Secuestros políticos en Guerrero

Aquiles Córdova Morán

La Crónica de Chihuahua
Febrero de 2013, 07:25 am

Un grupo de encapuchados, armados con armas de diverso calibre, entró a viva fuerza en los domicilios de seis familias antorchistas de San José Amoltepec, Municipio de Olinalá, Guerrero, y luego de agredir brutalmente a inocentes y “culpables”, se llevó detenidos a 5 hombres y una mujer. El hecho ocurrió el 12 de enero del año en curso a eso de las 22 horas, es decir, al amparo de la noche, tal como operan todos los delincuentes que se saben y actúan al margen de la ley. Las inmediatas averiguaciones de sus compañeros del Antorchismo guerrerense lograron establecer que la “detención” fue perpetrada por una autoelegida y autotitulada “Policía Comunitaria del Consejo de Gobierno, Seguridad y Justicia” (??¡¡) de Temalacatzingo, Olinalá, Guerrero; y que el “delito” por el cual se perpetró el atropello consistió en que los “reos” se negaron a ser “revisados” una segunda vez, al salir del poblado, por la sencilla razón de que ya lo habían sido poco tiempo antes, precisamente al momento de ingresar a la misma población de Temalacatzingo.

Los detenidos fueron encerrados, primero, en un domicilio particular en el poblado de San Martín Tecorrales, Municipio de Olinalá; pero a raíz de que la persona de sexo femenino logró escapar e informar sobre el paradero y las condiciones de reclusión del resto del grupo, se los trasladó a la ranchería de Espino Blanco, municipio de Malinaltepec, y de ahí a El Paraíso, Municipio de Ayutla de los Libres, en la región conocida como “Costa Chica” del estado, a muchos kilómetros de distancia de su lugar de origen y bajo el resguardo de otra “policía comunitaria” más numerosa y con mayor capacidad de fuego. Según testimonio de un abogado del gobierno del estado que, acompañado de la esposa y madre de uno de los detenidos, se trasladó hasta Ayutla para “negociar” (¡¡) su liberación, los mantienen semidesnudos, sin alimento y sin agua y bajo continua amenaza de peores “castigos” en caso de “rebeldía” o de “indisciplina” a los “usos y costumbres” de sus carceleros. Uno de los cautivos, según el mismo testimonio, presenta una “herida grave en el cuello”, producto de la paliza que le propinaron al momento de su detención, sin recibir ningún tratamiento médico profesional.

La movilización del antorchismo guerrerense en los primeros días del secuestro, logró la libertad de dos detenidos más (por ellos sabemos que los cabecillas de la “justicia popular” pedían una “fianza” de 100 mil pesos por cabeza y que, como condición para soltarlos, los obligaron a firmar un documento en el que se comprometieron a “renunciar al antorchismo” y a pasarse a las filas de sus captores), por lo que, en la actualidad, son tres los retenidos: José Máximo Rodríguez, Jaime Máximo García y Luis Máximo García. Para “explicar” su más prolongada e inhumana detención, y para justificarse ante la opinión pública nacional, ahora los acusan, además, de haber “herido” a diez de sus captores, haberles “roto” tres de sus armas y pertenecer a la “delincuencia organizada”. Pero, el mismo abogado negociador (¡¡¡) del gobierno de Guerrero refirió que, para ponerlos en libertad, exigen 25 mil pesos de multa por cabeza, 6 meses de “trabajo gratuito al servicio de la comunidad” y que “Antorcha Campesina salga de la región” (¡sic!). Cualquiera que no ande mal de la cabeza se preguntaría: ¿es éste el castigo adecuado a gente de la “delincuencia organizada”? ¿No parece más bien la ridícula maniobra de unos fanáticos necios y analfabetas, que se perecen de miedo ante el avance de sus opositores políticos a quienes no pueden derrotar en buena lid y pretenden, de paso, sacar algunos pesos para llevar con mejor talante su función represiva? Pero hablemos en serio. Porque el asunto es mucho más grave de lo que parece pensar el gobierno de Guerrero y de lo que pudiere sugerir la comedia chusca y carnavalesca de los nuevos “chucho el roto”, vengadores “del pueblo”.

