Celeridad económica, morosidad democrática.

Javier Corral Jurado/ Columna Rotafolio

La Crónica de Chihuahua
Diciembre de 2013, 22:29 pm

Más allá del debate y la movilización social que abrirá en el país, tanto por su contenido constitucional como por las definiciones y decisiones que ha dejado a la legislación secundaria y la exigencia de ser sometida a consulta popular, la reforma energética ya ofrece escenarios ciertos sobre lo que podemos esperar de los principales actores políticos de México, en el devenir democrático y en relación con sus propios compromisos de reforma política.

Si la reforma energética y el trabajo reglamentario por venir coloca a Petróleos Mexicanos y a la CFE ante riesgos delicados y al sector en general ante un futuro incierto, la forma en que se procesó los cambios a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución nos dejan una certeza deplorable: la clase política gobernante y la parte del PAN que sigue aliada con el gobierno, no tiene como prioridad el fortalecimiento del sistema democrático, ni el combate a la corrupción. Las reformas político-electoral, del IFAI, del organismo anticorrupción, la reglamentaria de Telecomunicaciones y consulta popular, tienen otra voluntad distinta a la que se muestra en lo económico, y por lo tanto tienen otro ritmo en su aprobación.

La del IFAI y la político electoral caminan lentamente en las legislaturas locales, ninguna suma más de diez estados. La reforma anticorrupción sólo está aprobada en el Senado, los diputados cerraron el periodo cuatro días antes y la revisarán hasta febrero, si bien nos va. La de telecomunicaciones, la única que tenía plazo fijado por el actual Congreso se venció el pasado 9 de diciembre y no hay para cuando.

La reforma energética ha gozado de un tiempo récord en la historia del Constituyente permanente. Más allá de la socorrida vía rápida o fast track - cuando así conviene a los intereses del poder - el proceso ha sido indigno del Congreso de la Unión y de las Legislaturas locales. Las cámaras federales discutieron y aprobaron el dictamen y la minuta en 72 horas; 24 Congresos Estatales avalaron la reforma en cinco días, convocados de manera extraordinaria con horas de anticipación; la comisión permanente hizo la declaración constitucional el miércoles 18 de diciembre y el Presidente de la República la promulgó el viernes 20. Tres días antes de que se aprobara en el Senado, nadie conocía el proyecto de dictamen, ni siquiera los miembros de las comisiones encargadas de ello, según el testimonio de varios de ellos. Empezó a circular el sábado 7 de diciembre por la tarde. Y tampoco fue el que finalmente se aprobó, pues hubo un adendum en la misma sesión del pleno con la que inició la discusión. Se sometió a los legisladores a largas y nocturnas jornadas de discusión, por las prisas que impuso el Presidente de la República para aprobarla.

Este proceso confirmó una evolución en el Congreso hacia las peores formas y procedimientos en la discusión y aprobación de reformas legales, y duele mucho más cuando se trata de la Constitución. Se vulnera así, una de las instituciones más importantes del Estado mexicano que es el Poder Legislativo. Se ha venido haciendo a un lado la Constitución, la ley orgánica del Congreso, sus reglamentos. En la cámara de Diputados se cometió todo tipo de excesos: se obvió el turno a comisiones de la minuta enviada por el Senado, y se remitió directamente al pleno de los Diputados.

Las dos lecturas que prevé el reglamento, que tienen como propósito que los legisladores que no pertenecemos a las comisiones dictaminadoras tengamos un conocimiento con tiempo de sus contenidos, se ha venido negando en los hechos: en un mismo día, con intervalo de media hora, se abren dos sesiones y se inicia de inmediato la discusión. Y de ahí empieza la discusión ininterrumpida hasta la mañana del día siguiente. Y un Congreso que no duerme, casi nunca está despierto.

Es precisamente en estas formas donde se encuentra la falta de legitimidad de los representantes populares, aquí se encuentra una de las causas del desprestigio del poder legislativo.

El cinismo encuentra una explicación: dicen que estamos ante un debate abierto desde hace una década. Ahora resulta que pretenden substituir con la realización de foros de otras épocas o de la actual lo que es el verdadero debate parlamentario, que se basa en la discusión de los proyectos de dictamen, no en los discursos de los escogidos a esas mesas, o las presentaciones de power point, sino en los contenidos y la redacción puntual de los términos de una reforma.

La introducción del adendum de última hora fue un asunto muy delicado. Se trata de un acuerdo de los Presidentes de las Comisiones que modificaron artículos y transitorios sin conocimiento de las comisiones, lo que constituye una violación al reglamento del Senado. No es cierto que fuera el mismo caso de la Reforma Política; en ésta, las comisiones regresaron después del empate y se dieron a conocer y fueron votados los cambios que se propiciarían al dictamen, uno por uno, y luego se votó. Los Presidentes de las comisiones no pueden substituir a los miembros de las comisiones. Lo que sucedió es que a los senadores del PRD se le pasó ese tema, porque iban entrando al pleno, y se les jugó una bola rápida.

En ese anexo, se incluyeron aspectos muy delicados de ultima hora, cambios incluso en los artículos que ya habían sido aprobados en los comisiones. O sea, no continuaron donde se habían quedado, sino que aprovecharon y volvieron a hacer modificaciones a lo que ya estaba aprobado. Se reformó por ejemplo el 27 constitucional. Y muy preocupantes el transitorio cuarto que abrió la puerta a "otros" contratos. Igual el transitorio Octavo, negociado en la madrugada con las empresas mineras, incorpora la posibilidad de un doble concesionamiento a las actuales compañías.

