Alcaldes bajo las ráfagas

**En una década, 52 alcaldes han sido asesinados en el país y dos están desaparecidos; el crimen también acecha a sus familiares

La Crónica de Chihuahua
Enero de 2016, 23:30 pm

La noche del dos de enero de 2010, Silvia Moreno Leal, alcaldesa priísta de Balleza, Chihuahua, recibió la noticia de que en la ciudad de Parral, a sólo 100 kilómetros, habían asesinado a su hijo menor, Edwin Fernández Moreno. El muchacho de 23 años había quedado inerte en el asiento del conductor de la camioneta Dodge Ram que su madre le había prestado. Una lluvia de proyectiles de armas largas había caído sobre él y su copiloto, un joven funcionario del ayuntamiento de Balleza. El color blanco de la unidad permitía advertir con facilidad las manchas de sangre. Los asesinos habían disparado desde dos vehículos en movimiento, para luego perderse en la oscuridad. Los servicios de emergencia apenas demoraron cinco minutos, según testigos. Pero nada había qué hacer.

Acompañada por Fernando, hermano mayor de Edwin, Silvia Moreno Leal se dirigió esa noche a Parral a reclamar el cuerpo de su hijo menor.

La alcaldesa tenía entonces 49 años y era el segundo periodo que gobernaba Balleza, un municipio serrano en cuya superficie de 5 mil 400 kilómetros cuadrados cabrían más de tres veces las 16 delegaciones del Distrito Federal, sólo que la densidad poblacional es de dos a tres habitantes por kilómetro cuadrado. Y es un decir, porque la población se concentra en la cabecera municipal, donde viven unas 2 mil personas, y en cuatro comunidades más. El resto son caminos, brechas y veredas entre la inmensidad de sembradíos de maíz, avena y alfalfa, enmarcados por pastizales, bosques y montañas.

La primera vez que Silvia Moreno consiguió la alcaldía fue en 1998. No era un propósito personal: asumió la candidatura que le ofreció el PRI cuando fue asesinado Raúl Fernández Villalobos, su esposo. Él había conseguido la primera alcaldía para la familia en el periodo 1991-93, antes de la era de barbarie que asedia a las presidencias municipales del país. Pero en 2008, cuando quiso ocupar otra vez ese cargo, todo había cambiado.

A las 9:30 de la mañana del 3 de julio de ese año, siendo ya el candidato tricolor en Balleza, Raúl Fernández se despedía de su hijo Fernando para salir a una jornada de su campaña electoral. De improviso aparecieron dos sujetos y le dispararon. Las crónicas de prensa relatan que el adolescente entró a su casa a buscar una pistola e intentar afrontar la agresión. Era un ademán de impotencia, pues los matarifes habían desaparecido ya, y su padre estaba tirado en el suelo, agónico. Alcanzaron a llevarlo al Hospital de Jesús, donde murió a las 11:20 horas.

Después de más de 15 años de matrimonio y con 37 años, Silvia quedó viuda y con tres hijos por cuidar: Fernando, Raúl y Edwin. Aceptó la candidatura que le ofrecía el PRI. “No me ciega una ambición, retomo el compromiso de mi difunto esposo”, dijo al asumir la candidatura, entrecerrando sus intensos ojos verdes. Ganó por más del doble de la votación. Su trabajo fue encomiado por parte de la prensa regional.

Seis años después, en 2007, contendió nuevamente y ganó con holgura. Ejerció el cargo los dos primeros años de su gobierno con relativa serenidad, hasta que asesinaron a Edwin. Faltaban ocho meses para concluir su gestión. Probablemente esperaba que el fin de la administración fuera un respiro, si no podía ser un alivio.

Cinco meses después de haber entregado el Palacio Municipal, la tarde del 12 mayo de 2011 la ex alcaldesa Silvia Moreno Leal participaba en los servicios religiosos de un difunto, al interior de un templo de Testigos de Jehová, cuando varias camionetas se detuvieron frente al inmueble y de ellas bajaron varios pistoleros. Uno de ellos gritó el nombre de Silvia, y después a la concurrencia: “¡Los demás agáchense!” La ex presidenta murió de numerosos impactos de bala. Sus restos descansan en El Paso, Texas.

