Aeropuerto de Creel: conflicto de altos vuelos

**Hay litigio legal promovido por comunidades indígenas opuestas al trazo de la terminal aérea.

La Crónica de Chihuahua
Abril de 2014, 10:25 am

Por: Alejandro Salmón Aguilera

El conflicto en torno a la construcción del aeropuerto regional de Creel, municipio de Bocoyna, va para largo y tendrá altos vuelos, según fuentes que han estado cerca de la Litis jurídica promovida en primer término por representantes de comunidades indígenas opuestas al trazo de la terminal aérea.

No está tan fácil, ni para el uno ni para el otro, nos dicen. Para el uno: la organización Consultoría Técnica Comunitaria A.C. promovió el amparo en contra de la “construcción del aeropuerto”, así con esas palabras, y el Juez Octavo de Distrito con sede en la ciudad de Chihuahua se los concedió, siempre y cuando el mencionado aeropuerto no estuviera terminado.

El problema empieza cuando se discute el concepto “aeropuerto”, porque en estricto sentido, las funciones propias de una terminal aérea ya están en funciones, como las pistas para aterrizaje y despegue, las cuales han prestado servicio a aeronaves desde hace tres meses, según la postura del Gobierno del Estado.

En efecto: la conclusión de los edificios aún está por verse: la torre de control, el estacionamiento, la terminal para pasajeros y otras obras propias de un puerto aéreo aún no se han concluido, pero la pista de donde salen y a donde llegan los aviones sí.

La discusión en torno a qué se entiende por terminado y qué no alargará más el litigio, pues con toda seguridad, la parte inconforme con el aeropuerto se irá a un recurso de revisión y eso dará más largas aún.

Para el Gobierno del Estado, como ente gubernamental que entregó la concesión del aeropuerto regional de Creel, tampoco está sencillo. Basta ver que la demanda de amparo promovida el 2 de abril ante el mencionado juez octavo de distrito no sólo va dirigida hacia el gobernador César Duarte, sino también hacia la secretaria de Turismo y el de Comunicaciones y Transportes.

Las tres partes deberán comparecer ante la justicia federal a principios de mayo, cuando se dirima el litigio de fondo y se determine si la construcción del aeropuerto representa una violación a los derechos constitucionales de las comunidades rarámuris de Bosque San Elías-Repechique por la falta de consulta y consentimiento libre, previo e informado.

Los inconformes se dicen afectados por la colocación de una maya ciclónica que cancela los caminos y veredas tradicionales por los que transitan, la cancelación con tierra y piedra de un ojo de agua en uso por la comunidad, la tala del bosque y el movimiento de materiales, obras que se hicieron—dicen—sin haberlos consultado.

El Gobierno del Estado, quien le otorgó la concesión a la Empresa Administradora de Servicios Aeroportuarios de Chihuahua, S.A. de C.V, deberá demostrar que sí consultó pero además que los comuneros estuvieron de acuerdo en que se ejecutara la obra tal y como está hecha.

El hecho es que, a casi 20 años de iniciado el proyecto turístico “Barrancas del Cobre-Mar de Cortés”, los litigios siguen en pie y cada año surge uno nuevo: ya en torno al teleférico; ya por la contaminación generada por los hoteles; ya por el aeropuerto. Ni se resuelven unas, ni la derrama turística alcanza para mejorar las condiciones de vida que tenían los indígenas antes que iniciara ese proyecto.