconómicos. En ese período, no pocos países experimentaron tasas de crecimiento anual cercanas al cuatro por ciento, redujeron los índices de pobreza y elevaron el nivel de estudios y la salud de sus ciudadanos.

Gobiernos progresistas de la región como Ecuador, Bolivia y Venezuela alcanzaron en 2008 el Objetivo del Milenio –que debía cumplirse en 2015– de reducir a la mitad la proporción de personas que viven con menos de 1.25 dólares al día. No obstante, hoy la región presenta una compleja situación en materia de seguridad.

En ese período también escaló el crimen, cuyos costos se tradujeron en la pérdida de miles de vidas, ingobernabilidad e incertidumbre. ALC alcanzó una tasa de homicidios de 24 por cada 100 mil habitantes (cuatro veces la media mundial). Los homicidios que se resuelven en la región apenas llegan al 10 por ciento.

Esa violencia se expresa con igual impunidad en los entornos rural y urbano. Tradicionalmente, las ciudades mexicanas de Tijuana, Ciudad Juárez y Acapulco se sitúan en los primeros lugares en violencia; seguidas de las centroamericanas San Salvador, Tegucigalpa y San Pedro Sula –hasta 2014 esta urbe hondureña mantuvo el primer puesto en homicidios violentos con mil 317 anuales– y atrás figuran Río de Janeiro, Bogotá y Caracas.

Entre las causas de la violencia criminal algunos analistas citan la estrategia de Estados Unidos (EE. UU.) de criminalizar la lucha contra las drogas ilegales y con ello decidió exportar su problema de gran consumo de estupefacientes y narcóticos a América Latina y el Caribe.

En su doble discurso, la superpotencia no cesa de atacar a los gobiernos progresistas, a los que llama “Estados fallidos” por sus problemas de seguridad. Sin embargo, no se debe soslayar que ha resultado fallido el enfoque militarista impuesto por EE. UU., pues el crimen organizado mantiene intacta su estructura y su capacidad de regeneración.

Otra causa de esa escalada criminal radicaría en la apertura comercial transfronteriza que inició en los años 90. Y fue precisamente en el espacio latinoamericano donde esa inseguridad pública se convirtió en una de las grandes amenazas para la estabilidad, el fortalecimiento democrático y el desarrollo.

Al respecto, la internacionalista y doctora en derecho de la Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid, Sagrario Morán Blanco, opina que la reducción de las restricciones comerciales y financieras y la modernización de las telecomunicaciones facilitaron la expansión de la delincuencia organizada al nivel trasnacional.

Las organizaciones delictivas internacionales “aprovecharon más esos cambios que las instituciones encargadas de velar por la seguridad ciudadana”, y con ese contexto a su favor llegó la irrefrenable expansión del negocio criminal en distintos ámbitos, agrega Morán.

Así que al consolidarse como trasnacionales delictivas, las mafias han construido una nueva geografía de los poderes económico-políticos y un nuevo orden jerárquico a partir de sus redes, nodos, paraísos fiscales, empresas falsas y otras estructuras económico-financieras.

Por tanto, hoy esas organizaciones criminales trasnacionales constituyen un auténtico actor regional y trasnacional dotado de voluntad, autonomía y capacidad en las relaciones internacionales, apunta el doctor en educación y científico político Miguel Ángel Barrios.

Conocer y desmantelar

Para destruir esa poderosa ingeniería criminal, construida con el asentimiento de las élites político-económicas locales y la complicidad de gobiernos y corporaciones trasnacionales, siempre al amparo de la mega-corrupción, hay que conocerla. Urge desentrañar sus objetivos y estrategias.

Pero la criminología clásica es superada por la complejidad de la operación mafiosa, ya que tradicionalmente esa disciplina se ha limitado a abordar lo que es una asociación delictiva. Pese a ser multidisciplinaria, la criminología clásica no investiga la génesis y motivación de las jerarquías y la expansión de las mafias.

