Auditoría Superior no ha aplicado una sola sanción desde 2007

Por: Alejandro Salmón Aguilera

La Crónica de Chihuahua
Junio de 2013, 14:20 pm

Todo el trabajo de auditoría a los diversos organismos públicos, el cual cuesta anualmente casi 100 millones de pesos, no ha derivado en ni una sola sanción, pese a que las entidades públicas ejercen anualmente más de 80 mil millones de pesos, según cifras de la ASE.

Las irregularidades cometidas con el uso de recursos públicos no ha costado sanciones a nadie en los últimos cinco años, pese a que existen observaciones concretas de la Auditoría Superior del Estado (ASE) para que se castiguen esas prácticas ilegales por la vía administrativa o, en algunos casos, por la penal.

En los últimos 20 años, no se han aplicado más de cinco sanciones, según confriman fuentes de la ASE. Lo más frustrante para los auditores, nos dicen las mismas fuentes, es que ellos encuentran la irregularidad, la documentan, la informan y a final de cuentas, el Congreso o la Contaduría del Gobierno del Estado le "perdona la vida" al funcionario que desvió recursos.

Son un total de 82 “Acciones de responsabilidad”, como los denomina la ASE, las que se han señalado desde el año 2007, pero ninguna ha terminado en una un castigo, sea administrativo o penal, a quien o quienes hicieron mal uso del dinero o los bienes de presidencias municipales, del gobierno estatal o de los organismos descentralizados.
Lo anterior esta detallado en el informe que entregó la ASE al Congreso del Estado el pasado 12 de marzo, donde se detallan las acciones realizadas y las irregularidades que se encontraron después de practicar revisiones de cuenta pública.

Al respecto, el diputado juarense Gabriel Flores Viramontes (PRI) reconoció que la aplicación de sanciones a funcionarios no ha corrido con la celeridad necesaria, tanto en la Fiscalía General del Estado como en la Contaduría General del Gobierno.

Señaló que, si no existen sanciones por esas prácticas irregulares, se corre el riesgo de fomentar la impunidad y, por lo tanto, el mal uso de los recursos públicos.

Algunas de esas observaciones datan del año 2007 y aún aparecen en el informe de la ASE como “en proceso”. Otras más, de tipo penal, aún están en la FGE como “Bajo investigación”.

Del total de sanciones, cuatro datan del año 2007 y son del orden administrativo; otras cuatro son del 2008: dos administrativas y dos penales; seis más datan del 2009, de las cuales cinco implican responsabilidad penal.

Del resto, 48 faltas fueron detectadas en el año 2010, tres de ellas con responsabilidad penal, y en el 2011, 20 más, todas administrativas.

En el documento entregado por la ASE al Congreso del Estado, titulado “Informe que guarda la Auditoría de la cuenta pública estatal, municipal y de los estados financieros de los organismos descentralizados de ambos niveles de gobierno, así como las acciones de responsabilidad iniciadas y su estado” se indica que todas están “en proceso” y ni una sola ha derivado en sanciones.

Gabriel Flores Viramontes comentó que los únicos funcionarios que se han acercado a rectificar las irregularidades detectadas por la ASE son ex alcaldes que buscaban volver a postularse para el cargo, y eso para cumplir los requisitos que marcaban las convocatorias de su partido y las de la misma legislación electoral.

El legislador señaló que, en el caso de las faltas administrativas, se establecen sanciones pecuniarias para que el funcionario señalado reestablezca el dinero mal utilizado, o de lo contrario, se proceda penalmente contra él.

Sin embargo, al no existir sanción, no devuelve el dinero ni se le castiga de forma alguna, dijo.

Para corregir esa lentitud, los tres miembros de la Comisión de Fiscalización, así como el titular de la ASE, decidieron trabajar en una iniciativa de reformas para que sea el mismo Congreso quien tenga facultades para aplicar las sanciones, “de manera directa, sin tanta burocracia”.