CIDH ortorga medidas cautelares a lideres barzonistas

En el contexto de impunidad y violencia extrema en el Estado de Chihuahua

La Crónica de Chihuahua
Noviembre de 2012, 14:00 pm

Chihuahua, Chih.-
Este 6 de Noviembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó las Medidas Cautelares MC-388-12, a favor de la y los líderes de El Barzón en Chihuahua. Según la solicitud de medidas cautelares, dichas personas iniciaron un movimiento de defensa del derecho humano del agua y del medio ambiente en la localidad de Benito Juárez, en el municipio de Buenaventura, Chihuahua, por la sobre explotación de aguas subterráneas y superficiales; con la apertura indiscriminada de pozos para la extracción del recurso, en zonas vedadas por decreto presidencial.

También, las y los defensores de derechos humanos se oponen a la apertura de la minera El Casbel, subsidiaria de la empresa canadiense Mag Silver, debido a que violentan las leyes agrarias y de cuidado del medio ambiente.

La problemática fue denunciada por la propia organización de El Barzón a las autoridades estatales y federales, además solicitaron medidas de protección ante las amenazas de muerte, que finalmente fueron cumplidas el 22 de octubre con el asesinato de Ismael Urrutia y Manuela Solís, líderes de El Barzón.

Ante la omisión del Estado Mexicano para brindar protección, familiares y líderes campesinos de El Barzón y ante la inminencia del riesgo, solicitaron medidas cautelares urgentes ante la CIDH órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano.

La CIDH consideró la situación de gravedad y urgencia, para prevenir daños irreparables otorgó las Medidas Cautelares fundamentadas en el artículo 25.2 de su reglamento, y solicitó al Estado Mexicano que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad física de los lideres de El Barzón, que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y beneficiarias, y sus representantes; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de dichas medidas.

En el contexto de impunidad y violencia extrema en el Estado de Chihuahua y ante la intervención de grupos criminales en el conflicto, existe una probabilidad razonable de que las amenazas se materialicen en la vulneración de derechos humanos que resultan de imposible reparación, como lo son la vida, la integridad y seguridad personales.