Aeropuerto de Creel: crónica de una derrota anunciada

**Para cómo van las cosas, todo indica que el litigio se va a alargar y llegará como cartucho de dinamita encendido al año 2016, listo para la época electoral.

La Crónica de Chihuahua
Junio de 2014, 10:55 am

Por: Alejandro Salmón Aguilera

El informe que recibió el Gobierno del Estado de parte del senador Patricio Martínez en torno al caso del Aeropuerto de Creel fue devastador: “no duerman tranquilos, preocúpense mucho”, dijo, según fuentes allegadas.

El exgobernador estuvo presente en las negociaciones que sostuvieron representantes de comunidades indígenas con miembros del Senado de la República para exponer las razones por las cuales se oponen a la construcción y operación de un aeropuerto en las inmediaciones de la ciudad turística de Creel.

La reunión iba para largo y había tenido un gran poder de convocatoria, pues había senadores de casi todos los partidos políticos; representantes de la SCT, de la Secretaría de Turismo, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de otras organizaciones pro-indígenas, pero ninguna del Gobierno del Estado.

Fue entonces el senador Patricio Martínez se presentó como representante que es del estado de Chihuahua ante el Congreso de la Unión, y no sólo se le dio entrada, sino que el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Alejandro Encinas, le pidió que se sentara en el presídium.

A juzgar por las fotografías de la reunión que circularon en diversos medios, el rostro del ex gobernador era más adusto de lo habitual, y por lo que trascendió de la reunión, no era para menos.

El reporte, dicen enterados, es de que el Estado Mexicano tiene casi todo perdido en torno al caso del aeropuerto de Creel, y por una razón muy simple: no tiene manera de comprobar que hizo la consulta correspondiente a una comunidad, la misma que ha presentado los recursos de inconformidad contra la construcción de una obra que a la fecha lleva más de 300 millones de pesos de inversión federal.

Ese hecho fue suficiente para que un tribunal federal decretara la suspensión de pleno e impidiera que continuasen los trabajos de construcción de obras como la torre de control y las de iluminación, sin las cuales no podría operar como terminal aérea.

Aun sin representación formal del Gobierno, Patricio Martínez pudo convencer a una parte de los presentes de que la pista de aterrizaje y despegue ya está concluida y ha servido para traslados de emergencia e, incluso, para que aterrizara el avión en el que viajó el secretario de Educación, Emilio Chuayfett.

Hasta ahí todo bien. El problema es que el Gobierno no tiene forma de demostrar que cumplió a cabalidad con el mandato constitucional—y el que establecen convenios internacionales—de consultar en su propio idioma a las comunidades indígenas asentadas en el lugar donde se construye una obra.

Para cómo van las cosas, todo indica que el litigio se va a alargar y llegará como cartucho de dinamita encendido al año 2016, listo para ser usado por quien lo quiera reventar en plena época electoral.

Es cierto: hay razones para no dormir tranquilos: una inversión gigantesca que pinta para escombros; un proyecto turístico truncado, y una imagen internacional de que no respetamos los derechos de los pueblos indígenas.