Se dicen jueces del caso Rubí, ser perseguidos políticos

**Anunciaron en el D.F. que acudirán a tribunales internacionales y pedirán asilo político en los Estados Unidos.

La Crónica de Chihuahua
Enero de 2011, 18:12 pm

Chihuahua, Chih.- Los tres jueces que enfrentan un juicio político por dejar en libertad al presunto asesino de la hija de la activista, también asesinada, Marisela Escobedo, anunciaron hoy que acudirán a tribunales internacionales para defenderse y que pedirán asilo político en Estados Unidos.

Los magistrados Nezahualcóyotl Zúñiga, Catalina Ochoa y Rafael Boudib, actualmente suspendidos, pedirán a los tribunales internacionales que revisen su caso, pues ahora dicen que son "perseguidos políticos", a quienes se pretende enviar a la cárcel "por cumplir con la ley".

En una rueda de prensa celebrada en la Ciudad de México, los tres jueces aseguraron que su polémica decisión de dejar libre a Sergio Rafael Barraza, presunto homicida de la joven Rubí, obedeció a que durante el juicio oral "no existieron pruebas suficientes" para culparle.

"En caso de insuficiencia de pruebas para condenar, debe absolverse, lo cual quiere decir que no se demostró la culpabilidad, con independencia de si el imputado es o no inocente. No somos abogados de las partes", aseveró la juez Catalina Ochoa. Explicó que la Fiscalía "en ningún momento aportó pruebas científicas o de otro tipo" que pudieran mostrar la culpabilidad de Barraza, y aclaró que el hecho de que se les pretenda castigar, obedece a presiones políticas.

Los tres jueces coincidieron en que la crisis de inseguridad y la ola de violencia en Chihuahua, uno de los estados más violentos del país, "ahora pretende ser ocultada mediante una maniobra mediática y política porque vulnera la independencia y autonomía del Poder Judicial".

Las autoridades "envían el claro mensaje de que en el estado de Chihuahua los jueces deben acatar las instrucciones del Poder Ejecutivo, lo cual constituye un grave atentado a la democracia y al Estado de derecho", sentenció Zúñiga.

El abogado de los jueces, Macondio Murillo, recordó que la fiscalía no incorporó confesión alguna del acusado, por lo que aplicaron la ley y no cometieron ninguna irregularidad.

Cuestionados sobre si el presunto homicida confesó su culpabilidad, los jueces insistieron en que no lo hizo ni indicó dónde estaban los restos de Rubí, que fueron localizados tras cinco rastreos de la policía.

Barraza fue detenido el 16 de junio de 2009 y liberado el 30 de abril de 2010 en un polémico juicio en el que la madre de la víctima increpó a los jueces y pidió justicia, prometiendo que no pararía hasta verlo en prisión.

La joven de 16 años fue asesinada en 2008 y su madre, Marisela Escobedo, murió tras recibir un balazo a quemarropa en frente del Palacio de Gobierno, por un desconocido mientras se manifestaba contra la impunidad del caso, el pasado 16 de diciembre en Chihuahua, la capital del estado.

(Enero 18, 2011)