Se acelera la inflación. Otro apretón de tuerca para la clase obrera

**Para comprar 1 kg de bistec, en 1987 se requería trabajar 5 horas con 25 minutos, mientras que en abril de 2016 se necesitan 14 horas y 46 minutos, un aumento de 396%.

La Crónica de Chihuahua
Julio de 2016, 13:41 pm

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Martín Morales

La irrefrenable alza de los precios, la aceleración del proceso inflacionario que para la clase empresarial y el Gobierno han sido un poderoso argumento para no aumentar los salarios a los trabajadores y para fijar salarios mínimos insuficientes, hoy sirven, además, para “justificar” el alza de precios en productos e insumos básicos. El 1º de julio se anunció un aumento en las gasolinas y la electricidad; es decir, a la iniciativa privada (IP) y a las autoridades no les importa que el costo de la inflación se traslade automáticamente a los consumidores finales de bienes y servicios ni que esta alza repercuta en su capacidad de compra.

Un par de semanas antes del anuncio del “gasolinazo”, el 18 de mayo, el “Informe de Desarrollo de México”, elaborado por el Programa Universitario de Estudios de Desarrollo (PUED) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), había llamado la atención del Gobierno federal sobre la posibilidad de que la precariedad en el empleo y los bajos ingresos laborales sean factores de alto riesgo para la estabilidad social del país, toda vez que el promedio nacional de ingresos es de tres salarios mínimos y esta cantidad resulta absolutamente insuficiente para el sostenimiento recomendable o sano de las familias.

Callejón sin salida
La doctora Araceli Damián González, investigadora especializada en materia de pobreza en El Colegio de México, afirma categóricamente que al trabajador mexicano se le está poniendo en un callejón sin salida. “¿Que hay prioridad para los intereses empresariales? Eso siempre ha sido así; es ilusorio pensar que el partido que ha estado en el poder desde el siglo pasado esté a favor de las mayorías. Es muy claro: la población mexicana tiene que tomar conciencia de que la estructura de poder nunca va a hacer reformas que favorezcan a la población mayoritaria.

“El Gobierno mexicano está privatizando los derechos sociales, en educación, en salud, etcétera. En este sector, la idea de la universalización de los servicios de salud apunta a la construcción de un paquete de servicios básicos públicos para la población; y el resto tendría que obtenerlo a través de adquirir un seguro médico comercial, en el cual va a haber distintos niveles de cobertura, y eso, al final de cuentas, va a depender del nivel socioeconómico de las personas. Esto va a generar muchas dificultades sociales, como está ocurriendo en el terreno de la educación”, resaltó la doctora Damián en conversación con buzos.

A todo esto, anotó la especialista, se suma ahora el posible descontrol de la economía. “La inflación pega especialmente en los alimentos, ahí siempre es mucho mayor el impacto. Además, todavía no está clara la magnitud del impacto que tendrá en la economía mundial la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pues aún no se ha concretado y ya los mercados están reaccionando de manera negativa; esto al final de cuentas provocará la salida de capitales de los países, elevación de las tasas de interés”, el Gobierno mexicano tendrá que seguir recortando el gasto, se contraerá más la economía y los ingresos de la mayoría de las personas se depreciarán más”.

Más precariedad
El citado estudio del PUED señala que dos de cada tres trabajadores están recibiendo ingresos menores a dos mil 400 pesos al mes, insuficientes para una familia promedio de cuatro integrantes que desee adquirir una canasta básica, como es el caso de la mayoría de los 32 millones de hogares mexicanos; en mayo tenía un precio de mil 335 pesos, antes de que empezara la actual escalada inflacionaria en artículos y servicios básicos.

Este trabajo deja ver que las inversiones extranjeras tampoco han sido la panacea anunciada. En un comparativo, el PUED indica, por ejemplo, que entre 2013 y 2015 los ingresos de los trabajadores mexicanos del sector manufacturero, controlado por corporativos trasnacionales, fueron equivalentes a cinco dólares diarios, en tanto en Japón el promedio era de 20.3 dólares y en Canadá de 21.5 dólares.

