Autonomía plena al IFAI, las resistencias

Javier Corral Jurado/ Columna Rotafolio

La Crónica de Chihuahua
Agosto de 2011, 08:49 am

En el sexto congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos, celebrado este fin de semana en Mérida, Yucatán, me he pronunciado por saldar una deuda que el Congreso de la Unión tiene con la sociedad mexicana en materia de transparencia y acceso a la información pública: dotar de plena autonomía constitucional al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Soy partidario del esquema de autonomía constitucional para otras funciones públicas (Telecomunicaciones, Ministerio Público y Auditoria Superior de la Federación), pero ahora sólo me constriño al IFAI, pues me parece esencial concluir con el ciclo de absoluta independencia de ésta institución con los poderes de la Unión.

Si la legislación sobre el derecho de acceso a la información pública gubernamental representa uno de los cambios estructurales más importantes de nuestra transición democrática en la relación del ciudadano con el poder, la autonomía del IFAI aseguraría la plena libertad de actuación de esta conquista social fundamental.

Discrepo de quienes ven en el esquema de las autonomías un desmantelamiento del Estado. Los órganos constitucionales autónomos son esa redimensión de la tradicional división de poderes que, conforme el proceso democratizador de México, se fue perfilando en la propuesta de Reforma del Estado que visualizó la necesidad de nuevas formas de ejercicio de las funciones públicas, sobre todo de las llamadas emergentes, y que tuvieron como propósito esencial, al igual que en otras partes del mundo, la tutela de derechos humanos, incluso a través del surgimiento de verdaderos organismos jurisdiccionales.

Hay que recordarlo, ahora que empezamos a presenciar una especie de arrepentimiento sobre los primeros pasos que hemos dado en la autonomía constitucional de ciertos organismos públicos, y el letargo que ha significado concretarla para otros.

Del anhelo de la Reforma del Estado, entendida ésta como una redistribución de funciones, facultades y recursos entre niveles de gobierno y poderes de la unión, surgieron ocho propuestas de autonomía constitucional para órganos reguladores. La del Banco de México. La del IFE. La de los Derechos Humanos. La del INEGI, Las Telecomunicaciones, El Ministerio Público, La Auditoria Superior de la Federación, y el IFAI. Otros estudiosos agregan otras funciones, la Competencia Económica y la Energía.

Esta visión buscaba fundamentalmente una recomposición interna del aparato estatal por parte de una sociedad exigente, que pretendía controles más severos hacia los órganos y sus titulares, en un ejercicio en donde “lo democrático” como lo afirma nuestro paisano José Luis Caballero, también “dignifica por igual a las personas que, como gobernados, pueden exigir cuentas y responsabilizar a los que, representándolos, ejercen el poder político”. De ahí surgen los “órganos constitucionales autónomos”, cuya característica fundamental es precisamente su pertenencia al Estado pero sin depender de ninguno de los tres grandes poderes.

Pero en el caso de nuestro país, ese rediseño tuvo como una de sus principales razones la necesidad de enfrentar los defectos perniciosos de la partidocracia, entendido éste fenómeno como la supremacía del interés partidista sobre los intereses colectivos o el interés general, y por supuesto la especialización técnico-administrativa, el cumplimiento de funciones que no deben estar sujetas a la coyuntura política pero que son parte de las atribuciones naturales del Estado y, a manera de referencia, en el caso de la materia electoral, la necesidad de contar con garantías de imparcialidad en los procesos comiciales.

Sin embargo, ese viento reformador se detuvo, no sólo la idea de las autonomías se ha ido dejando a un lado, la misma idea de Reforma del Estado fue abandonada por prácticamente todos los actores políticos. Fiel reflejo del agotamiento de nuestro régimen político, y de una clase política que ya no da para más.

Dos razones lo explican: Por supuesto, la ausencia de líderes reformadores en el congreso, dispuestos a jugar los riesgos políticos de sus propias reformas, como lo han hecho los artífices en cualquier ejemplo de transición verdadera en algunos países de Europa o América Latina.

