Tortura en Puente Grande; espeluznante testimonio

**El periodista Jesús Lemus asegura que sufrió tormentos en dicho penal mientras purgaba condena injusta

La Crónica de Chihuahua
Agosto de 2013, 09:24 am

Ciudad de México.- En México se practica la tortura en forma sistemática y oficial. El que esto escribe da testimonio de ello. Por ejercer el periodismo, criticando el actuar y funcionamiento de órganos de gobierno local manejados por amigos del entonces presidente Felipe Calderón, fui encarcelado y acusado –sin pruebas– de delitos graves, como delincuencia organizada y fomento al narcotráfico, hecho que me condujo a la cárcel federal de Puente Grande, en el estado de Jalisco.

Ingresé el 27 de mayo del 2008, luego de estar recluido en la cárcel estatal de Guanajuato, en donde un juez federal determinó que yo era un reo de alta peligrosidad y ponía en riesgo la estabilidad de la cárcel local.

Fui llevado a una bodega –ya dentro del complejo penitenciario–, en donde había al menos 30 personas, entre custodios, personal médico, de psicología y administrativo. Allí me mantuvieron sentado en el piso, esposado con las manos por detrás, con las piernas estiradas y la cabeza agachada, pegando la barbilla a mi pecho, a fin de causar el mayor adormecimiento de la cadera a los pies, para entorpecer mis movimientos.

Tras la revisión médica, que se me hizo en medio de ladridos de perros, de gritos, insultos y empujones, incluso por parte del personal médico, el traslado por los pasillos de la cárcel al área conocida como Centro de Observación y Clasificación (COC) fue traumático:

Mientras dos custodios me llevaban corriendo, haciendo palanca en mis brazos para inclinarme y sofocarme en la carrera, otro me golpeaba la espalda, cabeza, brazos y piernas con sus puños cerrados.

Cada 20 metros parábamos pero era para que otro oficial me asfixiara con sus manos oprimiéndome el cuello. Por lo menos tres veces perdí el conocimiento y lo recuperé, debido a las patadas que los guardias me propinaban mientras yo estaba tirado en el suelo. El aliento de los perros lo tuve en mi garganta los siguientes cinco días.

Al ingreso, el personal médico me obligó a hacer gárgaras con una solución química que en menos de dos minutos había suprimido la segregación de saliva, lo que acentuó aún más la sensación de ahogamiento.

Ya en el área de COC, tras una revisión humillante de todo el cuerpo, con énfasis en las cavidades, fui llevado a golpes a una celda. Allí me confinaron desnudo y golpeado, al silenció de una fría celda en donde no se apaga nunca la luz, en donde permanecí seis meses.

Durante el tiempo que pasé aislado, desnudo y torturado psicológicamente en aquella celda, fui sometido a una terapia de reeducación, que es sacarme de la celda a la media noche para ser golpeado, bañado con un chorro de manguera a presión.

Esto sucedía pese a que por gestiones de la agrupación Reporteros Sin Fronteras se solicitó la aplicación del Protocolo de Estambul, que en teoría sirve como guía para la evaluación de personas que han sido torturadas, o para investigar casos de posible tortura. En mi caso se me informó de la aplicación del protocolo sólo para acentuar sarcásticamente que dentro de Puente Grande no hay más ley que la ley del garrote.

La tortura a que fui sometido entre mayo y diciembre del 2008 en Puente Grande, con conocimiento de la autoridad penitenciaria, consistió en recibir puñetazos en el cuerpo, fotografiarme desnudo, permanecer desnudo en forma permanente en mi celda, bañarme con agua helada, recibir amenazas de violación, someterme a revisiones corporales, ingerir medicamentos sin explicación alguna, mantenerme privado de la alimentación y el sueño por periodos de 48 horas.

Tortura institucionalizada

Este tipo de tortura no se debe a la maldad de un guardia o a la crueldad de un director del penal, es una tortura institucionalizada, toda vez que existe una teoría desarrollada para el sometimiento de la persona y el quebrar su voluntad.

Esa teoría fue desarrollada y aplicada por la CIA –que se explica en el libro la Doctrina del Shock de Naomi Klein–, y se aplica en la prisión de Guantánamo, Cuba, se utilizó en la prisión de Abu Ghraib, en Irak.

Durante el régimen de Felipe Calderón, esa teoría fue utilizada en las cárceles federales.