Más restricciones
En cuanto al recorte presupuestal de 31 mil 715 millones de pesos anunciado el 24 de junio por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la doctora Damián dijo que impactará rubros tan sensibles como la educación y la salud. Apenas en febrero pasado se había aplicado otro recorte, esta vez de 132 mil 300 millones de pesos, de los cuales 100 mil millones correspondieron al presupuesto de Petróleos Mexicanos (Pemex), antes empresa 100 por ciento mexicana y ahora puesta a disposición de inversionistas privados.

Esa disminución del presupuesto público se presentó como una “medida preventiva” ante la volatilidad de la situación económica internacional, que está siendo impactada fundamentalmente por la salida (brexit) del Reino Unido de la Unión Europea. El solo resultado de la votación británica derrumbó el valor de las acciones bursátiles y de la mayoría de las monedas del mundo, aunque fortaleció al dólar estadounidense, al que está uncido el peso mexicano, por lo que éste empezó a recibir presiones a la baja.

Al anunciarse el recorte, el titular de la SHCP, doctor Luis Videgaray Caso, minimizó el riesgo al señalar que la relación económica de México con Gran Bretaña sólo representa 0.7 por ciento del total de sus intercambios comerciales con el mundo, por lo cual –dijo– no se espera que el brexit tenga un impacto relevante en la cuenta corriente (ingresos y gastos del Gobierno) y la balanza comercial (importaciones en relación con las exportaciones). México, indicó el doctor Videgaray Caso, va a actuar “como siempre lo ha hecho la economía mexicana, fortaleciendo sus fundamentos macroeconómicos, actuando con responsabilidad en materia fiscal y monetaria”.

El doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico A. C., y académico de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México, señaló: “el recorte al gasto lo que va a hacer es influir sobre una menor demanda agregada, es decir, un menor consumo del Gobierno; pero al final del día, es una parte muy pequeña, se limita a lo que está vinculado al Gobierno y no tendrá un efecto sobre el consumo privado, que se afectará más si las empresas, en un momento dado (como está ocurriendo) tienen la necesidad de trasladar estos aumentos a los artículos que venden al consumidor.

En realidad, creo que la presión va a llegar más por el lado de los bienes y servicios que consumen las familias. Me parece que la presión inflacionaria va a provocar que la tasa llegue a tres o 3.5 por ciento de inflación en los siguientes meses”.

Se suma la inflación
Al cierre de esta edición, especialistas en Economía calculaban que la tasa de inflación, que cerró en 2.13 por ciento en 2015, terminará 2016 aproximadamente en 3.3 por ciento.

El 8 de enero, el Gobierno había anunciado con bombo y platillo que la economía mexicana había concluido 2015 con una tasa histórica de inflación de 2.13 por ciento, la más baja en 45 años, es decir, desde que la calcula el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Se resaltó que esa cifra quedaba por debajo del tres por ciento anticipado para ese año por el Banco de México (Banxico). Se afirmó que estos bajos niveles inflacionarios eran producto de las reformas neoliberales que habían comenzado a mostrar sus “bondades” desde agosto de 2015. Sorprendentemente, en diciembre de 2015, periodo del año en que generalmente sube la inflación, la tasa inflacionaria había terminado con un aumento mensual de 0.41 por ciento.

Los analistas económicos que generalmente coinciden con los cálculos del Gobierno y las autoridades indicaron que la tendencia de 2016 era de estabilidad de precios, sobre todo por la reducción en el precio de los combustibles y porque las tarifas de electricidad se mantenían bajas. Había disminuciones en los precios de la telefonía móvil, debidas a la reforma en telecomunicaciones, y un 0.59 por ciento de reducción en el precio de la gasolina y de 0.61 por ciento en la electricidad gracias a la reforma energética, pero la situación real dice totalmente lo contrario, por poner un ejemplo, hace unas semanas volvió a subir el precio de la gasolina.

Resaca
Cinco meses después vino la resaca de la fiesta; callaron las porras y las fanfarrias anunciando la prosperidad y bienestar para la mayoría de los mexicanos. El 1º de julio de 2016 se anunció un incremento a las tarifas de electricidad y al precio de los combustibles.

