Caso Nisman: la Tormenta perfecta

REPORTE ESPECIAL/ La Crónica de Chihuahua

La Crónica de Chihuahua
Marzo de 2015, 19:15 pm

/facebook @twitter
Nydia Egremy

La suma de factores que integran el llamado Caso AMIA se tradujo, al cabo de 21 años, en la imputación judicial de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Como novela de intriga, ahí está la acción de los servicios de inteligencia, la intención de dirimir en Argentina la pugna política entre Israel y Estados Unidos (EE. UU.) con Irán y Siria, así como un proceso judicial colmado de inconsistencias. A ello se suman la reciente muerte –aún por explicar– del fiscal del caso, Alberto Nisman, y el constante acoso opositor desde medios nacionales y extranjeros contra el Gobierno argentino, a unos meses de la elección presidencial.

Buenos Aires, 9:53 horas del 18 de julio de 1994: Una camioneta blanca Renault modelo Trafic, supuestamente cargada con 125 kilos de nitrato de amonio, explota en la puerta principal de la Asociación Mutual Israelita–Argentina (AMIA). El ataque deja 85 personas muertas y 300 heridas. Desde entonces Argentina es epicentro de un juego político-estratégico que, al tiempo que socava al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (CFK), mantiene oculta la verdad.

A 21 años del atentado, se desencadenó el mayor escándalo político del siglo en Argentina por la muerte del fiscal que investigaba esa causa, Alberto Nisman. A las 22 horas del 18 de enero pasado el cuerpo sin vida del fiscal fue hallado en su casa; ese mismo día, el magistrado debía ampliar la denuncia que presentara cuatro días antes contra varios funcionarios –entre ellos la Presidenta de Argentina y el canciller Héctor Timerman– por encubrir a los sospechosos iraníes del ataque a la AMIA.
Politizar la tragedia

Mientras se esclarece el fallecimiento, que la fiscal Viviana Fein ha llamado “muerte dudosa”, raudo y veloz, el nuevo fiscal del caso AMIA, Gerardo Pollicita, cursó la denuncia de su antecesor e imputó a la Presidenta argentina por encubrimiento de terroristas. A decir de la Presidenta, se trata de una maniobra de desestabilización antidemocrática, pues el fiscal no aportó pruebas o indicios que acrediten que ella o alguien de su Gobierno evitaron la búsqueda y captura de los sospechosos iraníes en el ataque.

Detrás de esa imputación estarían la derecha recalcitrante, un sector de la justicia, miembros de la Secretaría de Inteligencia (SINA), la oposición política y los medios hegemónicos –los diarios Clarín y La Nación– para desestabilizar al Gobierno, al que sólo quedan 10 meses, e impulsar un cambio de régimen en Argentina.

Ése sería el objetivo de la reciente politización del Caso AMIA, sugiere el analista de la Fundación de Cultura Estratégica, Mahdi Darius Nazemoroaya. Aunque la Presidenta ha consolidado la economía y el poder político de Argentina, la oligarquía colaboracionista con EE. UU. persiste en la confrontación. Esa fuerza se opone a los grandes proyectos nacionales, como la renacionalización de las grandes compañías y el fortalecimiento de la rama ejecutiva del Gobierno.

Darius compara lo que llama “juegos de sombra” de la Presidenta con sus opositores y los que Vladímir Putin realiza desde que asumió la Presidencia de Rusia para contener a los oligarcas y políticos de su país que buscan subordinarlo a Wall Street, a Washington y al capital financiero de Europa. Esas mismas fuerzas son las que usan todos los recursos para debilitar el Gobierno de CFK, acusada por la oposición interna y EE. UU. de “destruir la democracia.”

Esa quinta columna, integrada por cuadros de la dictadura y colaboradores de EE. UU., busca que Washington se involucre en el conflicto político interno. Así llevaron ante el Congreso de ese país a la vocera del Meridian International Center, Bonnie Glick, que el 4 de febrero sostuvo que el liderazgo de CFK “es tan corrupto que parecería que en complicidad con Irán habría estado tras el asesinato del fiscal”. Ellos están tras la propuesta de que una comisión de congresistas estadounidenses –entre ellos Marcos Rubio y Bob Meléndez– investiguen la muerte del fiscal; hecho que Argentina calificó de “gesto imperial”.

En ese convulso clima, al mes de la muerte de Nisman, se realizó el 18 de febrero una manifestación convocada, entre otros, por seis fiscales que en su tiempo participaron en la pesquisa AMIA. Días antes, agrupaciones de víctimas del ataque criticaron que con esa marcha la oposición capitalizara la muerte del fiscal y la transformara en repudio al Gobierno.