Vulnerable la política por sus faltas bien acreditadas, y el desprestigio creciente por la misma causa de su inacción, fue amenazada, chantajeada y en no pocas materias, secuestrada por los poderes fácticos, particularmente el del dinero privado y el de la televisión, que son casi la misma cosa.

Hay otra razón que atañe directamente a los organismos públicos autónomos; la constitucionalización de estos órganos no ha traído aparejada una teoría que explique su naturaleza jurídica, y en segundo lugar, porque en la designación de los integrantes de varios de éstos órganos, se ha vuelto a introducir el mal que se pretendía combatir: la imposición de cuotas partidistas, que terminan minando los méritos esenciales que reclama la autonomía, entendida como libertad, y la especialización sobre funciones públicas emergentes. Y ésta concepción había sido la idea motor de no hacerlos depender de los poderes de la unión.

Al momento en que se les ha retrasado a otras funciones, su autonomía constitucional –señaladamente la del MP y la ASF–, están puestos en marcha duros embates contra la autonomía del IFE, y una enorme resistencia a que la conquiste el IFAI.

Veo en el Congreso una especie de acuerdo tácito por quedarnos con la figura de la desconcentración, y si mucho de la descentralización. La reforma política aprobada por el Senado sólo pretende que esa Cámara participe en el nombramiento de los titulares de los órganos reguladores de la Competencia, las Telecomunicaciones y la Energía, pero no modifica su estructura jurídica.

Si bien la desconcentración administrativa favorece la especialización del ente para prestar el servicio público respectivo, éste no se desvincula de las atribuciones del órgano superior, como acontece, a manera de referencia en el caso de la actual Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Por otra parte, la figura de organismo descentralizado permite que el ente administrativo goce de la autonomía necesaria para regular cierto sector con mayor libertad y con menores injerencias políticas, como en el caso del IFAI.

Pero aún cuando los descentralizados gozan de mayor autonomía, continúan subordinados a la administración centralizada de una manera indirecta, existiendo reemplazo de la “relación de jerarquía” por un “control administrativo”, y cada aprobación del presupuesto federal lo demuestra contundentemente.

La existencia de los organismos constitucionales autónomos se justifica pues en la necesidad de que los poderes tradicionales dejen de desempeñar el doble papel de juez y parte, de que el ejercicio de ciertas funciones se desvincule de los intereses políticos, de que se eviten o controlen los excesos y abusos de los funcionarios públicos, de los partidos políticos y de los grupos de interés nacionales y trasnacionales.

Una institución, cuando actúa sin libertad (sin autonomía) y es controlada por otros o es incapaz de reflexionar y actuar en función de sus propias responsabilidades y atribuciones, es decir, cuando no cuenta con la fuerza suficiente para hacer valer por encima de presiones externas su libertad, traiciona los principios de la autonomía y daña sustancialmente la necesaria legitimidad y credibilidad en que debe sustentar su trabajo un órgano autónomo.

La autonomía del IFAI se presenta como un reto para el Congreso de la Unión, en el tramo final de su ejercicio constitucional. Pero no será nada sencillo, pues frente a esta pretensión hay una resistencia que atraviesa a los distintos partidos. Un ejemplo de ese camino cuesta arriba es el atorón que se le provocó al dictamen que en el mes de abril aprobó la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, con varias reformas a diversos artículos de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental que hacen avanzar el derecho de acceso a la información, refuerzan el sistema de rendición de cuentas y fortalecen la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Pese a ello, existen reticencias en las otras dos comisiones a las que fue turnado el dictamen –la de Justicia que preside el Dip. Humberto Benitez Treviño (PRI) y en la de Función Pública que preside el Dip. Pablo Escudero (PVEM)–, en virtud de una sui generis coalición de funcionarios públicos y actores políticos, ya que se ha desatado una presión inusitada por parte del Sistema de Administración Tributaria y de la SHyCP, con el paradójico apoyo de diputados del PRI que, pese a que votaron a favor en la Comisión de Gobernación, en las otras dos comisiones han pedido el aplazamiento de su votación y piden tiempo “para estudiar mejor el dictamen”.

