Colombia se reinventa

REPORTAJE INTERNACIONAL

La Crónica de Chihuahua
Julio de 2017, 18:57 pm

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Nydia Egremy

Las FARC han entregado sus armas y se desmovilizan. En cambio persisten el afán hegemónico de la superpotencia global y sus corporaciones, la economía extractivista, el poder de los capos del narcotráfico, los grupos paramilitares y la derecha entreguista.

Esos retos hacen que el país sudamericano esté ante un punto de inflexión justo a un año del próximo relevo presidencial.

El quid es ¿cómo reconstruir un país asolado por la brutalidad de tantas décadas y cuánto puede perdonarse de los excesos habidos? Para naciones como la nuestra, asoladas por la ingobernabilidad, la dependencia, la inequidad y la delincuencia, Colombia da ejemplo al reinventarse tras muchos años de masacre.

En una de sus retaguardias estratégicas, el poblado de Mesetas en el Meta, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) entregaban su última arma. Ese martes 27 de junio la guerrilla más antigua de la región concluía formalmente su conflicto armado con el Estado colombiano.

Una guerra civil multidimensional que duró más de 50 años, causó más de dos mil asesinatos selectivos, 12 mil secuestros, cientos de miles de personas desplazadas y unos seis mil soldados víctimas de minas antipersonales, entre otros daños y perjuicios.

La negociación con la guerrilla era una necesidad estratégica para el gobierno de Juan Manuel Santos. Tras detectar la voluntad de diálogo de las FARC, ambos actores mostraron habilidad política para remontar múltiples obstáculos en un proceso de paz que implicó años de consultas, asesorías, entrevistas, negociaciones e idas y venidas a La Habana desde distintos parajes de Colombia. Todo auspiciado con el deseo confeso y tácito de acabar con la confrontación y de construir un mejor país.

El rechazo a los acuerdos del 50.2 por ciento de la población en octubre pasado confirmó que la política en Colombia se vive diferente en el ámbito urbano –donde vive la mayoría de la población– y en el rural, donde más personas han sufrido el conflicto armado.

Con excepciones, el sector urbano vivió de lejos la prolongada guerra civil y por ello hoy es indiferente ante la paz, pues la desmovilización de la guerrilla poco impacta en la vida de los citadinos.

En cambio, miles de campesinos y pobladores del campo esperan que llegue la inversión prometida. Los Acuerdos de Paz comprometen a los actores y a sus coadyuvantes de la comunidad internacional a hacer mega-inversiones en el sector rural y a construir un país más integrado con el campo.

Para ellos y los excombatientes el futuro oscila entre la esperanza y la incertidumbre. Por eso es válido hablar de una reinvención de Colombia.

Solo si se cumple el cronograma previsto en los acuerdos desaparecerán la desconfianza y la incertidumbre. La llamada “dejación de armas” de los hombres y mujeres de las FARC confirma que los que por décadas fueron caracterizados como los enemigos número uno del país, han cumplido su palabra.

Por eso tendrán voz y voto en las decisiones políticas, reseña la galardonada periodista y directora del portal La Silla Vacía, Juanita León, en The New York Times.

No obstante, el llamado “post-conflicto” apenas comienza y el tiempo se agota para su coautor, el presidente Santos, quien debe dejar el cargo el año próximo.

Al acecho está la ultraderecha con el expresidente Álvaro Uribe y sus aliados dentro del gobierno (el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, y el exembajador en Washington, Juan Carlos Pinzón) con su plan para destruir los Acuerdos de Paz. El partido opositor Centro Democrático, de Uribe, ha advertido que si gana los comicios presidenciales de 2018 no los revocará, pero “luchará” para reformarlos.

Tierra Grata

Al entregar siete mil 132 armas, los más de siete mil combatientes de las FARC han puesto sus vidas en manos del muy complicado proceso de paz. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros coadyuvantes internacionales del proceso de paz comenzaron el registro de armamento de los insurgentes ubicados en las 26 zonas veredales del país.

Ahora la participación de hombres y mujeres exguerrilleros en la transformación de su país será como miembros de un partido político y como trabajadores en distintos rubros. Pese a tal objetivo, hay incertidumbre entre los antiguos combatientes, pues son muchos los obstáculos que encontrarán en su camino hacia la reintegración a la vida cotidiana.

Tienen razón en preocuparse. Está presente el fracaso del ofrecimiento gubernamental y empresarial para que miembros de las autodefensas se desarmaran a cambio de otorgarles capacitación y empleos. Los empresarios faltaron a su compromiso y abandonaron a sus antiguos sicarios.