El líder del grupo 18J, Sergio Burstein se dolió por la actuación “deplorable” de los magistrados convocantes en la pesquisa del atentado. Diana Malamud, del grupo Memoria Activa, lamentó que “los que deben hacer justicia pidan justicia”. En tanto, el escritor ganador Mempo Giardinelli llamó a los fiscales convocantes “autoritarios, nostálgicos de la dictadura, antidemocráticos y golpistas”.

Los aludidos son Guillermo Marijuan, José María Campagnoli, Ricardo Sáenz, Germán Moldes, Carlos Rívolo, Raúl Plée y Carlos Storeli, a quienes se sumó Julio Piumato, líder del gremio opositor de trabajadores judiciales. En 2013, el Centro de Estudios Legales y el grupo Memoria Activa acusaron a Plée y Moldes por encubrimiento.

Presión y engaño

A lo largo de 21 años, la investigación del Caso AMIA transitó de Argentina a Irán, Siria, Líbano, Israel, EE. UU. y Alemania, entre otros. En su curso, hubo detenciones ilegales, allanamientos, testigos con identidad oculta que luego se retractaron; también hubo pago de sobornos y desaparición de cintas de escuchas telefónicas. Sin evidencia se ordenó la búsqueda y captura de decenas de personas y cuatro policías fueron a prisión ocho y 10 años para luego ser liberados y absueltos.

Surgieron dos líneas de investigación: la primera, que apuntó a la “Conexión iraní” promovida por Israel y la comunidad judía en Argentina –la más numerosa de América Latina y la quinta mayor del mundo– con respaldo de EE. UU., Afirmaba que el perpetrador del ataque fue el militante del grupo libanés pro iraní Hezbollá, Ibrahim Hussein Berro, de 29 años de edad. Pero Hezbollá se deslindó y afirmó que Berro fue muerto por el ejército israelí en Líbano.

Más tarde, otros dos fiscales del caso, Alberto Nisman y Marcelo Martínez Burgos, interrogaron en EE. UU. a los hermanos de Berro –que reiteraron su inocencia– ante la fiscal de Michigan, Bárbara MacQuade. Pese a ello, Nisman sostuvo la autoría de Berro cuando una testigo identificó su fotografía.

La segunda hipótesis apuntó a la “Conexión siria”, que atribuyó al entonces presidente argentino Carlos Saúl Ménem nexos con terroristas de origen sirio que atacaron la AMIA en represalia porque el mandatario canceló la venta de reactores nucleares a Siria. Nisman vinculó al empresario textilero Alberto Kanoore Edul –cuya familia procedía del mismo lugar en Siria que la de Ménem– por haber preguntado a un mecánico sobre el auto que explotó en la AMIA.

Una tercera hipótesis, pronto descartada, fue que la explosión ocurrió en el interior de la AMIA, pues las columnas del edificio se derrumbaron hacia el exterior lo que sugeriría que no hubo tal coche-bomba.

La “Conexión iraní” se sostuvo por la insistencia del ministro de Salud israelí, Efreim Sineh, de que la explosión en la AMIA era muy similar a la ocurrida el 17 de marzo de 1992 en la Embajada de Israel en Buenos Aires, cuya autoría se desconoce. A ello siguió la presión del Gobierno estadounidense –entonces a cargo de William Clinton–, la campaña mediática que alentó la percepción de culpabilidad de los iraníes y las marchas de repudio de la Sociedad de Judíos ante la Embajada de Irán en Argentina.

El entonces juez argentino responsable de investigar el Caso AMIA, Juan José Galeano, sostuvo que el ataque fue planeado y ejecutado por Hezbollá con apoyo de Irán. A pesar de que el ataque a la AMIA fue objeto de pesquisas propias del servicio de inteligencia exterior israelí Mossad, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Corte Suprema de Justicia argentina –a cargo de Alfredo Bisordi– no pudieron arrojar resultados concluyentes.

En todo el proceso, la comunidad y el Gobierno israelí tuvieron acceso a información secreta del expediente, como ocurrió en 2003, cuando el presidente Eduardo Duhalde ordenó a la inteligencia un primer informe del caso. La comunidad judía rechazó las pruebas e información del juez Galeano.

