Chihuahua, de alto riesgo para la libertad de expresión: CNDH

Por: Alejandro Salmón Aguilera

La Crónica de Chihuahua
Agosto de 2013, 19:20 pm

Al considerar que los agravios contra la libertad de expresión se mantienen en la completa impunidad, en la mayoría de los casos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió este lunes una serie de recomendaciones tanto a la PGR como a los gobiernos estatales para que apresuren la integración de expedientes y las investigaciones en torno a los homicidio en perjuicio de 98 periodistas ocurridos entre los años 2000 a julio del 2013.

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó este lunes la recomendación de la CNDH en la cual el mencionado organismo señala que las quejas iniciadas en los últimos años en relación con los casos de homicidios y desapariciones de periodistas, así como atentados a instalaciones de medios de comunicación, tienen el común denominador “de la falta de efectividad por parte de las autoridades encargadas de la seguridad pública para disuadir y evitar estas agresiones”.

Asimismo, se da a conocer el “ranking” de los estados con el mayor número de agravios a la libertad de expresión, donde Chihuahua aparece en el segundo lugar nacional, con 11 homicidios, dos desapariciones y dos ataques contra instalaciones de medios de comunicación.

El estudio abarca del 1 de enero de 2000 al 31 de julio de 2013, y forma parte de un trabajo de la CNDH denominado Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, el cual contiene los 842 expedientes de queja relacionados con violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de periodistas y medios de comunicación.

La CNDH señala además que del año 2001 a la fecha, las presuntas agresiones a los derechos humanos de periodistas se han, prácticamente, triplicado respecto de la primera década.

Advierte que la cifra es indudablemente mayor si se toma en consideración aquellos casos registrados por las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, además de los que no se denuncian.

En el período de referencia, se ha documentado la desaparición de 20 profesionales de la comunicación, así como 40 atentados a instalaciones de distintos medios de comunicación, hechos ocurridos en 24 entidades federativas de la siguiente manera.

En el rubro de homicidios en perjuicio de periodistas, Chihuahua ocupa el tercer lugar, con 11 casos, sólo superado por Veracruz y Tamaulipas, que tienen 12 cada uno, y por encima de Guerrero, que contabilizó 10.:

18. Las quejas iniciadas en los últimos años por la CNDH tienen el común denominador de la falta de efectividad por parte de las autoridades encargadas de la seguridad pública para disuadir y evitar estas agresiones, afirma el organismo encargado de velar por los derechos humanos de los habitantes del país.

Agrega que se han advertido distintas irregularidades durante la integración de las investigaciones de los delitos en contra de periodistas.

En ese sentido, hace mención a que el Ministerio Público apresura las investigaciones en cuanto sucede el hecho delictivo, pero en cuanto baja la presión social, prácticamente se olvida del caso.

La ausencia de resultados en la atención de los casos de agravios a periodistas y medios de comunicación, por parte de las autoridades procuradoras de justicia, así como de las encargadas de la seguridad pública en el país ha generado, en gran medida, que éstos queden impunes.

Este clima de impunidad se ha incrementado, de modo que, a julio del 2013van 85 comunicadores, otros 20 desaparecidos y 40 ataques contra instalaciones de medios periodísticos.

En todos esos casos, el Ministerio Público, encargados de llevar a cabo las investigaciones correspondientes, han omitido girar oportunamente los citatorios, órdenes de comparecencia, búsqueda, localización, investigación y presentación de personas clave para el esclarecimiento de los hechos, a fin de recabar sus testimonios, en tanto que, en ocasiones.

Por todo lo anterior, la CNDH emitió la recomendación al Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, así como a procuradores y fiscales estatales, a que giren instrucciones, a quien corresponda, a efecto de que, en cada caso, se realicen las diligencias respectivas para integrar una indagatoria eficaz, con objeto de agotar todas las líneas de investigación, incluyendo las relacionadas con la labor periodística en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión