Comisión Interamericana exige medidas cautelares para indígenas de Choréachi

** Esta es la primera ocasión en que este organismo internacional otorga medidas de protección a favor de indígenas en el estado de Chihuahua que permanecen en riesgo constante por la defensa de su territorio ancestral y sus recursos naturales.

La Crónica de Chihuahua
Octubre de 2014, 13:56 pm

Chihuahua, Chih.- La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) exigió al Estado mexicano medidas cautelares para la comunidad indígena de Choréachi, tras negársela las mismas autoridades federales y asegurar las estatales, que no era necesario porque no había peligro para ellos por la amenaza del crimen organizado, como había asegurado la Policía Federal.

La comunidad sostiene desde hace años un litigio con caciques de Guadalupe y Calvo por la propiedad de sus tierras y la defensa de los recursos naturales de la zona. La activista Isela González y el abogado de la organización Alianza Sierra Madre fueron amenazados de muerte por los caciques acusados de talar ilegalmente la Sierra y de tener de aliados a agrupaciones criminales, y denunciaban hace menos de un mes que no han podido regresar a Choréachi.

El comunicado íntegro difundido por organizaciones civiles dice lo siguiente:

Ante el fracaso de las instancias del Estado mexicano para brindar protección, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, requiere a México que implemente medidas cautelares a favor de integrantes de la comunidad indígena de Choréachi de la Sierra Tarahumara.

Ante la indolencia e inacción del Estado mexicano para proteger a la comunidad indígena de Choréachi (Pino Gordo), ubicada en el municipio de Guadalupe y Calvo, en el estado de Chihuahua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorga medidas cauterales a su favor, e insta a las autoridades mexicanas que adopten las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de integrantes de la comunidad.

Choréarichi que por sus condiciones geográficas se mantiene aislada y sin presencia de ninguna instancia gubernamental, integrada por más de 850 raramurí, sostiene desde hace más de 30 años una lucha jurídica y política en defensa de su territorio ancestral y recursos naturales frente a un grupo de caciques mestizos de la región. Desde finales del año pasado, se han incrementado los actos de violencia y hostigamiento en contra de la comunidad, que buscan sembrar el terror para inhibir la lucha, que a la fecha a cobrado la vida de dos de sus integrantes, hechos que a la fecha se mantienen en la absoluta impunidad.

El mes pasado, el Estado mexicano hizo evidente su incapacidad y falta de voluntad para proteger a la comunidad y defensores/as acompañantes, esto luego de la cancelación para proteger el “Encuentro Todos Somos Choréachi”, al que la policía federal, a través del Mecanismo de Protección se había comprometido a brindar resguardar durante todo el evento. Sin embargo, de última hora el Mecanismo notificó que no se cumpliría con el compromiso, debido a que por la ubicación del lugar “había una probabilidad inminente de un evento de alto riesgo”, esto en completa contradicción en contradicción con el propósito del Mecanismo.

En diversas ocasiones, a través de denuncias públicas y formales, los líderes indígenas exigieron protección y seguridad para la comunidad y, justicia para sus muertos a las autoridades federales y estatales; ante la falta de resultados por parte del Estado, el pasado 30 de enero las organizaciones Abogados y Abogadas por la Justicia y los Derechos Humanos, Alianza Sierra Madre, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y Consultoría Técnica Comunitaria, solicitaron a la CIDH, que otorgará medidas cautelares, ante el incremento constante de agresiones en contra de la comunidad.

La Comisión, consideró que había una situación de extrema gravedad y urgencia de sufrir un daño irreparable sobre sus derechos humanos y por tanto, el pasado 6 de octubre emitió una resolución en la que requirió al Estado mexicano a implementar, de acuerdo con la comunidad, las medidas de protección necesarias para salvaguardar la vida e integridad física de la comunidad.

Esta es la primera ocasión en que este organismo internacional otorga medidas de protección a favor de indígenas en el estado de Chihuahua que permanecen en riesgo constante por la defensa de su territorio ancestral y sus recursos naturales.