El de la gasolina Prémium pasó de 14.03 a 14.37 pesos el litro; el de la Magna, de 13.16 a 13.40 pesos por litro (24 centavos más), cuyo consumo nacional equivale a 80 por ciento. El diésel se mantendrá, por lo pronto, en 13.77 pesos por litro, ya que su aumento agitaría al sector agropecuario. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció un aumento en las tarifas del consumo eléctrico que va de dos a cinco por ciento, en el caso de los consumidores del sector industrial; de cinco a siete por ciento en el comercial y de 6.8 por ciento en el doméstico de alto consumo.

Según la CFE, el aumento no golpearía a la mayoría de los mexicanos, porque 98 por ciento de la población pertenece al sector de bajo consumo. Pero el incremento en el precio de la energía eléctrica de uso industrial se trasladará al bolsillo del trabajador por vía del alza de los precios de los productos y servicios. Lo mismo ocurre en el caso de los combustibles; empresariado e industria pasarán la factura del aumento de los costos de producción al trabajador-consumidor.

A este impacto hay que sumar los efectos de la pérdida de valor del peso mexicano frente al dólar estadounidense, que también se traslada al consumidor a través de los alimentos importados, cuyo monto equivale a 40 por ciento del consumo nacional a causa de la pérdida de soberanía alimentaria del país.

El pasado 29 de junio, Manuel Herrera, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), reportó un aumento de entre cinco y siete por ciento en los precios de los productos electrónicos (computadoras, entre otros), así como en la maquinaria para la industria de la construcción y equipos de comunicación y para la elaboración de alimentos y bebidas; anticipando, sin embargo, que esto no representaba un incremento generalizado de productos industrializados y artículos de la canasta básica. Su apreciación quedó superada dos días después cuando se anunció el nuevo “gasolinazo” y el aumento de precios de las tarifas de electricidad.

Inflación a la alza
El 18 de junio, la firma estadounidense Merril Lynch anticipó que la inflación en México repuntaría en los siguientes meses de 2016 y que al finalizar el año podría llegar a 3.3 por ciento, aunque dicha cifra seguirá estando dentro de la meta fijada por Banxico, que un mes antes había ajustado su expectativa inflacionaria a tres por ciento con respecto a 2.9 por ciento que había previsto para 2016. Sin embargo, aunque todavía falta medio año, analistas de la UNAM creen que habrá más aumentos de precios –incluidos los de los energéticos– y que en el primer trimestre de 2017 habrá un repunte todavía más duro.

La actual alza en la inflación había comenzado desde junio pasado, cuando el índice nacional de precios al consumidor reportó un repunte de 0.11 en el consumo alimentario a raíz de un aumento de 47.59 por ciento en el precio del llamado “oro verde” (aguacate) que reconoció como el más alto en un mes desde 1969. En junio también subieron el jitomate y la naranja, cuyos precios por kilogramo reportaron alzas de 4.22 y 27.28 por ciento, respectivamente.

En el índice de “inflación subyacente”, en cuyo cálculo se eliminan los bienes y servicios con precios “más volátiles” –aquellos que cambian frecuentemente de precio– se reportó que el incremento de la inflación en junio fue incluso superior; esto es, de 0.25 por ciento, para hacer un acumulado de 2.97 por ciento en lo que va del año, dato superior a 2.93 por ciento registrado en mayo. De acuerdo con información del Inegi, la vivienda fue uno de los bienes con mayores incrementos en junio, después del aguacate.

El pasado 30 de junio, Banxico anunció un aumento a su tasa de interés en 0.50 puntos porcentuales, el segundo aumento en lo que va de 2016, con lo que dicha tasa pasó de 3.75 a 4.25 por ciento. Agustín Carstens, titular de la dependencia, explicó esta medida como una acción alterna con la que esta institución no tendrá que intervenir directamente en el mercado cambiario –prohibido por el Fondo Monetario Internacional– usando las reservas internacionales de dólares, a fin de detener la caída del tipo de cambio peso-dólar.

La medida también tuvo como objetivo evitar que la depreciación del peso frente a la moneda estadounidense empuje más la inflación, lo que de cualquier manera está ocurriendo.

Sorprendentemente, el gobernador de Banxico aseguró que son los robots cibernéticos involucrados en operaciones financieras los que están derrumbando al peso; y afirmó que las presiones inflacionarias solamente derivan del aumento en las tarifas de la energía eléctrica que, a su vez, son consecuencia del incremento en el precio de los combustibles necesarios para producir electricidad. Es decir, el combustóleo, que encareció 8.4 por ciento y el gas, que aumentó 18 por ciento, ambos vendidos por Pemex.

