8 de Marzo: discriminación e injusticia para las mujeres

**Es una jornada de lucha por sus derechos, no es de ninguna manera un "día de la mujer" como el día de la madre o el día del niño.

La Crónica de Chihuahua
Marzo de 2014, 08:45 am

Chihuahua, Chih.- En un ambiente social adverso a las mujeres, y en especial para otorgarles justicia, Irma Villanueva, coordinadora del área legal del Centro de Derechos para las Mujeres, presentó una selección de historias de mujeres que fueron víctimas de la injusticia, y que reflejan la falta de sensibilidad de los funcionarios públicos encargados de aplicar la ley.

Beatriz: “víctima” por ser mujer, indígena y pobre

Desde el 31 de marzo de 2012, Beatriz una mujer indígena, aún espera justicia por intento de feminicidio. Su agresor, Ramón Vizcarra de la Cruz, la arrojó desde el tercer piso de un hotel.

Vivió una situación de triple discriminación: por ser mujer, indígena y pobre.

La Fiscalía General inició la investigación por el delito de “lesiones” y no por tentativa de homicidio como la lógica lo indicaba. Un año después se intentó corregir el error y en esta semana se llevó a cabo el juicio oral por tentativa de feminicidio.

Entre otras irregularidades, el policía ministerial responsable de la investigación que acudió el día de los hechos e hizo el reconocimiento al acusado mediante cámara de gessel, aseguró a los juzgadores que “no recuerda nada”.

A pesar de existir una persona que vio cuando la mujer fue arrojada por la ventana y que identifica plenamente al agresor, la Fiscalía argumentó diversos pretextos para no presentar al testigo, pues “no hay viáticos”.

Ante la falta de esta diligencia, podría declararse un juicio absolutorio.

Gema: una injusticia le arrebató a su hija

Es una mujer indígena de 26 años. Por la situación de hambruna y carencias en la Sierra Tarahumara, decidió buscar mejor suerte en la ciudad de Chihuahua en donde se empleó como trabajadora doméstica. El 1 de enero del 2011 dio a luz a una bebé.

Gema entabló una amistad con la señora Judith Sánchez Rojo (o Rojo Sánchez), quien posteriormente le ofreció trabajo. Le pidió a su pequeña hija de tan solo un mes de nacida para llevarla con su familia de visita; ante la presión que ejerció, la madre terminó por aceptar. Durante seis meses no volvió a ver a su hija.

Ante las reiteradas súplicas, la señora Judith accedió a “prestarle” a la bebé. Posteriormente, sin avisar se fue a vivir temporalmente a otro estado del país, y le informó a Gema que si quería ver a la niña, tendría que viajar hasta donde ellas se encontraban.

Gema buscó ayuda en una organización social e interpuso una denuncia penal por el delito de sustracción de menores, pero la Fiscalía jamás busco a la pequeña.

Fueron las organizaciones sociales quienes dieron con el paradero de la menor el pasado mes de noviembre del 2013, y se le dio aviso de inmediato a las autoridades.

La señora Judith al sentirse descubierta, y ante la inminencia de enfrentar un proceso penal, entregó a la bebé al DIF Estatal, quien apoyó a Gema para hacer el registró. Pero, inexplicablemente, esta institución exigió a la madre retirar la denuncia interpuesta ante la Fiscalía como condición para entregarle a su hija.

Y pese a reconocer el lazo entre Gema y la niña, el DIF condicionó las visitas a 20 minutos al día.

Por si fuera poco, la señora Judith logró un segundo registro de la menor a su favor, y el DIF se la entregó. El juez cuarto de lo familiar, sobre quien pesan diversas quejas interpuestas por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, le otorgó la guardia y custodia de la niña.

Cabe señalar que todos los procesos que Gema enfrentó carecieron de traductor, lo cual la dejó en un estado de completa indefensión.

Elizabeth: el abuso de poder le impide ver a su hija

Tuvo una relación sentimental en el año 2007 con Francisco Javier Gutiérrez Menchaca, quien labora en la Fiscalía General. Vivieron en unión libre por unos meses, pero ella decidió separarse ante las agresiones físicas que sufría; tuvieron una hija, la cual actualmente tiene seis años de edad.

En octubre del 2013, Elizabeth presentó una denuncia penal por incumplimiento de la obligación alimentaria, y por “atreverse” a denunciarlo, los familiares y testigos de la madre enfrentan amenazas por parte del agresor y de la pareja de éste de nombre Lizeth Manuela Cortéz Ortiz, quien se ostenta como policía ministerial de la unidad de homicidios.

“Te doy unos días para que retires la demanda, acuérdate que tienes hijos y con ellos me puedo desquitar”, “¿porqué no entiendes y retiras la demanda?, tú misma estas cavando tu propia tumba”, “usted no se meta porque le puedo quemar su casa, a mí las autoridades me hacen los mandados”, “con lo que voy a hacer jamás vas a volver a ver a la niña”, “si yo quiero en este momento puedo reventar tu casa, porque yo soy ministerial”.

Estas son parte de las amenazas que recibieron Elizabeth y su familia, mismas que fueron realizadas desde el conmutador de gobierno del estado.

Hasta la fecha la situación permanece en total impunidad, lo cual agrava la desesperación de Elizabeth, pues su hija fue privada de la libertad por el propio padre, ya que en el mes de diciembre, él acudió a la escuela de la pequeña y la sustrajo.

A pesar de que la madre tiene aprobadas las visitas por parte de la juez familiar, el agresor no respeta el mandato judicial.

Pamela: la justicia no la ampara, pero a su agresor sí

Es una mujer que entabló una relación sentimental con César Israel Villanueva Carrillo, quien se desempeña como agente del ministerio público de la Fiscalía General.

Pamela fue víctima de violencia familiar durante el tiempo que vivió con él, y por ello decidió poner fin a ese círculo al huir de su agresor, y se refugió en otro estado de la República.

En ese momento estaba embarazada, y cuando dio a luz a su bebé, regresó a la ciudad de Chihuahua en febrero del 2013.

Su ex pareja la ubicó y a partir de ese momento inició el hostigamiento, vigilancia y persecución hacia Pamela. La convenció para reconocer al niño, y así brindarle protección económica. Asimismo, solicitó que se le permitiera convivir con su hijo.

A pesar de que el niño ya se encontraba registrado, el padre consiguió registrarlo por segunda vez en febrero de este año, pero ahora a su nombre.

Posteriormente, acudió al domicilio de Pamela, con el pretexto de convivir con su hijo, pero aprovechó la oportunidad para exigirle a ella tener relaciones sexuales, y ante la negativa, arremetió en su contra causándole serias lesiones, además de sustraer al niño.

Pamela pidió auxilio, y cuando llegaron los policías municipales, se negaron a detener al agresor, pues él se encargó de hacerles saber que era ministerial, y hasta la fecha recibe protección por parte de las autoridades.