Crece escándalo porque la DEA interrogaba en cárceles mexicanas

**En México se discuten los límites y alcances de la operación de la Drug Enforcement Agency en su territorio, luego de la difusión de la investigación del diario El Universal.

La Crónica de Chihuahua
Enero de 2014, 22:51 pm

En el penal de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco, la presión del fiscal estadounidense Stephen May fue incisiva: “si no nos dices algo, si no colaboras, en Estados Unidos las prisiones no son como las de aquí, y además tienes familia, una nieta, si no quieres...”, tradujo Gregory Garza, agente de la Agencia Antidrogas (DEA), a su interlocutor Miguel Colorado.

Junto a ellos, el ministerio público mexicano Martín Marín Colín, quien acompañaba a los funcionarios estadounidenses, no reportó en ninguna sección del proceso legal las amenazas que hicieron May y Garza a Colorado, pero los registros del Centro Federal de Readaptación Social en Puente Grande fueron testigos de la visita.

“En México, solamente el agente del Ministerio Público y, en su caso, el juez, pueden interrogar válidamente a un detenido, aun por un procedimiento de extradición para que éste conteste si es su voluntad y siempre en presencia de su defensor”, explica Juan Velásquez, reconocido abogado penalista en el país.

El experto agrega: “Si para que conteste se le obliga, amén de que su contestación sería inválida, quien la hubiese obtenido así cometería un delito previsto en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura; aparte, creo que lo anterior debería hacerse mediante los canales diplomáticos y en tanto convenios celebrados por el Presidente y aprobados por el Senado”.

Registros del penal de alta seguridad de Puente Grande, cuya copia tiene EL UNIVERSAL, confirman la visita del fiscal estadounidense Stephen May y de Gregory Garza, acompañados de Martín Marín Colín, quien aparece como Coordinador General de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), “con el fin de realizar una diligencia” con Miguel Colorado.

En el Cefereso, los dos funcionarios estadounidenses y el Ministerio Público mexicano buscaban obtener información que confirmara las declaraciones de su testigo protegido Jennifer, especialmente porque Miguel Colorado era el único de los 14 detenidos en la llamada Operación Limpieza, al que el gobierno de Estados Unidos solicitó en extradición y que reiteradamente se ha declarado inocente de las acusaciones.

El 9 de agosto de 2013, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) entregó al juzgado y a Miguel Colorado el desistimiento de extradición del gobierno de Estados Unidos, cinco años después de que el ex funcionario fuera detenido con el resto de los acusados en la Operación Limpieza, que la PGR dio a conocer a finales de 2008, durante el sexenio de Felipe Calderón.

Tras su detención, en agosto de 2008, Colorado pasó 82 días arraigado en el Centro de Mando de la Policía Federal en Iztapalapa, en medio de torturas sicológicas y físicas por parte de agentes y fiscales estadounidenses, así como de funcionarios mexicanos, situación que continuó en los siguientes siete meses en los que estuvo confinado en el área de tratamientos especiales del Cefereso, en espera de su extradición a Estados Unidos.

“Si agentes de Estados Unidos han participado en actos de tortura, Estados Unidos posee leyes y un sistema judicial medianamente efectivo como para que sus fiscales federales tomen inmediatamente cartas en el asunto e impulsen causas penales en contra de éstos”, comenta Edgardo Buscaglia, profesor de la Universidad de Columbia.

En opinión del especialista, las víctimas y sus familias podrían también llevar esos casos a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que a través de un debido proceso se determine la verdad judicial sobre los hechos.

El 30 de septiembre de 2013 se cerró la instrucción en el caso de Miguel Colorado, ambas partes entregaron conclusiones entrando al periodo de espera de sentencia; sin embargo, de forma inesperada, en diciembre fue cambiado el juez que llevó durante cinco años el proceso. La nueva jueza desconoce el expediente y proyecta dictar sentencia tan pronto como conozca de ello.