Como presidente, Néstor Kirchner se reunió en EE. UU. con 12 organizaciones judías y ofreció apresurar la pesquisa. El juez Galeano pidió detener a otros diplomáticos iraníes, entre ellos el exembajador en Argentina Hadi Soleimanpour, a la sazón en Durham, Reino Unido. La justicia británica no aceptó extraditarlo y lo liberó con fianza de 750 mil libras esterlinas; más tarde, esos tribunales –considerados los más independientes del mundo por el entonces canciller argentino– declararon inocente a Soleimanpour, cerrando el caso.

Por ofensas a su honor, el Gobierno iraní reclamó 180 mil libras de indemnización, a lo que accedió el Tribunal Supremo de Gran Bretaña y un año después solicitó a la Interpol liberar a sus 12 ciudadanos detenidos en Argentina. En 2005, esa instancia policial aceptó cuando su secretario, Ronald Noble, afirmó que el juez argentino (Galeano) que ordenó esas detenciones había sobornado a un testigo para incriminar a los iraníes.

Sin nuevas pistas, la pesquisa continuó bajo presión. En EE. UU., la comunidad judía acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA); en Argentina, las familias de víctimas rechazaron la absolución de los sospechosos iraníes. Entonces, el juez Galeano había sido acusado por la justicia de su país de falsear datos.

Nisman y EEUU

La investigación de la AMIA también transitó entre varios gobiernos y fiscales. El filósofo y politólogo Carlos Escudé sostuvo en 2013 que con motivaciones diversas, Ménem, De la Rúa y Duhalde impidieron el avance de la causa. Pero no los Kirchner, que levantaron el secreto de la Secretaría de Inteligencia de Estado (Side), pidieron a Interpol detener a los sospechosos y en seis sesiones ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas denunciaron a Irán.

Los fiscales que relevaron a Galeano en la Unidad Fiscal de Investigación (FIS), Nisman y Burgos, reiteraron la culpabilidad de Ibrahim Berro como el suicida que atacó a la AMIA con apoyo de Irán. Así, pidieron la detención del expresidente iraní Alí Akbar Hashemi Bahramaie Rafsanjani, el exministro de Inteligencia, el excanciller, el excomandante en jefe de los Guardianes de la Revolución, el comandante de las Fuerzas Qods, el exasesor cultural de la Embajada iraní en Buenos Aires, otro diplomático iraní, así como el exjefe del servicio de Seguridad Exterior de Hezbollá.

En febrero de 2011 un cable filtrado por WikiLeaks al diario Página 12 reveló que EE. UU. presionó al fiscal Nisman para no investigar al expresidente Ménem y desviar la pesquisa para que Irán apareciera como responsable del ataque. Esa información volvió a la escena justo tres días antes de la extraña muerte del fiscal del Caso AMIA.

El 15 de enero, en su artículo Nisman en WikiLeaks; el periodista Raúl Kollmann, de Página 12, publicó: A lo largo de los años, el fiscal Alberto Nisman no hizo más que dejar rastros de su alineamiento con EE. UU.; en cables de esa embajada en Buenos Aires hay decenas de informes de visitas del fiscal a esa sede donde discutía la orientación de la causa, se disculpaba por no avisar de las medidas que tomaba y les enviaba documentos antes de presentarlos a la Justicia.

Otro cable de 2011 mostró el enojo de los estadounidenses ante Nisman y le insistían: “No hay que orientarse a la pista siria ni a la conexión local”, porque debilitaría el caso internacional contra los acusados iraníes. Kollmann agrega que la Oficina Legal de EE. UU. –eufemismo del FBI– instruía así al fiscal.

Esa subordinación se confirma con la entrevista del portal español El Mundo.es a Santiago O’Donnell, quien recibió de Julian Assange dos mil 500 cables reservados sobre Argentina. Ahí se lee que a finales de 2007, Nisman presentó en la sede estadounidense el borrador de una solicitud a Interpol para capturar a los sospechosos iraníes, pero los estadounidenses le pidieron ampliarla por no considerarla bien argumentada; dos meses después, Nisman se las mostró y recibió la aprobación.

En tres cables de mayo de 2008, se leen las disculpas de Nisman por no informar a la legación estadounidense con anticipación su solicitud de captura al expresidente Ménem por presunto encubrimiento del atentado. Nisman sugirió discutir los “pasos siguientes” en el caso, con el embajador Earl Anthony Wayne, sostiene O’Donnell. Ése es el hombre que murió el 18 de enero y causó la Tormenta Perfecta en la que hoy se imputa a Cristina Fernández.

El futuro de Argentina pasa por la verdad del Caso AMIA, el fin de la desestabilización a la que contribuye la mezquina oposición interna aliada con el gran capital financiero y la presión estadounidense, naturalmente también urge develar la causa del deceso del fiscal Nisman.