Alerta ONU a México por niveles elevados de violencia

**Relator de Naciones Unidas pide al Gobierno de Peña Nieto que devuelva al Ejército a los cuarteles

La Crónica de Chihuahua
Mayo de 2013, 10:14 am

Ciudad de México.- Al Gobierno de Enrique Peña Nieto se le acumulan los deberes en materia de derechos humanos. El relator de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias, Christof Heyns, cerró este jueves una visita de diez días en México con un encuentro con la prensa en el que ha detallado los “niveles alarmantes de violencia” que se ha encontrado en el país. En un informe preliminar, el relator detalló hasta 31 recomendaciones que serán revisadas en dos años para comprobar el grado de cumplimiento de la nueva Administración priísta.

“Algunos estados de México han experimentado una violencia sin precedentes en los últimos seis años o más”, dijo Heyns, que criticó con dureza la estrategia de guerra contra el narcotráfico iniciada por el expresidente Felipe Calderón en el anterior sexenio (2006-2012) y hasta ahora continuada con el nuevo Gobierno. Una de sus recomendaciones es precisamente que se adopten “en corto plazo” las medidas necesarias para que la seguridad pública sea garantizada por autoridades civiles y no por las fuerzas armadas.

“Los soldados que participan en actividades policiacas son notoriamente incapaces de apartarse del paradigma militar. (...) El objetivo principal de todo Ejército es someter al enemigo mediante el uso de una fuerza superior”, dice el informe. El relator de la ONU aplaudió la promesa de Peña Nieto de que la futura estrategia de seguridad y justicia permitirá el retorno “gradual” de los militares a los cuarteles. Esa nueva estrategia, de la que apenas se conocen detalles, incluye la creación de una Gendarmería formada por 40 mil agentes entrenados militarmente pero bajo mando civil.

A la espera de que el nuevo cuerpo se ajuste al marco de los “derechos humanos”, Heyns usó con firmeza el verbo instar para recomendar al Gobierno que se acabe con el uso de tribunales militares para juzgar a efectivos de seguridad involucrados en homicidios a civiles. “Se me dio la garantía durante mis reuniones con la Procuraduría General de la República, la Armada y el Ejército de que esta práctica está en vías de eliminación”, anota.

El documento de 16 páginas, en el que se repiten varias veces las palabras impunidad y rendición de cuentas, destaca que la situación de México es de una “gravedad” que debe ser enfrentada frontalmente. La lista de violaciones de las garantías y los derechos humanos es extensa, y aunque muchos de ellos ya eran conocidos por la sociedad, hasta ahora no habían sido constatados sobre el terreno por una institución como Naciones Unidas.

El relator habla de “complicidad” de algunos funcionarios de seguridad y judiciales con el crimen organizado, omisión en las investigaciones por parte de las autoridades o presunción de que los asesinados estaban involucrados en el crimen y por lo tanto “eran menos dignos de protección”. En este caso destaca cómo le “llamo la atención” que los funcionarios públicos puedan “manipular o incluso falsificar” laescena de un crimen, especialmente cuando está involucrado algún agente.

En su visita al país, Heyns recorrió el País –Estados de Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Distrito Federal- para entrevistarse con 120 funcionarios públicos y decenas de asociaciones civiles. El relator asegura en su informa que varios procuradores “expresaron miedo a la intimidación, las amenazas y los ataques”. Una denuncia que se extiende a las familias de las víctimas, que le trasladaron la intimidación que sufren en su derecho de exigir justicia para sus muertos.

“Hay que mirar hacia delante para evitar ejecuciones extrajudiciales futuras pero también es importante mirar al pasado. Hay que hacer una rendición de cuentas del pasado”, dijo el relator, que en estos días ha compartido parte de su tiempo con familias de las víctimas de la Guerra Sucia. Una de las recomendaciones del informe insta precisamente a que todas las muertes de ese periodo sean “investigadas, perseguidas y enjuiciadas” y se elimine la idea hasta ahora esgrimida por las autoridades de prescripción de esos delitos.

El relator deja México habiendo arrancado el compromiso del Gobierno de Peña Nieto de cumplir con sus demandas. Una de ellas incluye la consideración de recibir una visita de su colega el Relator especial sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, que seguramente pondría nuevos quehaceres a la Administración.

El informe definitivo de la ONU sobre esta visita se presentará este mes en Ginebra. A partir de ahí, el Gobierno tendrá dos años para atender las demandas o continuar, según el relator, dentro de este “ciclo de violencia”. (© EL PAIS, SL. Todos los derechos reservados.)

Situación delicada

– Heyns detalla la situación de vulnerabilidad que viven en México las mujeres, los migrantes, los periodistas, los niños, los presos y los homosexuales.

– Afirmó que se dedicó a preservar sus derechos varias de las recomendaciones del documento.
El País