Quizá lo que más pone en jaque a los reformadores energéticos y a sus impulsores en términos de su compromiso democrático, es la respuesta que han dado a la posibilidad de una consulta popular sobre la materia. Eso dibuja con trazos exactos hasta dónde llega la inconsecuencia y la incongruencia con sus propios dichos.

Hace tres años, con motivo de la reforma política promovida por el Presidente Felipe Calderón, se incorporó al Artículo 35 de la Constitución, como uno de los derechos de los ciudadanos, "Votar en las consultas populares", y se abrió la posibilidad para que los ciudadanos, "2% de los inscritos en la lista nominal de electores", la pudiera solicitar. También se incorporó las materias no consultables, entre ellas, los ingresos y gastos del gobierno.

Desde la nueva redacción que se incorporó en la reforma energética al artículo 27 constitucional, estaba claro que convertirían la materia en asunto fiscal, y no sólo de carácter estratégico para la vida de la Nación. Dice ahora el penúltimo párrafo del 27 constitucional recién promulgado: "Con el propósito de obtener ingresos que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará acabo las actividades de exploración y extracción mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con partículares, en los términos de la ley reglamentaria". O sea, se trata de ingresos, y éstos están atados a las concesiones. La reforma energética constitucional como parte de la ley de ingresos!!. Y esta es la base en la que se fincará la estrategia para negarle a los ciudadanos su derecho a ser consultados en esta materia.

Conociendo esto y las expresiones de algunos senadores de que "jamás les vamos a conceder la consulta en esto", es que al final de mi intervención en el Senado para razonar mi voto en contra llamé a que no se cerraran los cauces democráticos, hice votos porque no se le cerrara el paso a la impugnación de esta reforma por las vías legales y los mecanismos de participación ciudadana que incorporamos en la reforma política del 2011, y en la que fui dictaminador como Presidente de la Comisión de Gobernación..

Senadores y senadoras que se han apostado por las figuras de la democracia participativa, y que lo hicieron desde la pasada legislatura en la cámara de diputados, se convirtieron ahora en principales arietes para cerrarle el paso a la ley reglamentaria de la Consulta Popular. Adujeron todo formalismo posible y exigieron - en un prurito reglamentario insospechado -, cumplimiento de todos los requisitos procesales imaginados. Ese actuar contrastó con la celeridad y dispensa de trámites que mereció la reforma constitucional petrolera, para la cual ni chistaron. En esa maniobra para dilatar más tiempo la ley que posibilite la consulta popular, no sólo participaron senadores del PRI y PAN, sino también del PRD.

Pero resulta evidente, por los dichos y hechos, que ésta parte de la reforma política no pasa de ser una simulación, con la natural secuela de corrupción que trae aparejada toda simulación. Aunque haya ley de consulta popular, no la habrá sobre reforma energética.

Con todas sus letras así lo ha expresado el Presidente de Acción Nacional, Gustavo Madero: "El PAN le apuesta a la democracia y a la construcción de ciudadanía, por lo que la consulta popular debe ser un instrumento que debe ser aprobado en el próximo periodo de sesiones, para que sea utilizado desde la elección federal del 2015. Sin embargo, el Artículo 35 Constitucional no contiene las disposiciones que desean los que aspiran a derogar la Reforma Constitucional de los Artículos 25, 27 y 28 en materia Energética". "No aplica para materia de ingresos y gastos del Estado mexicano y tampoco para Reformas Constitucionales". "Hay quienes piensan que esta reforma energética afectará a los ingresos del Estado mexicano, porque el petróleo representa la tercera parte de los ingresos, entonces por el contenido y forma no hay elementos para derogar esta reforma por parte de la gente que cree que en 2015 se puede echar abajo por este mecanismo".

En muy poco tiempo se invirtió la condicionante panista de una reforma energética, por el ensanchamiento de las libertades y los derechos ciudadanos, que supone la reforma política. Tesis basada en aquel paralelismo doloroso del que hablaba José Angel Conchello: "hay injusticia económica, porque unos cuantos detentan el poder de compra; e injusticia política, porque unos cuantos detentan el poder de decisión. No puede haber democracia económica, sino existe la democracia política". Mientras no haya democracia política la actividad económica será a beneficio de los detentadores del Poder.

Gana terreno, de nuevo, el modelo economicista, sobre el fortalecimiento democrático. Un modelo por cierto definido y rechazado por nuestra plataforma panista 1994-2000: "un modelo elaborado por un grupo de técnicos que reciben aliento y aplausos de los únicos que se han beneficiado con su implantación, pero no es aplicable cabalmente, entre otras razones, por las diferencias culturales con nuestro país. Además, técnicos y dueños de grandes capitales pactan, junto con quienes detentan el poder político, decisiones que imponen a los trabajadores, empresarios y consumidores. Es un mal modelo, porque no asume el desarrollo económico como un proceso fundamentalmente humano. Es cierto que el problema no reside en algunas técnicas utilizadas, sino en el tipo de opciones conceptuales que adopta: privilegia los pesos y los equilibrios macroeconómicos, por encima de las personas y las angustias concretas de las familias mexicanas. Sólo se han tomado medidas en el aspecto macroeconómico, lo que ha provocado el mejoramiento de unos pocos, pero no el de la mayoría. Es verdad que la gran empresa está mejor que nunca, más los pequeños y medianos negocios han sucumbido o encaran riesgos de cierre".