Los cálculos económicos especializados recabados por buzos señalan que todas las medidas gubernamentales son de corte restrictivo y vendrán a constreñir aún más la economía mexicana, generando menor crecimiento –que redundará en más desempleo– cuya tasa podría quedar por debajo del dos por ciento, quizá hasta de 1.5 por ciento, muy por debajo de las optimistas estimaciones oficiales que preveían un aumento del producto interno bruto de 2.5 en 2016 y de 2.8 en 2017.

Golpe vital
En su reporte 123, denominado “México: más miseria y precarización del trabajo”, especialistas del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la UNAM, hacen puntual seguimiento de la forma en que el modelo económico neoliberal va afectando el ingreso de los trabajadores; este informe señala que debido a “la precarización del salario en México, del 17 de diciembre de 1987 al 25 de abril de 2016, la pérdida acumulada del poder adquisitivo del SM es de 79.11 por ciento”.

Estos cálculos corresponden a abril pasado, sin tomar en cuenta todavía el nuevo y vigoroso golpe que sufrirán los ingresos debido a las adversidades económicas antes descritas.

Los especialistas del CAM dicen además: “actualmente, 32 millones de trabajadores en México sobreviven en diferentes niveles de miseria, como consecuencia del ingreso insuficiente para adquirir la canasta básica.

Del 16 de diciembre de 1987 al 25 de abril de 2016, el precio de la Canasta Alimenticia Recomendable (CAR) pasó de 3.95 a 213.46 pesos diarios”. Precisan que en el mismo periodo, el aumento del salario mínimo ha sido equivalente a mil 28 por ciento, en tanto el de la CAR ha sido de cinco mil 304 por ciento. “La relación muestra que por cada peso que aumenta el salario aumenta cinco pesos el precio de la CAR, como consecuencia de las políticas basadas en los topes salariales, impuestas durante los últimos seis sexenios, que han oscilado entre tres y 4.5 por ciento anual”.

Enfatizan: “(hay) un grado de superexplotación al que ha sido sujeto el trabajador mexicano, trasladando el fondo de consumo del obrero hacia el fondo de acumulación capitalista. La clase trabajadora mexicana enfrenta una situación generalizada de precarización que se expresa en el deterioro de los niveles de vida de las familias mexicanas.

Los trabajadores tienen que laborar más tiempo para intentar nivelar su consumo”, indicaron los investigadores del CAM, quienes dieron algunos ejemplos: “para comprar un kilogramo (kg) de tortilla, el 18 de diciembre de 1987, el trabajador requería laborar 24 minutos de una jornada de ocho horas; al 25 de abril de 2016 es una hora con 31 minutos.

Para comprar un kg de bistec, en 1987 se requerían cinco horas con 25 minutos de una jornada de ocho horas, mientras que en abril de 2016 se necesitan 14 horas y 46 minutos, lo cual representa un aumento de 396 por ciento.

Derivado de esto, un trabajador requiere laborar una jornada completa de ocho horas más tres cuartos de otra para comprar un kilo de carne de res”.

Por otro lado, tomando como base el periodo de 1982 a 2016, con el salario mínimo del 1º de enero de 1982 se podían comprar 18 litros 670 mililitros (ml) de leche, mientras que con el del 25 de abril de 2016, sólo se pueden adquirir cuatro litros 550 ml; siete litros de aceite en 1982 y dos litros 920 ml en 2016; en 1982 podían comprarse ocho k 500 g de huevo y hoy sólo dos k 680 g; esto es, cinco kilos 820 gramos menos.

Frijol, 12 k en 1982 y tres k 90 g en 2016, es decir, ocho k 910 g menos. Los analistas del CAM descalificaron lo expresado por el Presidente Enrique Peña Nieto el 1º de mayo, quien durante la celebración del Día del Trabajo dijo que entre diciembre de 2012 y diciembre de 2015, el salario había tenido una recuperación del cinco por ciento en su poder adquisitivo.

“Al respecto, podemos afirmar que es totalmente falso. Del 1º de enero de 2013 al 13 de octubre de 2015 se registró una pérdida del poder adquisitivo de 9.65 por ciento”.