Antorcha y la batida mediática contra los “intocables”

Aquiles Córdova Morán

La Crónica de Chihuahua
Marzo de 2013, 09:51 am

Dije en mi artículo anterior que la acusación de enriquecimiento ilícito de los dirigentes antorchistas, gracias al desvío masivo y constante de los recursos que los tres niveles de gobierno entregan para apoyo, obras y servicios destinados a los grupos más marginados del país, es una afirmación dolosa y falsa que carece en absoluto de cualquier sustento en los hechos; y que es, además, imposible desde el punto de vista del discurso simplemente porque tales recursos jamás se entregan en efectivo, ni a los líderes ni a los grupos, sino en especie y a cada destinatario, y que cuando se trata de la ejecución de obras, es siempre el gobierno o una empresa directamente contratada por él quien se encarga de la ejecución. Dije además que esto lo sabe perfectamente, por razones obvias, toda la burocracia encargada de su aplicación, incluidos en primer lugar los señores gobernadores, actuales y pasados (lo que vuelve imposible todo falseamiento de los hechos en interés de quien sea); y que todos ellos reconocen, además, la escrupulosidad con que los antorchistas conducen este tipo de operaciones, lo mismo que repito hoy.

Pienso que es por todas estas verdades que la campaña actual de desprestigio y amenazas que, sin lugar a dudas, está siendo orquestada, sustanciada y pagada por el gobierno del Estado de México, se está recargando casi exclusivamente en el señalamiento de que el “gran negocio está en la venta de lotes” llevada a cabo por “esos vivales”, aprovechándose de la necesidad de muchos de contar con una vivienda propia. Se acusa a los líderes antorchistas de vender “lotes a precios bajos” cuando en realidad deberían entregarlos gratuitamente, puesto que a ellos no les cuestan “ni un solo peso” los terrenos que reparten. A renglón seguido (tal vez sin reparar en que, con tales “argumentos”, se exhibe la mano que paga y mueve los hilos), se acusa a los antorchistas de “obligar al gobierno”, mediante “la extorsión y el chantaje”, a introducir los servicios básicos en los asentamientos humanos fundados por ellos para beneficio exclusivo de sus bolsillos, sin importar sus elevados costos debidos a la distancia o a la difícil topografía del asentamiento.

Como dije también en mi artículo anterior, no tiene sentido discutir ni refutar puntualmente todo este cúmulo de necedades y calumnias, simplemente porque quienes las suscriben y publican no lo hacen por convicción ni en uso de su libertad de información y de opinión, sino bajo el dictado de quien ordena y financia la campaña, razón por la cual resulta una estupidez pensar que puedan retractarse de las mismas, por contundentes que sean los argumentos que se les opongan. Pero sí creo necesario hacer ver al señor gobernador del Estado de México y a sus funcionarios y operadores políticos involucrados en todo esto, la obligación que tienen con la moral y la salud pública de aportar todas las pruebas fácticas, jurídicas y lógicas que apuntalen y demuestren, sin dejar ningún resquicio a la duda racional, el supuesto fundamental sobre el cual descansa su acusación, y sin el cual todo el edificio de su argumentación se derrumbaría como un castillo de naipes. ¿A qué supuesto básico me refiero? Al que sostiene que los terrenos que “venden” los antorchistas a la gente provienen, o bien de una invasión, de un despojo arbitrario a sus propietarios legalmente reconocidos, o bien de una donación gratuita del gobierno para sacudirse el “chantaje” de los dirigentes vividores. Es precisamente esta gratuidad, nacida del despojo y del chantaje, la que vuelve ilegítimos los “ingresos” que se embolsan los líderes y las demandas ulteriores de servicios básicos para los asentamientos ilegales, que de otro modo serían una obligación elemental del gobierno hacia sus gobernados.