Así, la parte que ha resultado más molesta para ese sector de la burocracia federal y sus legisladores aliados, es la prohibición para los sujetos obligados de invocar los secretos fiscal, bancario y fiduciario, cuando en éstos se encuentren involucrados recursos públicos federales, salvo el caso de las instituciones de crédito o de autoridades fiscales; actualmente esta disposición está prevista en lineamientos expedidos por el IFAI.

Otro de los asuntos que mantiene en pie de guerra al SAT en contra del dictamen de la Comisión de Gobernación es que se amplían las facultades del IFAI para verificar el cumplimiento en general de la Ley, y para establecer los criterios que sean necesarios en materia de acceso a la información, clasificación de documentos, organización y conservación de archivos administrativos, esto último en coordinación con las autoridades responsables en materia de archivos. Y sin duda el aspecto más relevante lo constituye el determinar que en el ámbito de las dependencias y unidades administrativas las resoluciones del IFAI serán definitivas e inatacables. Obviamente cualquier particular podrá impugnarlas mediante juicio de garantías ante el Poder Judicial de la Federación.

La propuesta de adicionar al artículo 59 de la LFAIP, el término “inatacable”, tiene que ver precisamente con avanzar en el grado de autonomía e independencia de esta autoridad. Muchas decisiones de transparencia y resoluciones de información están siendo combatidas por el SAT en el Tribunal Fiscal y de Justicia Administrativa, que depende del Poder Ejecutivo, y en el que se pone de relieve el doble papel de juez y parte. Y precisamente por hechos como el que señalo se hace necesario que el Congreso dote de esa plena autonomía constitucional al IFAI.

Para una crisis de inseguridad como la que vive México, nada mejor que la independencia y autonomía del Ministerio Público. Para una concentración monopolica de las telecomunicaciones, duopolica de la televisión y oligopolica de la radio, nada mejor que la autonomía de la Cofetel. Para una recuperación de la confianza ciudadana en sus instituciones y un nuevo impulso a la transparencia, nada mejor que la plena autonomía del IFAI. Y para un remedio en serio contra el dispendio, la opacidad, los subejercicios y la corrupción en el gasto público, nada mejor que un órgano realmente superior de fiscalización, que sólo lo será superior, si es autónomo.

POSDATA.- Ayer dejó de existir físicamente Martha Uranga de Herrera, ciudadana, chihuahuense y panista de enorme entrega y compromiso social. Vivirá espiritualmente siempre con nosotros. Siempre veremos el brillo de sus ojos, su amabilidad hecha sonrisa, su cariño inconmensurable.

No atino a encontrar la palabra que la defina, porque ella significó muchas cosas para muchos, pero esencialmente fue mujer excepcional y pilar familiar. Porque fue hija amorosa, pudo ser madre generosa de Luis y Francisco; esposa ejemplar y solidaria de Luis Herrera González; amiga leal, siempre con la mejor actitud en todo tiempo y circunstancia. Una sonaja de alegría y canto permanente a la vida.

Martha se dedicó, durante una buena parte de su militancia, a las tareas de formación y capacitación en el Partido. Es que abrazó –combinándolo siempre con sus deberes familiares– el estudio de la filosofía como pocas entre su medio y para su edad. De ahí que fuera mujer de ideas avanzadas, las que sabía defender con la virtud de la mesura, y de la paciencia Fue feminista, sin caer nunca en la contradicción. Dios nos ha regalado a Cinthia Aideé y a mí muchas oportunidades en la vida, y contamos entre ellas, la dicha de haber conocido y querido a esta mujer extraordinaria. Que en paz descanse.