La privatización de las universidades

REPORTAJE ESPECIAL. ¿Educación Superior gratuita? "mientras eso no esté claro continuará el esquema estatal semiprivatizado que hoy prevalece en el país".

La Crónica de Chihuahua
Marzo de 2016, 16:26 pm

Buzos, Martín Morales.

Entrevistado por Buzos de la Noticia, el doctor Manuel Gil Antón, profesor e investigador del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México (Colmex), especializado en Educación superior, fue categórico al manifestarse porque el Congreso de la Unión establezca de una vez por todas que la educación superior impartida por el Estado mexicano sea gratuita, tal como lo dispone el Artículo Tercero constitucional, a fin de eliminar las cuotas que se exigen en las universidades públicas de las entidades federativas.

Mientras eso no esté claro – abundó – continuará en la indefinición el esquema estatal semiprivatizado de educación superior que hoy prevalece en el país, toda vez que las cuotas se visualizan como legales y se acepta la discrecionalidad con que los gobiernos estatales hacen sus aportaciones y transfieren recursos federales a las universidades públicas, cuya insuficiencia implica el frecuente riesgo de incrementar las cuotas estudiantiles para cubrir los faltantes, hecho que está convirtiendo a algunas de ellas en elitistas al excluir a los aspirantes que no pueden pagar esas cuotas.

Recientemente, este esquema dio lugar al decreto por el que se crea el sistema de Universidades Públicas Estatales (UPE) – integrado por 34 centros escolares – cuya mayoría vive al borde del ahogo financiero, pues con demasiada frecuencia no tienen dinero para pagar la nómina de su personal, mejorar su oferta educativa y ampliar sus matrículas escolares.

"Es una privatización de facto por dos vías: una, porque las reducciones presupuestales obligan a las universidades a limitar el crecimiento de su matrícula, dirigiendo la demanda hacia opciones de educación privada, que aquí en Veracruz hemos visto que han tenido un crecimiento exponencial en los últimos años, alentado, precisamente, por esa demanda insatisfecha; y otra, porque se obliga a la privatización de las propias universidades públicas, porque en la medida en que hay una restricción presupuestal éstas tienen que cobrar cuotas a sus estudiantes para poderse sostener; quienes a su vez se ven obligados a pagar parte del costo de su financiamiento".

"Esta restricción presupuestal está deteriorando el bienestar de la población, que, evidentemente, tiene que echar mano de sus limitados recursos para financiar la educación universitaria de sus hijos; es un fuerte impacto también porque una institución educativa así de limitada no puede ofrecer la educación que el desarrollo exige", comentó a este semanario el doctor en Economía, Hilario Barcelata Chávez, coordinador del Observatorio de las Finanzas Públicas de la Universidad Veracruzana (UV), uno de los académicos que han demandado insistentemente la regularización de la ministración de recursos estatales y federales para esa institución, obstaculizada por el actual mandatario estatal, Javier Duarte.

"Es una situación muy grave en todo el país y llevará a las universidades públicas a una situación como la que estamos pasando en Veracruz; es dramática, porque no sólo hay restricción presupuestal, sino que además el Gobierno estatal no le transfiere los recursos a la institución en tiempo y forma; van acumulándose deudas muy grandes que limitan su funcionamiento y de proveer, de manera eficiente, los servicios de educación superior", señaló el doctor Barcelata. Al cierre de edición, tras dos años de lucha, la UV no recibía aún su financiamiento.

Intereses empresariales

Orillados por la falta de cumplimiento del necesario financiamiento de las universidades públicas, los consejos universitarios han buscado formas emergentes de subsanarlas, cuyo monto va en proporción al presupuesto oficial no recibido mediante el cobro de cuotas por algunos servicios escolares e, incluso, la firma de acuerdos con empresas privadas para la prestación de labores de investigación, asesorías, entre otras.

