Replantear el Pacto

Javier Corral Jurado /Columna Rotafolio

La Crónica de Chihuahua
Mayo de 2013, 22:17 pm

No hay duda de que el Pacto por México es un instrumento de acuerdo político bueno para el país. Las dos iniciativas que han emergido de su seno, han puesto en marcha reformas estructurales que provocarán cambios sustanciales tanto en el sistema educativo, como en el sector de las telecomunicaciones, la radiodifusión y la competencia económica. Comparativamente con los temas que directamente han procesado las cámaras del Congreso, cuyas iniciativas se formulan desde los grupos parlamentarios y se negocian entre coordinadores, es claro que las iniciativas del pacto han tenido mayor hondura, una dimensión transformadora mayor. Esto hace del mecanismo del Pacto un espacio indispensable para los objetivos del crecimiento económico y la consolidación de nuestra democracia. En estos valores se construye un futuro mejor para todos.

Así lo ha reconocido el PAN cuando decidió suscribir el pacto y ahora que tras una larga deliberación en el Comité Ejecutivo Nacional reafirmamos nuestra voluntad de permanecer en él. Sin embargo, hemos condicionado nuestra permanencia en dos sentidos; en el primer caso hemos exigido del gobierno federal una conducta sincera, que honre su palabra de respeto a la Constitución y la ley, en todo momento y de manera particular en los procesos electorales, que haya castigo ejemplar a los responsables del caso Veracruz, en el que quedó expuesto el burdo manejo con fines electorales de la estructura de la Secretaría de Desarrollo Social y los programas que ésta maneja. Ese castigo debe operar como un mensaje en sentido inverso al que envió el Presidente Enrique Peña Nieto a toda la burocracia federal cuando desdeñó las acusaciones de la oposición y dijo a Rosario Robles, “no te preocupes, Rosario, aguanta”.

La necesidad de blindar esos programas del uso electoral, y revisar a fondo los criterios y selección de los municipios sujetos a la Cruzada Nacional contra el Hambre —determinados bajo un alto componente discrecional que hace coincidir a la mayoría de las poblaciones destinatarias del programa con las que tendrán proceso electoral local—, está dentro de esa condición indispensable de imparcialidad.

Los objetivos de concretar reformas estructurales para México no puede estar desligado de las mínimas condiciones democráticas en la competencia electoral, y mucho menos, del deber opositor que ahora vuelve a tener Acción Nacional, como equilibrio, contrapeso y denuncia a los abusos y excesos del poder. Sería una enorme ingenuidad política del PAN ignorar la reconstitución en marcha de la inmoral e ilegal simbiosis PRI-Gobierno, llevada hasta la reforma estatutaria priísta que ha colocado al mando del Consejo Político Nacional, ni más ni menos que, al Presidente de la República.

En efecto, es necesario mantener separados el ámbito del pacto, como una especie de campo de neutralidad, con el de la disputa electoral, por naturaleza confrontativa y
parcial; pero cuando la disputa electoral está manchada por la ilegalidad, la parcialidad gubernamental y la indebida intromisión tanto del secretario de Gobernación como de los gobernadores en los procesos locales, e incluso en la vida interna de los partidos, esa separación no puede existir. Acción Nacional terminaría en un escenario muy delicado e incomprensible: que por una correcta y madura actitud política de colaboración y corresponsabilidad, avale a una fuerza política cuyo comportamiento real sigue siendo autoritario, corrupto e ilegal.

El otro aspecto que Acción Nacional ha puesto sobre la mesa del gobierno federal como condicionamiento, es un replanteamiento del pacto tanto en su método de procesamiento de las iniciativas, a efecto de hacerlo más incluyente y transparente, así como anticipar a la discusión de cualquier otra iniciativa, los compromisos enlistados en el capítulo quinto Acuerdos para la Gobernabilidad Democrática, que van del 87 al 95. Se trata de las reformas en materia política y electoral, con las que debemos cerrar las brechas que aún tenemos en términos de la equidad y fiscalización de las campañas electorales.

Entre los compromisos firmados por el Presidente de la República y los líderes de los partidos políticos se destaca aprobar una Ley General de Partidos para dar un marco jurídico estable y claro a la actuación de los mismos tanto en tiempos electorales como en tiempos no electorales. Dentro de la reforma electoral, se pretende reducir y dar mayor transparencia del gasto de los partidos. Disminución en el monto de los topes de campaña. Incorporación a las causales de nulidad de una elección lo siguiente: 1) el rebase de los topes de campaña; 2) la utilización de recursos al margen de las normas que establezca el órgano electoral; y 3) la compra de cobertura informativa en cualquiera de sus modalidades periodísticas, con la correspondiente sanción al medio de que se trate. También se pactó prohibir el uso y la entrega de utilitarios de promoción electoral, tales como materiales plásticos, materiales textiles, despensas y materiales de construcción, y en clara referencia al caso Monex, “fortalecer la legislación para evitar el uso de esquemas financieros y/o recursos de origen ilícito con el propósito de inducir y coaccionar el voto”.

El Pacto no sólo debe procesar reformas frente a los poderes fácticos, ya sea en su versión de corporativismo sindical magisterial o de duopolio televisivo, en las que el PRI y el gobierno han concurrido bajo una lógica más de reconstrucción del poder del Presidente de la República que animado por una vocación democrática; el Pacto también debe generar reformas que coloquen como sujeto esencial al propio gobierno federal, al poder del Presidente de la República y al de los gobernadores de los estados.