Amenazan abogados a familias con desalojarlas de viviendas

**De ser los dueños, ahora se sienten como invasores.


Amenazan abogados a familias con desalojarlas de viviendas

La Crónica de Chihuahua
Marzo de 2013, 19:28 pm

Ciudad Juárez, Chih.- La casa de Gustavo N. está flanqueada por tres viviendas desocupadas, una está a la derecha y dos, a la izquierda. Todas presentan condiciones de abandono y están semidestruidas.

En la acera de enfrente, por la calle Riberas de Montecarlo, hay al menos media docena más en esa situación, pero a su alrededor existen más de 3 mil desocupadas –de acuerdo con datos oficiales– que se localizan esparcidas por las nueve etapas de Riberas del Bravo, al oriente de la ciudad.

En medio de este escenario, Gustavo –nombre con el cual pide ser identificado este hombre de 37 años–, su esposa y tres hijos están a punto de ser echados a la calle.

De ser los dueños, ahora se sienten como invasores

La casa que compró hace 10 años y que por desempleo dejó de pagar hace más de 24 meses es reclamada ahora por presuntos abogados del Corporativo Quila, la empresa a la que el Infonavit vendió el año pasado 3 mil inmuebles de esa colonia para que sean comercializarlas otra vez.

“¿Oye ya desalojaste la casa?, me dicen casi a gritos. Tus hijos no tienen por qué ver esto, salte antes, para que cuando lleguemos nosotros tus hijos no vean eso. Desaloja la casa antes de que vayamos”, narra el hombre de 37 años, al evocar las advertencias de desalojo que le llegan por teléfono y que lo ubican como invasor de su propia vivienda

“Es desesperante que te hablen así... ¿a dónde me voy?”, afirma mientras esquiva la mirada de su mujer, que lo escucha recargada en la barra de madera que improvisó para dividir la cocina del cuarto de entrada, que su familia usa como sala-comedor y recamara.

Junto a su familia vive, al igual de cientos de personas en Ciudad Juárez, el amago del desalojo frente a miles de casas desocupadas, vandalizadas y arruinadas.

Pedro Quintanar, de Corporativo Quila, afirma que no es el procedimiento que siguen al recibir las viviendas para su comercialización; en tanto, la subdelegada del Infonavit Martha Moreno afirma que es totalmente irregular que los habitantes de esas viviendas reciban llamadas para pedirles que la abandonen las viviendas.

Pero sus palabras contrastan con los hechos. Las familias amenazadas con el desalojo muestran volantes y tarjetas que les dejaron empleados de Quila, quienes aprovechan incluso para tratar de revender esas mismas viviendas a los ocupantes que están a punto de echar de ellas.

Para que una vivienda pueda estar sujeta a un desalojo por problemas de pago tiene que ver una sentencia de un juez y tuvo que ser notificado de eso el residente. Tuvo que haber pasado todo un proceso, esas llamadas son totalmente irregulares, advierte la funcionaria del instituto.

Sin embargo, ese esquema legal no es el que prevalece en todos los asuntos que se siguen en Riberas del Bravo.

Esto se aprecia en el caso de Gustavo, pero también en el otros cientos de residentes más en ese fraccionamiento – creado y promovido hace dos administraciones por el Gobierno del Estado y financiado, casi en su totalidad, por el Infonavit– que enfrentan procesos judiciales y extrajudiciales encabezados por empleados de despachos contratados por el instituto y por presuntos empleados de la empresa que pacto la compra de esas casas, se desprende de testimonios recogidos en el lugar.

“Vienen o nos hablan (por teléfono) para decirnos nos dicen que nos salgamos, sin mostrarnos ninguna notificación, como antes que no dábamos abono y nos llegaban a uno las hojas del Infonavit o de sus abogados, pero ahora no, solo viene y le dicen a uno tiene dos o tres días para que se vayan”, afirma la esposa de Gustavo.

El problema en este lugar se arrastra desde hace unos años, pero se agravó en los últimos cuatro años, cuando una gran proporción de los residentes perdió su empleo en medio de la crisis económica y de seguridad que azotó la ciudad,

Aunque algunos pudieron incorporarse al trabajo, muchos laboran en la informalidad, sin prestaciones sociales, y su salario, de mil o mil 200 pesos, no les permite enfrentar la deuda con abonos de 650 pesos a la semana, se desprende de entrevistas realizadas en ese fraccionamiento construido a lo largo del Río Bravo.