En contraste, si se estudia al crimen organizado desde la geopolítica y se hacen ejercicios prospectivos de esos grupos, se comprenderá la dinámica interna de sus flujos ilícitos (capitales, drogas, armas, red de complicidades) y fenómenos asociados (extorsión, secuestros, trata de personas).

En el enfoque geopolítico del crimen organizado, el Estado es objeto de reflexión como elemento del sistema-mundo y las organizaciones criminales se consideran poderes y no elementos marginales.

La geopolítica aporta claves estratégicas sobre los recursos económicos, el control territorial, la capacidad de orden y dominio, el sentido de jerarquía y obediencia, el secreto e iniciación, la dimensión ética y familiar, la multicriminalidad, los mitos y leyendas, la antigüedad y vocación de permanencia de las mafias. Solo esa visión destacará las vulnerabilidades de los “cárteles” de México y Brasil, de las “maras” en El Salvador y de las temibles Bacrim (bandas paramilitares colombianas)

Los planes de “seguridad” tradicionales y la criminología clásica omiten el contexto de mega-corrupción en que ocurre la operación criminal. Soslayan la autonomía político-económica que han adquirido las mafias, al grado de configurar espacios territoriales criminales, “narco-democracias” o Estados delictivos.

En cambio, el enfoque geopolítico distingue a los agentes ilegales que influyen en las políticas públicas para favorecer sus propios intereses y en detrimento del bienestar general. Es decir, lo que el Banco Mundial (BM) ha definido como Captura del Estado (CE), en la cual abundan los delitos de cuello blanco.

La CE es un tipo de corrupción que va más allá del económico y que tiene implicaciones de carácter político, social e incluso ético. Para el BM es “la acción de individuos, grupos o firmas, en el sector público y privado que influyen en la formación de leyes, regulaciones, decretos y otras políticas de gobierno, para su propio beneficio como resultado de provisiones ilícitas y no transparentes de beneficios privados otorgados a funcionarios públicos”.

Cuando las mafias influyen en presidentes municipales, alcaldes, gobernadores, legisladores e incluso presidentes nacionales para establecer determinados ordenamientos, realizar reformas constitucionales, autorizar o negar obras públicas y asignar determinados contratos, estamos ante una CE (Captura del Estado).

Combatir este proceso mafioso exige conocer cómo se incrustan esas mafias y cárteles en la estructura estatal a partir de la mega-corrupción.

Un enfoque geopolítico de los cárteles define cómo éstos eligen sus principales zonas de producción, por la ausencia del Estado o porque las gestionan con Estados cómplices; qué actividades protegen aliados o asociados y el cambiante proceso de comercialización de sus productos ilícitos. También permite conocer cuáles son los mercados preferenciales –países de alto nivel de vida– y desglosar el circuito del blanqueo de capitales.

En síntesis, ver al crimen organizado como un actor de la globalización, con mafias arraigadas en la economía global y unidas a control de territorios y sociedades locales y regionales, es un ejercicio geopolítico que crea un mapa único. Ahí se representa la red de complicidades en el aparato político-administrativo (funcionarios, abogados, banqueros y asesores de cuello blanco) para que prosperen los tráficos ilícitos, robos y blanqueo de capitales.

Además, puede visualizarse también a los protagonistas más activos e influyentes en cada nodo, así como sus vulnerabilidades.

El narcotráfico, por su naturaleza poli-criminal, constituye el más relevante delito trasnacional. Siempre busca expandir mercados, diversificar sus sectores ilegales y ofrecer variedad de productos; para ello, explora nuevas rutas, santuarios en países con débil aplicación de la ley y alta corrupción.

Sin embargo, los expertos advierten que ese delito no solo prospera en Estados débiles, sino también en Estados con fuerte institucionalidad, como el propio EE. UU. por la gran demanda de drogas ilícitas y la extendida red delictiva que distribuye esas sustancias en su territorio.

Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (ONUDC), el negocio del narcotráfico reporta a las mafias hasta dos mil millones de dólares anuales, lo que equivale a casi el 3.5 por ciento del producto interno bruto (PIB) mundial.

En 2016, el think tank Global Financial Integrity (GFI) estimó que las operaciones ilegales anuales del narcotráfico, falsificación, trata y otros delitos, alcanzaban más de un billón (millón de millones) de dólares distribuidos así: el 60 por ciento proveniente de las drogas ilegales, 250 mil millones de dólares por falsificación y contrabando y, por último, 31.5 mil millones de dólares por tráfico de personas, refiere el internacionalista de la Universidad de Belgrano, Mariano Bartolomé.

Las jerarquías criminales instruyen a sus contrabandistas y traficantes a usar las redes y transportes del comercio legal. Un parteaguas en el contrabando de personas, bienes y sustancias fue la “contenerización” –del inglés container–que alude el transporte de mercancías selladas de un mismo tamaño. Esta práctica comercial revolucionó la eficiencia del flujo de mercancías legales e ilegales, porque permitió la circulación de grandes volúmenes que difícilmente son detectados, señala la especialista mexicana Mónica Serrano en su investigación Crimen organizado y seguridad internacional.

Costo de las mafiocracias

Las organizaciones delictivas trasnacionales que desafían el poder, la institucionalidad y la gobernabilidad de los Estados han llegado a ser tan peligrosas que se las considera “terroristas”. En su estudio sobre las Cinco guerras de la globalización, Moisés Naím alerta que mientras los líderes políticos, la opinión pública internacional y buena parte de la intelectualidad centran su atención en el flagelo terrorista, el crimen organizado trasnacional “horada y erosiona de forma más subrepticia la gobernabilidad y calidad de vida de amplios sectores de la población, cobrando un altísimo precio en materia de violencia y muerte”.

Para esclarecer aún más la cuestión, Miguel Ángel Barrios considera que la diferencia entre terrorismo y el crimen organizado está en que el primero es clandestino y subversivo por naturaleza, cuya táctica es la violencia en general con fines políticos, la delincuencia trasnacional es “parasitaria y encubierta” y se expresa en esta ecuación: crimen de muy alta intensidad = muy baja visibilidad.

Además de su naturaleza violenta, el crimen organizado genera costos económicos y sociales muy grandes. No obstante, es paradójico que organismos financieros internacionales como el BM y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), antagónicos con los gobiernos progresistas y grandes beneficiarios de la exorbitante deuda externa que en el pasado contrajo la región, hayan elaborado en los últimos años sendos informes sobre los efectos depredadores de tal flagelo.

El estudio del BID Los costos del crimen y la violencia en el bienestar en América Latina y el Caribe (2015) y el nuevo reporte Los costos del crimen y de la violencia: Nueva evidencia y hallazgos en ALC, de noviembre de 2016, tienen el objetivo de cuantificar los efectos de la delincuencia y mitigar esa tendencia al alza en la violencia criminal.

Ahí se establece que, en promedio, el delito cuesta a los países de ALC el tres por ciento del PIB, equivalente a unos 115 mil millones de dólares. Es decir, el doble del costo promedio del delito en los países desarrollados.

Estos costos implican la distracción de recursos del presupuesto público de objetivos básicos, para destinarlos al combate de la delincuencia organizada. Adicionalmente, la inseguridad impone a ciudadanos y empresas gastos en seguridad, que en el caso de las naciones de Centroamérica se duplican.

Las zonas geográficas donde los costos del crimen son mayores son el Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Honduras y Guatemala), seguidas por las del Caribe y Brasil. Con un enfoque economicista, el BID concluye que el crimen en ALC es costoso por las distorsiones que genera en distintos rubros y propone políticas de prevención del delito y de control de la delincuencia “para realizar análisis fundamentados de costo-beneficio y costo-efectividad”. En contraste con esta puntual atención a los problemas de seguridad, el BID soslaya y deja intacta la estructura de desigualdad que es la génesis del proceso criminal.