Por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Coahuila (UAC) el costo total de un semestre es de 13 mil 854 pesos, monto que la convierte en una de las escuelas más caras del país. En la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) el precio de la inscripción semestral a la carrera de medicina es de cinco mil 880 pesos y la de derecho, cinco mil cinco pesos. También se pide un certificado médico externo, con un costo adicional, a todo lo cual se suma el alto precio de los libros en lengua extranjera.

La inscripción a la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) va de los dos mil 705 a los dos mil 485 pesos. En la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) es cinco mil pesos, lo que equivale a un costo promedio de 40 mil pesos para una carrera de ocho semestres. En la Universidad de Guanajuato (UGTO) la inscripción por plan semestral es de mil 275 pesos. En la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), hay una cuota anual que va de tres mil 700 a seis mil 200 pesos dependiendo de la carrera. En la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), la inscripción es de mil 500 pesos y el costo total de una licenciatura oscila entre 12 mil y 15 mil pesos, más los gastos adicionales del material didáctico.

En la Universidad de Colima se han presentado reiteradas muestras de inconformidad estudiantil ante las cuotas escolares, (en promedio hasta dos mil 500 pesos), cifra que se considera muy alta comparada con los servicios que ofrece el centro escolar. En la UV la cuota de nuevo ingreso en el periodo febrero-julio de 2016 en la Facultad de Contaduría y Administración fue de 900 pesos y el Consejo Universitario calculaba en diciembre pasado un nuevo incremento de cuotas debido a la falta de ingresos. El 27 de febrero, estudiantes se movilizaron para protestar por el alza de cuotas, al señalar que no tenían dinero para costear esos pagos.

Un caso singular se encuentra en la Universidad Autónoma de Durango (UAD), que a pesar de ser considerada una institución pública, en realidad, parece una escuela privada. La colegiatura anual de carrera de medicina cuesta 20 mil pesos. El costo promedio de las licenciaturas es de 80 mil uno a 200 mil pesos.

El doctor Manuel Gil Antón explica: "las universidades se mantienen con subsidio estatal y federal, pero hay una enorme diversidad en las proporciones en las que participan; hay estados en los que la universidad pública recibe más del 50 por ciento por parte de uno y menos del 50 por ciento de la Federación; otros en donde el 10 por ciento es del estado y el 90 por ciento del Gobierno Federal. Ha habido una sistemática diferenciación de lo que aportan ambos y eso se ha convertido en uso y costumbre. Del mismo modo, son muy variables las cuotas que pagan los estudiantes".

"Existen estados en donde las cuotas son muy altas en comparación con los 50 centavos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En eso tampoco hay una regulación legal. Un tercer elemento es que los problemas que estamos viviendo en Veracruz se deben a que las participaciones federales, asignadas y etiquetadas hacia la UV, no las han querido entregar. Cuando hay recursos federales que no se quieren entregar se está cometiendo un delito, y si no se quiere entregar la partida estatal comprometida, no sólo se está cometiendo un delito, también se está haciendo inviable la autonomía universitaria".

Viejo embrollo

Es un viejo embrollo al que se enfrentó también la principal casa de estudios de México: la UNAM, cuando alcanzó su primer grado de autonomía en 1929. La universidad, fundada en 1910, estuvo a cargo de la administración pública desde su origen.

La reforma de 1929 le dio autonomía, pero no la desligó de la administración federal, por lo que el Presidente de la República seguía nombrando al rector (como aún sucede en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), dado que a la fecha no es autónoma). Bajo un régimen autónomo, se dijo que la universidad tendría que hacerse cargo de su financiamiento (de hecho, esto fue causa de protestas, debates, negociaciones).

Los estudiantes decían: ‘autonomía y dinero público’, y el Gobierno: ‘autonomía, pero yo mando dentro de la institución’. Ése es el punto.

El régimen autónomo pleno de la UNAM se alcanzó en 1946 (aunque tras bambalinas el Presidente de la República en turno sigue teniendo poder para influir en la designación de rectores y otros funcionarios escolares).

