¿Quién financia la guerra de lodo contra Antorcha?

Artículo de Homero Aguirre Enríquez

La Crónica de Chihuahua
Agosto de 2011, 20:50 pm

Dime quién del gobierno federal se beneficia con los ataques contra Antorcha, y te diré donde cobras.

Al iniciar la semana, fue publicado en El UNIVERSAL un texto a plana completa titulado: Antorcha Campesina: el miedo como fuente de poder. El escrito, presentado como un reportaje de investigación y firmado por Ignacio Alvarado, en realidad es una evidente recopilación de las acusaciones, muchas veces repetidas y jamás probadas desde hace décadas, lanzadas en contra de la organización antorchista, en la que se pretende hacernos responsables a todos los que formamos parte de la misma, de crímenes horrendos, padrinazgos inconfesables y asaltos violentos al poder.

Al igual que en otras ocasiones en que se nos ha acusado por motivos políticos en la prensa, ninguno de los ataques traídos a colación por el “investigador” Alvarado viene acompañado de alguna prueba mínima; ni siquiera se tomó la molestia de preguntarnos a los antorchistas que estuvimos a su alcance, nuestra respuesta a tan graves acusaciones; y no porque nos hubiéramos negado a contestar (tengo la grabación de la entrevista hecha al Ing. Omar Carreón, coordinador de nuestra Dirección Nacional, y no hay absolutamente ninguna pregunta respecto a esos temas, y tampoco entrevistó a los líderes campesinos mencionados en su escrito).

Alvarado tampoco tuvo cuidado de buscar patiños nuevos y más creíbles para montar esta farsa acusatoria: el primero de ellos, Enrique González Ruiz, es un antiguo y frustrado enemigo del antorchismo, un tipo siempre conectado a una ubre presupuestal, que para evitar el error de vivir fuera del erario ahora también está en la nómina de la Universidad de la Ciudad de México, en donde ha sido denunciado por la rectora de la misma debido a que este señor ocupa, al mismo tiempo, una plaza de tiempo completo en la UNAM, es decir, es un aviador en una institución cuyos problemas académicos denunciados por su propia rectora, incluyen la existencia de individuos que cobran pero no investigan, como González Ruiz; el otro, Fernando Cuéllar, es un individuo que se ha mantenido parapetado tras un membrete que supuestamente defiende los derechos humanos en Puebla, pero que en realidad se ha alquilado para atacar a los antorchistas cada vez que alguien con poder y dinero lo necesita para darle aires de imparcialidad a sus embestidas, como ocurrió reiteradamente durante la lucha que sostuvimos contra el gobierno de Mario Marín, durante la cual este “luchador social”, en los momentos de más tensión política hacía su aparición intempestivamente para hacer “denuncias” contra Antorcha Campesina, mismas que eran difundidas profusamente por la oficina de prensa de Marín. Finalmente, tenemos como testigo contra el antorchismo, nada menos que a Guadalupe Buendía, La Loba, una multihomicida sentenciada junto con su parentela a más de 400 años de cárcel por el asesinato de diez personas simpatizantes del alcalde antorchista Jesús Tolentino Román, en julio de 2000. He ahí a esta Corte de los Milagros -formada de un presupuestívoro, un falso defensor de derechos humanos y una asesina bestial-, reunida para acusar y enjuiciar a un movimiento popular exitoso, al que siguen casi un millón de personas de todo el país; al que buscan denigrar a toda costa y endilgarle padrinazgos de políticos del pasado y del presente para intentar disminuirle ese creciente apoyo popular.

