¿Es línea del presidente que sus funcionarios mientan?

Artículo de Aquiles Córdova Morán

La Crónica de Chihuahua
Febrero de 2011, 22:41 pm

1.- El 13 de diciembre del año pasado, después de varias protestas masivas contra las altas tarifas y los abusivos e ilegales cobros de la Comisión Federal de Electricidad, (CFE) en la ciudad de Guaymas, Sonora, finalmente se firmó un acuerdo en que la paraestatal se comprometió a pasar a toda la gente de bajos ingresos, de la tarifa 1-E actual a la 1-F, la más baja que maneja; y a efectuar el ajuste respectivo en los recibos que, revisados uno a uno, resultaron claramente inflados. El compromiso fue signado por el Ing. Abel Valdez Campoy y por el Lic. Juan Marcos Gutiérrez González en representación de la CFE y la Secretaría de Gobernación Federal, respectivamente, y por la diputada federal Maricela Serrano Hernández y el Ing. Homero Aguirre a nombre de Antorcha Campesina. Han pasado 69 días, demasiado tiempo para un trámite tan sencillo como el acordado, y los usuarios siguen esperando la justicia que se les prometió. Todo hace suponer que el retraso no es casual, sino una maniobra calculada para incumplir lo pactado.

2.- Ante la feroz e ilegal persecución del alcalde panista de Tlanchinol, en la sierra hidalguense, en contra de los miembros de Antorcha Campesina, para obligarlos a abandonar su organización, agravada con la rotunda negativa a respetar los mínimos derechos democráticos de las comunidades indígenas y a resolver sus demandas más elementales con la clara complicidad (por comisión u omisión) del gobierno del Estado, el asunto se tuvo que trasladar a la Secretaría de Gobernación federal donde, el 18 de noviembre de 2010, se firmó una minuta de acuerdos. De eso hace 93 días; y, hasta hoy, nada o casi nada se ha cumplido. En cambio, en la madrugada del sábado 12 de febrero, forzando un tragaluz en el techo, alguien se introdujo en la recámara de la profesora Guadalupe Orona Urías mientras ella se encontraba en Tecomatlán, Pue., en un evento cultural organizado por nuestro Movimiento; además, al teléfono móvil de la dirigente de Tlanchinol, Evelia Bautista, han entrado reiteradas llamadas con soeces y brutales amenazas contra su vida, o haciéndola escuchar nutridas balaceras que indican lo mismo. Peligra la vida de estas dirigentes mientras los compromisos de Gobernación siguen durmiendo el sueño de los justos.

3.- También está en manos de Gobernación el delicado conflicto agrario entre San Juan Mixtepec y Santo Domingo Yosoñama, en torno al cual la mafia de Mixtepec ha cometido graves delitos contra los habitantes del segundo poblado, tal es el secuestro, por más de 70 días, de 39 campesinos, el asesinato a mansalva de 4 campesinos, el cadáver del último de los cuales, Isidoro Hernández José, permanece secuestrado por sus verdugos mientras su viuda y sus dos hijos huérfanos lo reclaman para darle cristiana sepultura y claman justicia, sin que nadie les haga caso. Finalmente, está el cruel asesinato, también a mansalva, del líder antorchista Miguel Cruz José, miembro de nuestra Dirección Nacional. Pero sólo después de múltiples gestiones, comisiones y protestas públicas, logramos que el gobierno federal hiciera intervenir a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y que esta, por medio del programa llamado “Conflictos Sociales en el Medio Rural” (COSOMER), ofreciera, por fin, dos propuestas concretas y alternativas de solución. Una vez conocidas, los representantes antorchistas se comprometieron a someterlas, en plazo breve, a la consideración y elección de la asamblea del pueblo de Yosoñama, compromiso que cumplieron el día 26 de enero de los corrientes, según consta en oficio de recibo firmado y sellado por Gobernación federal. La SRA, por su lado, se comprometió a lograr otro tanto con los líderes de Mixtepec, pero resulta que, a la fecha, no ha movido un dedo para cumplir su parte ni ofrece, siquiera, una fecha tentativa. Pero eso no es todo. A través de su delegado en Oaxaca, Mauricio Gijón Cernas, la SRA ha hecho dos declaraciones, ambas falsas y contrarias al espíritu de su cometido. Primero, Gijón Cernas afirmó, a sabiendas de que mentía pues conocía ya la fecha de entrega del acta de Yosoñama, que la culpa de que el proceso de solución no avanzara era de Antorcha Campesina, por haber incumplido su compromiso. En la segunda declaración, del sábado 19 de los corrientes, el delegado acusó abiertamente a Antorcha Campesina de ser la absoluta culpable del conflicto, pues, con su intervención, dijo, impidió la ejecución de la resolución del Tribunal Agrario, que reconoce el derecho de Mixtepec sobre las 1800 hectáreas en disputa. Esta postura de Reforma Agraria tiene implicaciones muy graves: primero, porque intenta desvirtuar el hecho irrefutable de que la terrible agudización del problema en su última fase se debe, precisamente, a la resolución parcial, injusta y absolutamente torpe, políticamente hablando, del Tribunal Agrario, no importa qué tan bien la haya maquillado con argucias de tinterillo tramposo y venal; y desconoce, además, que Antorcha Campesina no intervino sino a raíz del brutal secuestro de los 39 campesinos de los que nadie, y menos el Tribunal Agrario, parecía interesarse. Implica, en segundo lugar, que la dependencia federal convalida los crímenes cometidos por la mafia de Mixtepec y equivale, por tanto, a extender una patente de corso a esos delincuentes para que sigan cometiendo sus fechorías, ahora con el aval del gobierno federal. Por tanto, queda así al descubierto que el retraso y reticencia para hacer cumplir a Mixtepec su parte en el acuerdo, no es casual, sino la otra vertiente de su doble política: la de juez imparcial en apariencia, por un lado, y, en el fondo, la de caballo de Troya de los intereses de Mixtepec en el conflicto que tiene en sus manos.

