Aprobó el Congreso una “Ley Estatal de Víctimas” donde no existen las víctimas

**Se aprobó con un año de retraso y entrará en vigor con otro año más de retraso, ya que se le impuso un artículo transitorio para que entre en vigor hasta el 2016

La Crónica de Chihuahua
Julio de 2015, 08:25 am

Por: Alejandro Salmón Aguilera/ ahoramismo.mx

Casi pasó desapercibida por la sociedad chihuahuense, la aprobación de la Ley Estatal de Víctimas, porque fue aprobada justo en la misma sesión donde diputados panistas, priistas y pro-priistas se liaron a habladas, gritos y sonidos de matraca por la aprobación de las reformas electorales.

Para empezar, vale apuntar que la Ley estatal de víctimas en Chihuahua fue aprobada con un año de retraso en la entidad y entrará en vigor con otro año más de retraso, ya que se le impuso un artículo transitorio para que entre en vigor hasta el 2016 para no alterar el presupuesto del 2015 destinado para atender las víctimas de violaciones a los derechos humanos y del delito.

Enfrascados los jaloneos por los cargos de elección que estarán en juego a partir de este diciembre, los integrantes de la actual Legislatura cometieron un acto que bien podría constituir un agravio para la persona que ha sufrido las consecuencias de la inseguridad: el hecho de quedar bajo la tutela de la Fiscalía General del Estado.

El nuevo organismo descentralizado denominado “Comisión Estatal de Víctimas”, cuya función es garantizar que éstas tengan derecho a la justicia, a la reparación, al conocimiento de la verdad de los hechos; a participar en los procesos y a no ser criminalizados, quedó como una dependencia de la FGE, cuando es ésta la responsable de la victimización, pues no cumplió con la obligación del Estado Mexicano de garantizar la seguridad y la integridad de las personas.

De hecho, prácticamente bajaron de nivel el acto y efecto de reparar el daño a las víctimas del delito, pues con la legislación mencionada desapareció la Fiscalía de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito, para convertirse en una “Comisión”, que tendrá el mismo personal y los mismos recursos, pero sin estar orgánicamente a la altura que tenía antes. Lo grave del caso es que esa Comisión no tiene presupuesto asignado ni existe un parámetro para medir cuánto se le ha de aportar en el Presupuesto de Egresos del 2016.

La ley contempla que la comisión Estatal de víctimas tendrá a su cargo un registro de víctimas, un fondo para las víctimas, así como un grupo de abogados que se dedicarán a asesorar legalmente a las víctimas para garantizar su derecho a la justicia, a la reparación, a la investigación y sanción a los responsables y dar todo tipo de asistencia.

Todo ese personal de auxilio estará bajo las órdenes del fiscal General del Estado, lo cual en sí mismo es una contradicción pues es esa parte del Gobierno la que doble-victimiza a los ciudadanos cuando no resuelve los casos de delitos ni procura adecuadamente la justicia.

Esto es, que las víctimas de tortura, vejaciones, incomunicación será cuidados por la misma dependencia donde trabajan los malos agentes policiales que podrían haber incurrido en ese tipo de actos.

Y aunque en muchos párrafos la legislación estatal próxima a entrar en vigor es una copia fiel, un “Copy paste” de la Ley General de Víctimas, se omitió el Capítulo V, donde precisamente a las víctimas se les dota de reconocimiento como tales y por tanto, tienen derecho a recibir apoyo y asesoría del Estado: a conocer las verdad histórica del delito cometido o violación a sus derechos; a manifestarse públicamente para exigir justicia; a no ser criminalizado; a exigir al estado mexicano el cumplimiento de los tratados internacionales; a ser protegido de si mismo y de los demás; etc.

Es decir, en Chihuahua las víctimas no tienen derechos. Lo único que hará la mencionada Comisión Estatal de Víctimas es “proponer políticas” para que a las personas se les respeten sus derechos como afectados por el delito. “Proponer políticas” no significa necesariamente crear derechos.

Si así queda el texto, entonces en Chihuahua las personas vejadas no tienen derechos que pueden exigir. Pero a cambio, tienen autoridades de “buena voluntad” que, si tiene recursos y personal suficiente para hacer la gestión, en una de esas y sí le dan trato de víctima.

En ese sentido, tal pareciera que la reparación del daño se puso al mismo nivel que la entrega de despensas por parte del DIF o de cobijas en época de frío, y que no hay obligación alguna del Estado en ayudarle. Es una dádiva pues.