Respecto a las acusaciones sobre crímenes en Huitzilan de Serdán, basta citar un texto suscrito por miles de firmas de huitziltecos, publicado hace más de diez años en un periódico capitalino: “Es total y absolutamente falso que los asesinatos ocurridos en nuestro pueblo y municipio, que ciertamente fueron numerosos e incluyeron a hombres maduros, jóvenes, ancianos, mujeres y niños, hayan sido cometidos por ANTORCHA CAMPESINA, y es falso también que el horror haya tenido principio a partir de 1983… Los verdaderos asesinos fueron y siguen siendo miembros y líderes de la llamada Unión Campesina Independiente (UCI), quienes recurrieron a este infame recurso para conquistar y retener en sus manos el poder absoluto en nuestro pueblo y municipio, y para imponer su voluntad a la totalidad de la población mediante el terror. En muy apretada síntesis, los hechos ocurrieron así: a principios de la década de los setenta surge la UCI como un movimiento político y social, encabezando algunas luchas, esencialmente justas, de grupos campesinos en demanda de tierras. El éxito relativamente rápido que obtuvo, entre los indígenas principalmente, aunado a una extraña intoxicación ideológica de tipo “guerrillero”, llevó rápidamente a sus militantes a la conclusión de que el carácter elevado de su causa los colocaba al margen y por encima de las leyes del país y los autorizaba a cometer todo tipo de “acciones revolucionarias” incluida, en primer lugar, la eliminación física del “enemigo de clase”. El poder y la ausencia de cualquier tipo de freno, legal o moral, provocó, primero, la descomposición ideológica de los dirigentes, que se corrompieron mediante el dinero fácil, las mujeres y el alcohol (corrupción que no tardó en transmitirse a los elementos de base) y finalmente, la división del grupo en varios subgrupos, uno de los cuales, el de Huitzilan de Serdán precisamente, se convirtió rápidamente en una gavilla de malvivientes que cambió la lucha por la tierra por el más lucrativo oficio de robar café, asaltar comercios y personas, y vender protección a caciques interesados en proteger sus fincas cafetaleras de posibles invasiones promovidas por la propia UCI. En su nuevo rol, la gavilla se dio pronto cuenta de que le era indispensable el control político absoluto de la población y, para lograrlo, selló un pacto con el cacicazgo local: a cambio de garantizarles la integridad de sus fincas cafetaleras y sus negocios, los UCI’s recibirían de aquéllos armas, dinero y complicidad en todo lo que intentaran, ya fuera para enriquecerse o para garantizar sus dominios sobre el resto de la población. Fue así como se inició una verdadera cacería indiscriminada en contra de todo aquél que manifestase el más mínimo signo de descontento en contra del poder asesino UCI-caciques e, incluso, en contra de todo aquél (hombre, mujer, anciano o niño) que no se plegara a los caprichos, así fueran los más bestiales, de la gavilla y sus aliados. Este es el verdadero origen de la terrible tragedia que por más de una decena de años vivimos los auténticos huitziltecos; ésta es la verdadera explicación de los motivos que la alimentaron y ésta la prueba histórica irrefutable de quiénes fueron y son los auténticos verdugos de nuestro pueblo.

“Antorcha Campesina no trajo la violencia a Huitzilan. Esta ya existía con mucha anterioridad a su llegada y los dirigentes antorchistas sólo nos enseñaron a luchar contra ella en forma organizada y con la ley y el derecho como únicas armas. Gracias a Antorcha, ahora tenemos luz, agua, pavimento, drenaje, clínica, zócalo e iglesia reconstruidos y embellecidos y un sistema educativo que va desde el kínder hasta la preparatoria. Y esto no lo dicen sólo los antorchistas; lo decimos una mayoría del pueblo, ajena a la organización, pero que somos testigos directos y usufructuarios del cambio positivo que ha experimentado nuestro municipio…”

Particularmente indignante, por calumniosa, es la parte relativa a Chimalhuacán, en donde Alvarado nos acusa de usar una “fórmula violenta para apoderarnos de ese municipio”. El reportero miente absolutamente. Es sabido que en ese lugar llegamos al poder municipal gracias al voto de la mayoría de los chimalhuacanos que apoyaron la planilla encabezada por Jesús Tolentino Román, y que la embestida criminal contra los seguidores del alcalde antorchista provino de sicarios parapetados en la azotea del palacio municipal, contratados por La Loba, una mujer desquiciada por la pérdida del poder y alentada en su empresa criminal por políticos que la armaron y le ofrecieron protección. La prueba de que esto es cierto es que todos los muertos y heridos resultaron ser miembros o simpatizantes del antorchismo. La evidencia de que hemos hecho un trabajo progresista, encaminado a una transformación radical de ese municipio, está en el extraordinario apoyo popular que tiene el proyecto de gobierno que ahí impulsamos, como lo demuestran los contundentes triunfos electorales que hemos tenido.

Pienso que no estamos ante un error de método de investigación periodística, sino frente una actitud deliberadamente calumniosa del reportero. Su “trabajo” no buscaba descubrir una verdad, sino desprestigiar a una organización que en la actualidad protagoniza movilizaciones contra el gobierno federal en demanda de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregue recursos programados por la Cámara de Diputados y destinados a construir caminos, lucha que se ha dado en medio de una tupida lluvia de ataques de algunos “periodistas” incondicionales al gobierno. En ese contexto, no resulta un despropósito tratar de indagar quién está detrás del golpe mediático que aquí comentamos, así que nos permitimos decirle al reportero: Dime quién del gobierno federal se beneficia con los ataques contra Antorcha, y te diré donde cobras.