Chihuahua, a “engomar” la ilegalidad

Artículo de Alejandro Salmón Aguilera

La Crónica de Chihuahua
Noviembre de 2010, 11:57 am

En enero del año 2009, cuando entró en vigor el famoso programa de “replaqueo”, una larga fila de dueños de automóviles se formó frente a las cajas de las recaudaciones de rentas del Gobierno del Estado a pagar, cumplida y hasta sumisamente, su derecho vehicular.

Ahí se podían ver, horas y horas, esperando con sus placas antiguas en las manos; su “folder” con los papeles de su auto y su cartera lista para desprenderse de unos 2 mil pesos o menos para cumplir con la ley y ponerle a su auto las placas de identificación.

Afuera, en la Plaza Hidalgo, otra fila, mucho, pero mucho más pequeña, también se formaba, pero no en derredor de las cajas para cumplir con la ley, no, sino en torno al Palacio de Gobierno, y más bien para no cumplir con la legalidad.

Era un “puñado” (si vale el termino para una fila) de dueños de automóviles de contrabando, a los que acertadamente se les llama “chuecos”, que pedían al gobernador Reyes Baeza que suspendiera los decomisos de autos de esas características.

El gobernador, tímidamente, suspendió los incipientes decomisos, pero no paró de cobrarle hasta 2 mil 523 pesos por canje de placas a los dueños de vehículos nacionales.

Así de inequitativo ha sido el trato en Chihuahua desde la década de los 80, cuando calles, carreteras y caminos vecinales se llenaron de automóviles de contrabando: los que compraron un auto nacional se condenaron a pagar año tras año tenencia y derecho vehicular, y periódicamente, el canje de placas. Los otros, ni las multas.

Luego, 20 años después, nos asombramos todos por la “cultura de la ilegalidad” que campea en el ambiente, cuando permitimos la circulación de vehículos cuyo origen era el delito, o el de robo o el de contrabando, o ambos.

Tan certeros estábamos todos de que ese auto era de origen ilegal, y de que su estancia en el país era producto de un ilícito, que hasta les llamábamos “chuecos”.

Hoy, el gobernador Duarte busca gastarse una parte de su capital político en atender a esos de la fila de la Plaza Hidalgo, a los que cada año hacen desmán y medio para que les regularicen lo que es de suyo ilegal.

A partir de este martes, el gobernador de Chihuahua irá con todo por la autorización del Gobierno Federal para identificar a los automóviles de contrabando, pero lo más seguro es que le den con la puerta en la nariz.

Así ha sido y así seguirá: el Gobierno Federal, llámesele Secretaría de Hacienda y Crédito Público; llámese Dirección General de Aduanas; díganle Secretaría de Economía, no entiende ni quiere entender el problema del cual son co-partícipes y ni les interesa resolverlo.

Lo peor del caso es que, como se dice en el argot beisbolero, “ni pichan, ni cachan, ni dejan batear”. Es decir: ni resuelven el problema, ni le dejan al Gobierno de Chihuahua al menos hacerle un remiendo.

El darle un engomado para identificar a los autos de contrabando no ha sido solución alguna; desde los tiempos de Fernando Baeza, cuando repartió engomados “rosas”, pasando por los engomados de Patricio Martínez, la famosa “identificación de autos” no detuvo el incremento de los índices delictivos y sí, en cambio, provocó que entraran más y más autos de contrabando.