De uno de sus hijos, Raúl, se sabe que vive en algún sitio de Estados Unidos. De Fernando no se supo más. Al sucesor en la alcaldía de Balleza, el panista Ramón Jurado, también le mataron, durante su gestión, a tres familiares que aparecieron en un barranco en enero de 2013.

Entidades con más casos

De acuerdo con una base de datos construida a partir de información hemerográfica, entre 2005 y 2016 la violencia en los municipios del país ha cobrado la vida de 52 alcaldes en funciones o apunto de asumir el cargo, la de 44 familiares directos de presidentes municipales en ejercicio —hijos, hermanos, padres, primos, tíos—, así como las de 70 ex ediles, cinco suplentes y cinco candidatos a serlo. Además, dos alcaldes secuestrados durante su mandato permanecen como desaparecidos.

De los 52 alcaldes exterminados durante su mandato o a punto asumirlo —de éstos últimos son cinco casos—, 23 militaban en el PRI, 11 en el PAN, siete en el PRD, dos en el PT, dos en el PVEM y siete no tenían militancia. Entre las 18 entidades donde han sido asesinados alcaldes en ejercicio y electos durante el periodo revisado, Michoacán y Oaxaca encabezan la lista, cada uno con 10 casos.

Son seguidas por Chihuahua (8), Veracruz (6), Guerrero (5), Durango (4) y Tamaulipas (3). Después, con dos bajas cada uno, están el Estado de México, Jalisco, Sinaloa, Morelos y San Luis Potosí. Por su parte, Nuevo León, Puebla, Sonora, Coahuila, Quintana Roo y Colima registran un caso cada cual.

También hay dos casos de presidentes municipales secuestrados que aún no regresan con sus familias: José Felipe García, alcalde electo del municipio de Cruillas, Tamaulipas, plagiado en octubre de 2010, y Nadín Torralba Mejía, edil en ejercicio de Tecpan de Galeana, Guerrero, quien desapareció en agosto de 2012.

Ayuntamientos asediados

La suma de asesinatos de presidentes municipales en funciones, electos, suplentes, candidatos a serlo, ex alcaldes, y de familiares de alcaldes en ejercicio, da 178 homicidios de esta naturaleza registrados en la última década.

En este tablero ampliado, las posiciones de los estados es la siguiente: El primer sitio es para Oaxaca, con 23 asesinatos. Le siguen Chihuahua (19) y Michoacán (19); luego Veracruz (17), Guerrero (16); Durango y Tamaulipas, empatados, también en la quinta posición, con 10 asesinatos cada uno; Jalisco (9), Estado de México (7); Morelos, Sinaloa y San Luis Potosí, con 6 casos cada cual; Sonora en el décimo lugar, con cinco casos; después Coahuila y Nuevo León, con cuatro casos cada uno, y empatados con dos casos aparecen Colima, Guanajuato, Hidalgo, Tabasco y Zacatecas. Chiapas, al final, con sólo uno.

Sólo nueve estados del país —además de la ciudad de México, donde aún no hay presidencias municipales— se han sustraído de la barbarie que asedia a los alcaldes mexicanos o aspirantes a serlo, a sus familias y a los ex detentadores de puestos semejantes: Aguascalientes, Baja California, Baja California sur, Campeche, Nayarit, Querétaro, Tlaxcala y Yucatán.

Destaca el hecho de que seis de las 13 entidades que tendrán elecciones en 2016 se ubican entre aquellas que tienen más víctimas de este tipo: Oaxaca, primer lugar; Chihuahua, segundo; Veracruz, cuarto; Tamaulipas y Sinaloa, sexto.

Veracruz es un caso sobresaliente —aunque este año elige gobernador y congreso local, no ayuntamientos—, porque los 18 de los 19 asesinatos que le dan el cuarto lugar se han perpetrado durante la gestión de Javier Duarte.

Ya no hay intocables

Contando únicamente a alcaldes asesinados en funciones, electos y ex ediles, suman un total de 122 víctimas que encabezaron alguna vez un ayuntamiento, peldaño que en su momento fue relevante para sus respectivas carreras políticas, pero que terminó por acarrearles la muerte.

Baleados, ahorcados, enterrados vivos, calcinados, degollados, los alcaldes de México ya no son intocables como alguna vez lo fueran.

“Antes, cuando el PRI era algo inquebrantable, si asesinabas a un alcalde se caía todo el gobierno estatal, el federal, era un problema mayor. Si ocurre, digamos, durante el gobierno de Luis Echeverría, te mandan a toda la policía, a todos los militares, asesinan a 50 personas, y en 10 días está resuelto”, considera el doctor Carlos Reza Nestares, consultor de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Drogas y Delincuencia.

“Pero después que se rompe esa virginidad, y aparentemente no ocurre nada cuando matan a un alcalde, es un desafío fácil para los criminales”, señala Reza Nestares en entrevista telefónica, quien también es profesor asociado de la Universidad de Madrid y estudioso de la violencia en México desde los 90.

Pico mortal: 2010-2015

Según una compilación de datos, el año pico para homicidios de la naturaleza referida fue 2013, cuando se registraron 31 asesinatos: ocho alcaldes en funciones, ocho ex alcaldes, dos candidatos y 13 familiares presidentes municipales.

Tomando en cuenta todas estas variables, la curva comenzó su ascenso en 2008. Antes de esa fecha, tomando como referencia la etapa revisada, los homicidios de este carácter no llegaron a 10. En 2005 ocurrieron cinco, en 2006 fueron seis, y en 2007 hubo cuatro casos.

Pero en 2008 la cifra se eleva a 11 casos; en 2009 llega a 12 y en 2010 crece llegando a 27.

El año 2011 presentó todavía un nivel muy alto de homicidios de este carácter: 21. En 2012, año de elección presidencial, los casos bajaron a 17. Como señalamos, 2013 es el año pico, con 31 casos, y en 2014 apenas es perceptible la disminución: 26 homicidios del tipo que hemos caracterizado; 2015 parece haber marcado un ligero descenso —20 asesinatos—.

Y hay que subrayar que 2016 amaneció con el primer homicidio contra una presidente municipal en funciones, el de la alcaldesa de Temixco, la perredista Gisela Mota.

Después de ese crimen, la Asociación de Autoridades Locales de México A.C. (AALMAC) externó su preocupación por el fenómeno y difundió su propio conteo, que señalaba 67 presidentes y expresidentes municipales asesinados de 2006 a la fecha.

Tendencia explicable

El doctor Carlos Reza explica este tipo de asesinatos con la tendencia general de crecimiento del crimen organizado y por el privilegio económico que adquiere un alcalde.

“¡Casi todos salen ricos!, y en principio, los individuos de altos ingresos son víctimas propiciatorias para la extorsión y el secuestro. Además, los alcaldes son jefes de los servicios de la protección pública, que en el caso de México no se ha diferenciado mucho históricamente de la protección privada [criminal]: policías municipales pasando la charola, extorsionando a empresarios, a vendedores ambulantes…”

Explica que antes de la explosión de la violencia, la policía municipal era única fuente de protección, pero ahora hay policía pública y “privada” [criminal]. “Asesinar al alcalde es una forma muy visual de eliminar la competencia, por intimidación, y eliminando al alcalde inutilizas a toda la policía municipal, porque generalmente los policías son sirvientes del alcalde, un grupito de pistoleros a su servicio”.

Ubica como probable propósito para asesinar un candidato de propiciar la llegada de alguien más favorable al grupo criminal: “Como en Temixco, donde el nuevo alcalde llega acojonado [amedrentado], y la policía más intimidada”.

¿La búsqueda de precisión que denota la manera en que fue asesinada la alcaldesa de Temixco, tendría el propósito mandar un mensaje contra la aplicación del mando único (en Morelos)?, se le inquiere al experto. “No creo que quienes mandaron a asesinarla tuvieran intereses tan elevados. Asumo que el propósito era anular a la policía municipal, un asunto local”, dice.
El Universal