Estas autodenominadas “policías comunitarias” son grupos armados absolutamente al margen y en contra de la ley puesto que, por un lado, no existe un solo artículo, un solo inciso de ley alguna que prevea, ordene o legitime su formación; y por otro, violan de modo insultante y de diversos modos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, violan, en efecto, el ordenamiento de que el monopolio de la fuerza armada corresponde al Estado legítimamente constituido; el de que ningún grupo armado tiene derecho a deliberar y a tomar decisiones (de donde se sigue que las que tome serán nulas de origen y no tendrán ninguna validez); el de que nadie puede ser molestado en sus posesiones, domicilio, persona o bienes, sin mandato judicial expedido por autoridad competente; el de que nadie puede ser detenido sin una orden judicial expedida por quien tiene facultad para ello; el de que todo detenido deberá ser puesto, sin excusa ni pretexto, a disposición del Ministerio Público, dentro de las 72 horas siguientes inmediatas a su detención; el de que todo detenido tiene pleno derecho a ser asistido por su abogado desde el instante mismo de su presentación; y a ser informado clara, completa y puntualmente, sobre las causas de su arresto y sobre la identidad de sus acusadores. Ninguna de estas formalidades se ha cumplido en el caso que me ocupa, razón por la cual está plenamente justificada mi afirmación inicial de que se trata de un secuestro simple y llano, perpetrado por delincuentes del orden común a quienes se debe aplicar con todo rigor la legislación correspondiente.

Ítem más. En México están prohibidos, desde hace mucho, los castigos corporales infamantes, como los trabajos forzados y públicos que se pretende imponer a mis compañeros secuestrados; la misma ley de leyes estatuye y tutela los derechos de asociación, reunión, organización y manifestación pública de los ciudadanos, sin más taxativa que el respeto a la autoridad y a la paz pública, y condena y sanciona sin ambages la discriminación de las personas por causa de sus ideas políticas. Además, el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, adoptada por la ONU el 10 de diciembre de 1948, dice a la letra: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones…” Y he aquí que la “policía comunitaria” de Temalacatzingo, por lo visto la avanzada del estalinismo del futuro que nos espera, secuestra y tortura a la gente a causa de sus opiniones políticas, y pone como condición para liberar a sus víctimas la renuncia escrita a su derecho de organización, de opinión y el destierro de “su territorio” de toda organización política que comulgue con sus propias doctrinas. ¡Faltaba más!

Pero lo más grave y esencial radica en el rótulo que esa gente se ha colocado en la frente para que nadie lo ignore: “Policía Comunitaria del Consejo de Gobierno, Seguridad y Justicia”. Es decir, se proclaman brazo armado de un “consejo” que encabeza un “gobierno” que no es el que los mexicanos nos hemos dado legalmente, sino otro cuyas facultades comprenden todas las funciones propias de un poder estatal hecho y derecho: el gobierno, la seguridad y la justicia en los territorios reclamados como suyos. Se trata, pues, de un Estado dentro de otro Estado con territorio, leyes y gobierno propios. La pregunta obligada es: ¿Están conscientes los poderes legítimos de la nación de lo que tamaño desafío significa? ¿Saben bien hacia dónde iremos en caso de dejar que las cosas continúen por este camino? ¿No están sacrificando lo esencial por consideraciones coyunturales de estabilidad y gobernabilidad? Lo pregunto porque es revelador que el señor gobernador de Guerrero, en persona, haya llevado uniformes a la “nueva policía comunitaria de Costa Chica”, prometiéndole en la ocasión legalizarla en un plazo breve; pero también porque los antorchistas hemos elevado nuestra queja ante Gobernación Federal y, en honor a la verdad, tampoco aquí recibimos la respuesta que el caso merece. Nuestros secuestrados siguen ahí. El pueblo de México, el único verdaderamente perjudicado con el batidero que están haciendo con el derecho y las instituciones que él mismo se ha dado, debe saber que los cabecillas de este movimiento “justiciero” no esconden su filiación perredista, lo que abre otra trascendental interrogación: si así actúan hoy, engallados sólo por su apoyo al “Pacto por México”, o por los “millones de votos” que cosechó su candidato, ¿qué harían mañana con el país entero en sus manos? ¿Quiénes serían las primeras víctimas de su “dictadura del proletariado” formada por fanáticos analfabetas? ¡Hay que dejar de incubar el huevo de la serpiente hoy! Mañana puede ser tarde.