También es común forzar a presos a desempeñar posiciones de acto sexual y fotografiarlos, desnudarlos a la fuerza y mantenerlos así varios días, imponer a hombres desnudos a usar ropa interior femenina, obligar a los detenidos a masturbarse para fotografiarlos y grabarlos, amontonarlos desnudos y saltar sobre ellos, poner de pie sobre cajones a prisioneros, con una bozal sobre su cabeza, y amarrar cables eléctricos a los dedos de los pies y manos y al pene para amenazar con tortura eléctrica,

En estas prisiones ejemplares por los métodos de tortura es común también colocar un collar y correa de perro a un detenido desnudo y mientras lo “pasea” una mujer soldado, sacar fotos de presos muertos, romper luces químicas sobre detenidos y echar líquido fosfórico sobre ellos, regar con agua fría a los detenidos desnudos, golpearlos con escobas y sillas.

Todo lo anterior, está documentado en prisiones citadas.

Tras la documentación de la tortura en Abu Ghraib, el 9 de marzo de 2006, el gobierno de EU, decidió el cierre.

Sobre la cárcel de Guantánamo, según una nota de EFE del 19 de junio del 2013, el presidente Obama dijo: “Continúo en mi empeño de cerrar Guantánamo pero ha resultado más difícil de lo esperado. Eso se ha debido a la resistencia de algunos estados y a problemas con el Congreso”.

En el caso de Puente Grande no apunta hacia su fin, por el contrario, siempre fue el orgullo de Calderón.

En su momento el Presidente alabó el sistema de “seguridad” que se maneja al interior de las cárceles federales y anunció la construcción de más centros federales de readaptación.

A su arribo al poder, Calderón encontró operando cuatro cárceles federales, y a su salida dejó en funcionamiento 12, donde la regla detratoa los internos es la misma: no tienen derecho a nada y se rigen por los procedimientos copiados a la CIA,.

En México falta la aplicación de la ley del garrote vil, para estar en las mismas condiciones que se vivieron en España en la época del régimen totalitario.

Aquí estamos en espera que algún país asuma el papel que manifestó el Gobierno y suspenda relaciones con nuestro País para forzar a cambiar la política interna en cuanto al respeto de los derechos humanos, y la supresión de la tortura como política oficial de trato a la disidencia.

Mientras eso ocurre, todos los días presos en cárceles federales son despertados, llevados al patio de la prisión y sometidos e inhumanamente por el personal de guardia, que bajo el pretexto de mantener la seguridad en la cárcel, pisan sistemáticamente las garantías individuales con los peores tratos y eficientes sistemas de tortura que quebrantan la voluntad humana. En la calle…la gente se muere de miedo.

Calderón y la represión

Con Felipe Calderón se acentuó la violación de garantías individuales por parte del Estado mexicano hacia sus ciudadanos, prueba de ello es el incremento de un 500 por ciento de las denuncias presentadas ante la CNDH.

En ellas el principal acusado de tortura y violación de derechos fue el propio Estado mexicano, cifra que estuvo contrastada con la postura oficial que el entonces presidente de México manifestó públicamente, al elevar a nivel de rango constitucional la tutela de los derechos humanos, con la reforma que se hizo a la Carta Magna el 10 de junio del 2011.

Al entonces Presidente Calderón, obsesionado por distraer a la opinión pública y despejar cualquier bruma de ilegitimidad que opacara su gobierno, ordenó una guerra contra el narcotráfico y mandó al Ejército y Policía Federal al combate urbano, con la consecuencia natural que conlleva la presencia de milicias en zonas urbanas: la aplicación de tortura y violación de derechos civiles de la población.

“México sufrió graves crisis de seguridad pública en muchas regiones durante la administración de Calderón. El gobierno ha desplegado fuerzas militares y policiales a una escala sin precedente para combatir poderosos cárteles de la droga y otras redes de delincuencia organizada. Al menos 60 mil personas han sido víctimas de homicidio y más de 160 mil se han visto desplazadas internamente”, relató en su momento Amnistía Internacional a través de su informe Culpables Conocidos, Víctimas Ignoradas, Tortura y Maltrato en México.

El documento fue publicado en 2012, y también se revela que “El personal militar recibe formación en derechos humanos, pero las denuncias de abusos graves, incluida tortura y otros malos tratos, han aumentado”.

De acuerdo a Amnistía Internacional, entre enero de 2006 y enero de 2012, el ejército detuvo a 43 mil 778 presuntos delincuentes, basándose en la normatividad institucionalizada durante el periodo de Felipe Calderón sobre detención en flagrante delito, que no era otra cosa que el libre arbitrio a discreción de los propios policías y soldados.

Muchos de esos detenidos fueron llevados a los cuarteles militares, en vez de ser puestos a disposición del Ministerio Público.