Así los expusieron a represalias de las víctimas. Vimos ese dramático caso en La Guajira y Santa Martha, en el departamento de Magdalena. Hoy persiste la tensión entre el Ejército y los exguerrilleros. Desmantelar el entramado militar que por cinco décadas construyó la oligarquía colombiana será una tarea difícil.

Por lo pronto, los rebeldes han desmontado sus antiguos reductos; han quitado una a una vigas y postes de madera que sostenían las lonas de sus precarias tiendas; han abandonado el uniforme y las botas de campañas por prendas de civil, como las que visten los habitantes de poblados vecinos que, a su vez, miran con recelo a los exmilitantes de las FARC. Ya no se ocultan; ya no deben desvanecerse en la tupida vegetación de las veredas colombianas, ahora que comienzan a ser ciudadanos.

“Hemos pasado 52 años en hamacas, ya era hora de vivir en casitas”, confiesa un comandante rebelde en La Paz, en la zona del Meta, al periodista Nicholas Casey. Ahí nace el nuevo asentamiento Tierra Grata, con 80 exguerrilleros, que levantan una pequeña biblioteca, un centro comunitario y una tienda. “Los días por venir pondrán a prueba qué tan bien le queda el nombre”, sentencia Casey.

Pero el pasado de violencia ha marcado a los colombianos. El Salado es el dramático ejemplo del daño causado por los paramilitares. El 18 de febrero del año 2000, esos sicarios masacraron a los habitantes del poblado: les rompieron el cráneo y degollaron, mientras otros violaban a las mujeres refugiadas en la iglesia.

El motivo del genocidio fue el control de la zona, pues El Salado quedó en medio de la ruta de tránsito entre el Ejército, las guerrillas y las autodefensas.

A 17 años de esa operación de tierra arrasada, los tres mil habitantes de El Salado recuerdan el terror y la ausencia del Estado. Hoy esperan las ayudas prometidas para recuperar la riqueza agrícola de su poblado y así alejar a los jóvenes de las drogas.

La recaptura

Todas las zonas desocupadas por las FARC podrían ser retomadas por los paras. La oposición al proceso de paz –informada o manipulada– alienta disidencias para retomar vastos territorios dejados por sus antiguas organizaciones o vincularse al paramilitarismo, asociado a la mafia y el crimen trasnacional. La estructura para-mafiosa, “bacrim” (acrónimo de banda criminal) tiene presencia en no menos de 27 departamentos, advertía el director de la entidad Análisis Urbano, Fernando Quijano en febrero pasado.

De ésas, la Fundación Paz y Reconciliación señala a cuatro, aunque la más estructurada es la llamada Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) que conforman el Clan del Golfo y otras 27 más pequeñas. La Fiscalía General de la Nación contabiliza mil 500 que operan en ciudades con protección oficial. Todos esos nodos, al poseer territorio y poder militar serían incontrolables en la era del post-conflicto, alerta Quijano.

Para detener ese brote criminal, el presidente Santos decretó el fin del paramilitarismo y de las “bacrim”. Pero no resultó, pues el fenómeno paramilitar y delictivo en Colombia persiste.

Con ese gran poder de acción de los actores de la ilegalidad, de nada servirá la desmovilización de la guerrilla ni la cooperación internacional. Con esa recaptura, la derecha colombiana y sus sicarios apuntalan su poder territorial y sirven a Estados Unidos (EE. UU.) y a las corporaciones que dominan la economía extractiva del país.

Entretanto, el vicepresidente Óscar Naranjo salió al paso de la versión de que la desmovilización de las FARC aumentará los cultivos ilegales en el país, al afirmar que tras la firma de la paz, confía eliminar “para siempre” los cultivos de coca por medio de la erradicación. Tras años de seguir una estrategia impuesta a Colombia por EE. UU. en mayo de 2015 el gobierno suspendió las fumigaciones aéreas con glifosfato sobre plantaciones de coca, debido al daño a la salud humana de ese poderoso herbicida.

Y mientras Colombia se reinventa, la relación bilateral con México apuesta al pasado neoliberal y se centra en una alianza político-comercial. Sin credenciales éticas que la acreditaran para ese fin, la élite gobernante mexicana aspiró a mediar en el proceso de paz en ese país.

Los actores declinaron amablemente y propusieron centrarse en lo comercial. Aun así, México ha resultado ineficiente, pues importa más de lo que exporta. Solo en 2016 importó mil 968 millones de dólares, con lo que el déficit se mantuvo por quinto año. Aun así, los tecnócratas locales apuestan a consolidar la llamada Alianza del Pacífico, donde también será deficitario el país.