El antecedente de la declaratoria de creación de la UNAM como tal y lo dispuesto por el Artículo Tercero constitucional, incluye tres aspectos: autonomía para elegir a sus autoridades y determinar su régimen interno; autonomía financiera, es decir, independencia en el manejo de sus recursos, y autonomía en la fijación de planes de estudio y programas, certificación de éstos y libertad de cátedra.

La UNAM hoy recibe financiamiento público y tiene autonomía completa, aunque el dinero de todos modos es insuficiente para aumentar la matrícula cada año y dar entrada a todos los jóvenes que piden estudiar.

Tampoco es suficiente para operar proyectos, de ahí que en la era neoliberal haya crecido la tendencia a que los centros de investigación firmen convenios mercantiles y presten servicios a corporativos privados a cambio de dinero, mientras los resultados de esa investigación (que debería quedar al servicio del pueblo), es privatizada por empresarios e, incluso controlada secretamente por gobernantes y funcionarios públicos, quienes las pagan con dinero público.

Gil Antón señaló como indispensable una reforma para establecer las definiciones legales requeridas, evitando con ello una serie de interpretaciones por parte de autoridades, sobre todo estatales, que tratan de evadir la responsabilidad de financiar la educación superior.

"La propia Constitución de la República dice que la educación que imparta el Estado será gratuita. Pero se ha interpretado que solamente se trata de la educación básica, lo será también la preparatoria cuando se haga obligatoria, y que la educación superior no tiene por qué ser gratuita. De hecho, no hay educación superior en México absolutamente gratuita; aunque sean 50 centavos, pero se pagan. Si en algún estado una Constitución local determinara que la educación superior además de ser autónoma es gratuita, entonces cualquier cobro sería ilegal, pero si no es una modificación de la Constitución, sino un acuerdo de Gobierno, éste cesa cuando ese Gobierno termina".

En su análisis Naturaleza jurídica de la universidad pública, el doctor Jorge Fernández Ruiz del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, describe las implicaciones de los conceptos "público", "educación pública", "centralización" y "descentralización", y pone de relieve las imprecisiones que hay sobre el concepto "público y servicio público", tal como el de la educación: "la universidad pública autónoma es un organismo descentralizado del Estado, no de la administración pública; su creación se efectúa mediante ley que le otorga la autonomía prevista en la Constitución, que en la fracción VII de su Artículo Tercero establece: las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y administrarán su patrimonio".

El doctor Fernández resalta un aspecto central del texto anterior: "el organismo descentralizado del Estado, en cuyo troquel se acuña la universidad pública autónoma, tiene personalidad jurídica y patrimonio propios; no depende de ninguno de los tres poderes tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial)".

En el subsistema de otras universidades estatales, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo cuenta con autonomía equivalente, pero la UV no. No obstante, ambas, como otras del país, han enfrentado severos problemas de financiamiento.

Obstáculos para la autonomía

Caso emblemático es el de la UV. La Federación envió el presupuesto (451 millones de pesos) pero el Gobierno estatal se mostraba renuente a dárselo, incluida, la parte correspondiente a la actual administración.

Al cierre de esta edición, el Gobierno adeudaba de acuerdo con la rectora Sara Ladrón de Guevara, dos mil 76.8 millones de pesos que no tenía para cuando entregar a la institución, pese a las demandas judiciales, movilizaciones y críticas recibidas en la entidad y el país.

Del monto adeudado, mil 625.1 millones de pesos corresponden al Gobierno veracruzano y el resto a la Federación.