Para dar por demostrado este supuesto, hace falta puntualizar, una a una, las supuestas invasiones, con el nombre, la superficie y la ubicación del predio, el nombre del propietario y los títulos que acreditan su derecho de propiedad y, si fuere el caso, el número de la averiguación previa abierta contra los invasores; del mismo modo deberían puntualizarse las “donaciones gratuitas” del gobierno a los “vividores” de Antorcha. Y si los reporteros y columnistas, que tan alegremente lanzan sus graves acusaciones al aire, pueden eximirse de esta obligación sin ninguna responsabilidad para ellos, es obvio que no ocurre lo mismo con las autoridades del gobierno mexiquense, que ni siquiera pueden alegar dificultades materiales para obtener las pruebas necesarias. Si no lo hacen, y mientras no lo hagan, los antorchistas tenemos todo el derecho de pensar y de decir que somos víctimas de una campaña sin sustento que busca silenciar nuestra lucha, y que las amenazas sólo pueden entenderse como un acto represivo en contra de quienes se atreven a exigir sus derechos.

Pero los ataques mediáticos no se limitan a las imputaciones. El corolario infaltable es que Antorcha “es lo mismo” que la profesora Gordillo y que “otros líderes chantajistas y corruptos”, y que, puesto que a algunos de ellos ya se les aplicó la ley, la pregunta es: ¿y a los líderes de Antorcha cuándo? ¿Cuándo veremos tras las rejas a Jesús Tolentino o a Aquiles Córdova? ¿O ellos son intocables? ¿Acaso les tiene miedo la autoridad?, preguntan con una insidia feroz, tal vez a valores entendidos con la autoridad. A manera de respuesta a estos jueces oficiosos, que han hecho de los medios un tribunal inapelable para juzgar y sentenciar a los opositores al gobierno que les paga, digo aquí que los antorchistas jamás nos hemos creído intocables ni nunca hemos presumido de influyentes o poderosos; lejos de ello, siempre, desde nuestro surgimiento hasta el día de hoy, nos hemos sabido y sentido terriblemente vulnerables y, precisamente por eso, hemos sido extremadamente cuidadosos de que ninguno de nuestros actos caiga, ni siquiera por descuido, fuera o por encima de la ley. Una prueba irrefutable de esto es que, a pesar de la terrible guerra de acusaciones que hemos sufrido desde siempre, no hay un solo antorchista en la cárcel, convicto de alguno, de varios o de todos los delitos que se nos imputan.

Y éste es otro sólido argumento para afirmar que, hoy como ayer, no existe ningún motivo fundado para amagarnos con cárcel, acusándonos de delitos infamantes que no se demuestran de ninguna manera. En contraste, se ignoran olímpicamente nuestras denuncias, esas sí perfectamente fundadas, en contra del cacique camionero Axel García Aguilera, que sólo en lo que va del sexenio del Dr. Eruviel Ávila, ha ordenado el asesinato de seis antorchistas opuestos a su imperio camionero. Y el terror sigue y amenaza con ir más allá de toda prudencia y de todo recato en las formas: hace pocas horas fue baleado, con arma de grueso calibre, Carlos Enríquez Santos, secretario de desarrollo social del Ayuntamiento de Ixtapaluca, que preside la antorchista Maricela Serrano Hernández. El ataque fue a matar y el funcionario salvó la vida de milagro; pero lo peor del caso es que en Ixtapaluca todo mundo conoce nombre y apellido de los responsables de éste y otros atentados criminales, y sólo el gobierno del estado parece no estar enterado de nada o no darle importancia alguna a tanto abuso e impunidad de parte de gentes que presumen abiertamente de su cercanía al señor Gobernador. ¿Hasta dónde piensan llevar la ofensiva? El poco consuelo que queda a la ciudadanía (no sabemos por cuanto tiempo) es que nada de esto compagina con el gobierno democrático, tolerante y respetuoso del Estado de Derecho que el Primer Mandatario de la Nación ha prometido reiteradamente para bien de todos los mexicanos. ¡Tal vez sólo aquí haya alguna esperanza de justicia!