“Durante el gobierno de Felipe Calderón en el Ejército Mexicano se fomentó y toleró la tortura.

“A la mayoría de mandos que estábamos en combate abierto contra bandas del narcotráfico, se nos permitía y autorizaba interrogar a discreción a los detenidos, a fin de que pudieran dar más información sobre delincuentes”.

Lo anterior lo explica un militar recluido en Puente Grande, quien hoy enfrenta un proceso por delincuencia organizada, luego de que un testigo protegido –Jennifer– lo acusó de dar protección a una célula criminal.

“La práctica más común de tortura que se aplica en el Ejército es la bolsa de plástico en la cara y la inmersión en agua con el rostro vendado”, cuenta el militar, cuyo nombre se reserva por su seguridad.

Nadie aguanta una sesión de dos horas con ese sistema: “Todos terminan reconociendo lo que sea, con tal de que se termine la sesión”. Ese modus operandi estaba autorizado para aplicarse a los detenidos en que se creyera conveniente el procedimiento, siempre a discreción del mando, resalta el militar.

Paralelamente, en todo el territorio, el Ejército y las policías federal y estatales acentuaban la violación a los derechos humanos, el gobierno presentaba ante la comunidad internacional su cara bonita resaltando la pertenencia a los siete organismos de la Carta Internacional de Derechos Humanos, donde México –en el periodo de Calderón– firmó o ratificó su adhesión a los 17 acuerdos o tratados establecidos por la ONU en relación a evitar la tortura como práctica de gobierno.

México condena lo que practica

En México se resguarda el legado de la CIA sobre torturas, método institucionalizado como procedimiento normal en cárceles federales. En la escena mundial la política oficial mexicana es de total respaldo a las acciones para erradicar la tortura y violación de los derechos humanos, lo que choca con la práctica

En punto de las seis de la mañana del 18 de agosto de 1963, Francisco Granados Gata y Joaquín Delgado Martínez, tras ser torturados y segregados en una celda de la prisión de Carabanchel, en Madrid, fueron despertados en forma violenta.

A empujones fueron trasladados al patio de la prisión, en donde una decena de policías fueron testigos de que se cumpliera la sentencia dictada por el Consejo de Guerra, que ordenó su muerte. Fueron estrangulados por el aro de hierro del “garrote vil” por decisión directa del general Franco.

Un Consejo de Guerra, que se les formó a Granados y Delgado, y sesionó en medio de un intrincado trama de irregularidades, a 48 horas de la ejecución, decidió que eran suficientes las confesiones de auto culpabilidad arrancadas a base de tortura a los dos jóvenes, que terminaron por reconocer su militancia en la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, a la que se le atribuían actos terroristas encaminados a combatir el régimen totalitario de Franco.

Tras la muerte de los dos inculpados, México se alzó en todos los foros mundiales para denunciar la violación de los derechos humanos en el régimen franquista. Las ejecuciones, en España, el garrote vil, siguieron.

Cuenta el periodista José Reveles, especialista en temas de perseguidos, que fue el 27 de septiembre de 1975 cuando Luis Echeverría Álvarez pidió la expulsión de España de la ONU por el fusilamiento de cinco presuntos terroristas en Madrid, Burgos y Barcelona.

México expulsó a la representación diplomática oficiosa en nuestro País –cuenta el periodista– y retiró al encargado mexicano de las relaciones turísticas y comerciales en Madrid, para recalcar su postura contra la violación de los derechos humanos. Era el inicio de una política de doble cara.

En 1977, para atender el caso de restablecimiento y desagraviar las relaciones diplomáticas con España –rotas en reproche a los crímenes de guerra y a la violación de derechos que se vivió en España con el general Franco–, el presidente José López Portillo envió, como embajador extraordinario y plenipotenciario, a Gustavo Díaz Ordaz, el principal depredador de los derechos humanos en México y figura de la guerra sucia.

El pasaje histórico de las relaciones de México-España es sólo referencial, por tratar de ilustrar el contrasentido en el que ha estado inmerso nuestro país en el contexto mundial en materia de defensa de los derechos humanos y combate a la tortura.

Por un lado hay una proclama general y se han firmado todos los convenios y tratados internacionales para la defensa y protección de las garantías individuales y contra la tortura, pero por otra parte se maneja una política interna represiva.

Las mil 662 denuncias de tortura que en el 2012 recibió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), indican que el gobierno de México se encuentra a la cabeza de los países que violan garantías de sus ciudadanos, pero el gobierno mexicano reclama la tolerancia y el respeto en otros países.
Reporte índigo