Como vocero del colectivo En Defensa de la UV, formado por profesores e investigadores, Barcelata dijo a Buzos que toda esta situación estaba llevando a la universidad colapso. Resaltó que el retraso en la entrega de los recursos, por el que deberían sumarse costos adicionales, en el fondo existe un Plan de Ajuste Financiero, elaborado por el Gobierno local, por medio del que se estarían reduciendo 882 millones de pesos al presupuesto de la UV entre 2016 y 2021.
Sara Ladrón de Guevara indicó que con el apoyo de estudiantes y cuerpos académicos y de investigación se interpusieron demandas legales en contra de la administración duartista; la primera fue por violación al derecho humano a la educación, con base en un recurso de amparo directo, debido a la reducción de 249.8 millones de pesos en el presupuesto de este año. Otra se interpuso ante la Fiscalía general de estado, por mil 625 millones de pesos; y una más ante el Ministerio Público federal, por 451.7 millones de pesos.

Otro caso singular se está dando en la UMSNH, en donde la estudiante María de los Ángeles Cárdenas Alvarado y 49 de sus compañeros solicitaron un amparo al Poder Judicial de la Federación (PJF) por el cobro de cuotas emprendido por las autoridades de la institución educativa, a pesar de que la Constitución estatal, reformada durante el mandato del gobernador Leonel Godoy, en agosto de 2010, se aprobó establecer el principio de gratuidad de la educación pública en todos sus niveles, es decir, incluida la educación superior, a diferencia de la Constitución que no la define en específico.

A partir de esto, se usó un mecanismo administrativo para que el estado aplicara un subsidio a la UMSNH con el fin de permitir el cumplimiento de la nueva norma constitucional estatal.

En los artículos transitorios de la reforma se estableció que el estado se haría cargo de manera gradual de financiar la educación superior pública, de acuerdo con la disponibilidad de recursos.

Cuando Godoy dejó el Gobierno se suspendió la transferencia de recursos aunque la universidad mantuvo el régimen entre 2012 y 2013; pero en agosto de 2013, el Consejo Universitario determinó aplicar cuotas estudiantiles ante la falta de recursos, momento en el que la estudiante María de los Ángeles Cárdenas procedió a solicitar un amparo, mismo que le fue concedido en primera instancia, aunque el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde al cierre de esta edición se mantenía en discusión.

La Subsecretaría de Educación Superior (SES) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene registradas mil 500 instituciones de educación superior (IES) de la más diversa índole, tanto públicas como privadas. Según el Sexto Informe de Gobierno de 2012, hay seis mil 878 planteles con 342 mil 269 plazas docentes y dos millones 932 mil estudiantes matriculados. De las mil 500 instituciones, 366 son algún tipo de universidades estatales y federales, de acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). Por su parte, la SES divide todas esas IES en subsistemas: Universidades Públicas Federales (UPF); Universidades Públicas Estatales (UPE); Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario (UPEAS); Institutos Tecnológicos; Universidades Tecnológicas; Universidades Politécnicas; Universidades Interculturales; Escuelas Normales Públicas y “otras instituciones públicas” que por su naturaleza particular, no se pueden incluir en los subsistemas anteriores.

Como ejemplo principal de la insuficiencia financiera, 200 mil jóvenes son rechazados cada año por la UNAM, el IPN y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). El rezago es acumulativo. En el subsistema de (UPF) hay nueve instituciones, entre ellas, la UNAM, el IPN y la UAM. Si en éstas hay problemas financieros, en los estados la situación se agrava. Todos los años es prácticamente lo mismo.

Para ilustrar esto basta citar el reporte oficial de marzo de 2015, sobre el primer concurso para ingresar al ciclo de licenciatura 2015-2016. De 128 mil 519 estudiantes que presentaron examen en febrero, solamente fueron seleccionados 11 mil 490, es decir, el 8.9 por ciento de los solicitantes.

En el caso de la UNAM se admitió a seis mil 893 estudiantes de los 60 mil 254 solicitantes; es decir, sólo ingresó 11.4 por ciento del total de demandantes de un lugar para estudiar alguna de las 113 carreras universitarias en el ciclo 2015-2016, en las modalidades escolarizada, abierta y a distancia.

Hay 34 universidades que forman el subsistema de UPE que son las autónomas, unas tienen autonomía plena, otras no, pero todas tienen problemas de financiamiento.