Chihuahua, otra vez señalado por organismos de derechos humanos

**Los crímenes en contra de la familia Reyes ocurrieron entre los años 2008 y 2011 y, hasta la fecha, ninguno ha sido resuelto.

La Crónica de Chihuahua
Enero de 2014, 22:37 pm

Por: Alejandro Salmón Aguilera

El caso de la joven holandesa asesinada en Juárez hace 15 años se suma a la ya larga lista -si fuera sólo un caso sería larga- de condenas, sentencias y recomendaciones en materia de derechos humanos que recibe el Estado Mexicano a causa de sucesos violentos e impunes ocurridos en Chihuahua.

Los 15 largos años de impunidad en torno a la homicidio que segó la vida de la turista holandesa Suzzane Van Nierop Hester habían motivado una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y llamadas de atención de diversas organizaciones civiles de México y de Europa. Todos esos señalamientos giraban en torno a la inacción de las autoridades de Chihuahua para resolver el caso y dar con el responsable de la muerte de la holandesa, cuyas causas serán siempre un misterio, pues ni siquiera se le practicó una necropsia con apego a los estándares criminalísticos internacionales, esto según lo señaló la CNDH.

Lo que menos puede presumir ahora la autoridad local es que ya esclareció el crimen, porque el presunto homicida fue enviado desde Estados Unidos para ser juzgado por el asesinato de la joven holandesa, allá por el año de 1998.

Es, como decíamos, una línea más en la lista, pues poco antes de la extradición del presunto homicida de Suzzane Van Nierop Hester, la misma CNDH había emitido una recomendación al Gobierno del Estado de Chihuahua para que resuelva los homicidios que terminaron con la vida de nueve de los miembros de la familia Reyes, incluida la activista pro derechos humanos, Josefina Reyes.

Todos esos crímenes en contra de la familia Reyes ocurrieron entre los años 2008 y 2011 y, hasta la fecha, ninguno ha sido resuelto. Tampoco se le han ofrecido garantías a los pocos sobrevivientes para que puedan regresar del exilio a su pueblo natal, Guadalupe Distrito Bravos.

Junto con ese caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había apresurado al Estado Mexicano a que emitiera la disculpa pública por el caso de la activista Marisela Escobedo, quien fuera asesinada el 16 de enero del año 2011 frente al Palacio de Gobierno.

A la lista se agrega el caso Campo Algodonero, que motivó una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la misma que sentenció al Estado Mexicano por el caso de Paloma Angélica Escobar Ledezma, la hija de la reconocida activista Norma Ledezma.

Se trata de una “colección” de hechos violentos ocurridos durante los cuatro últimos sexenios, la mayoría de los cuales no tiene una resolución final, y continuaron vigentes gracias a la insistencia de los familiares de las víctimas.

Todas esas son realidades que, como dicen los abogados, “obran en autos”, forman parte de sentencias nacionales e internacionales y en todas aparece el nombre de Chihuahua. No es, entonces, ni una “Leyenda negra” ni una campaña de desprestigio: son litigios perdidos por el Estado Mexicano a causa de la falta de respeto a la vida humana en el estado de Chihuahua.