4.- Finalmente, un caso más. Del programa federal para el mejoramiento de la vivienda, el año pasado le fueron asignados a los antorchistas sin techo en general, pero principalmente a los de Chimalhuacán, el municipio urbano más marginado de todo el país, 50 millones de pesos, dinero que, gracias a las habilidades de prestidigitador de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), “desaparecieron” sin dejar rastro y nunca llegaron a sus legítimos destinatarios. En el año que corre, lógicamente, se han sumado nuevos demandantes y debe asignárseles, por tanto, una nueva partida presupuestal, que sumada a los recursos “desaparecidos” del año anterior, hacen algo así como 100 millones de pesos. Pero SEDESOL, como si de generosa limosna se tratara, ofrece sólo 46 millones acompañados del clásico desplante autoritario: “o los toman o los dejan. No hay más”. Y aquí es el lugar adecuado para dos aclaraciones necesarias. Primero, todo mundo sabe que, para edificar un solo mísero cuarto hecho de material no perecedero, se necesitan no menos de 20 mil pesos; pero, si dividimos los 46 millones que ofrece SEDESOL entre las cincuenta mil familias antorchistas debidamente acreditadas, resulta que a cada una de ellas le tocan 920 pesos. De este tamaño es la generosidad que se les echa en cara. Segundo, el dinero no se entrega en efectivo, jamás, ni a los solicitantes ni a sus líderes. A los derechosos se les entrega, personalmente y en las oficinas de SEDESOL, un cupón canjeable por material para construcción, que hacen válido en negocios del ramo también designados por SEDESOL. Esto no puede ser ignorado por ningún funcionario de esa dependencia, aunque sí por tontos de capirote como Ciro Gómez Leyva, que se pone a despotricar sin ton ni son sobre algo que desconoce hasta por el forro, haciendo el gran ridículo ante sus televidentes y radioescuchas.

Por todos estos problemas, y tras agotar todos los recursos previos, los antorchistas se vieron obligados ¡otra vez, sí señor Ciro Gómez Leyva! a instalarse en plantón permanente cerca de Gobernación Federal. Gómez Leyva abrió su noticiario televisivo de ese día (3 de febrero) con una clase de moral pública y honradez intelectual al diputado Gerardo Fernández Noroña, quien había cometido la irreverencia de colocar una manta frente a la Tribuna de la Cámara, con acusaciones gratuitas al Presidente de la República. No se vale, no es honesto, aleccionaba Ciro, acusar sin pruebas. Es como si yo dijera que el diputado Fernández Noroña obedeció las órdenes de su jefe López Obrador, siendo que carezco de pruebas y desconozco todo lo relacionado con su partido (la cita no es textual). Estuve a punto de levantarme a aplaudir frente a mi televisor. Pero sólo pocos, muy pocos minutos después, al referirse a la marcha y al plantón de los antorchistas, Ciro cometió, en exceso, el mismo crimen que momentos antes reprochó a Fernández Noroña: arremetió contra ellos con sus viejas y sobadas calumnias y acusaciones, agregando ahora, como un delito más, los epítetos de “priistas, peñanietistas” (él, que no tiene reparos en ponerse de alfombra ante el Presidente y su partido a la vista de todo su auditorio) y de extorsionadores y chantajistas que arman bulla para recibir su paga (e hizo el gesto de quien cuenta billetes) y se retiran luego dejando a sus seguidores colgados de la brocha. Y todo esto sin aportar una sola prueba digna de ese nombre, salvo su acostumbrada verborrea plagada de inconsistencias, faltas de sindéresis y de lugares comunes, muy del gusto de quienes le pagan por insultar. Dejo para luego tratar puntualmente este rosario de infamias y voy a lo mío. Este mismo Ciro Gómez, en su programa radiofónico “Fórmula de la Tarde” del día 18 de febrero, entrevistó a Raúl Ibáñez Márquez, director general adjunto de la oficina del Secretario de SEDESOL. Para unas entendederas mejores que las de Ciro (lo que no es muy difícil, por cierto) está muy claro que la tal entrevista fue un diálogo de sordos en el que cada quien trató de llevar agua a su molino y nada más. Ciro trató de arrancarle al funcionario una acusación expresa y clara de que Antorcha recibe el dinero que solicita “en efectivo”, y que lo gasta a su capricho sin rendirle cuentas a nadie; su interlocutor, que sabe muy bien que esto no es así, se fue por la tangente y abordó “la forma” en que, según él, se deben solicitar tales recursos. Trajo a cuento la comparecencia de su jefe ante los diputados, ocasión en que, dijo, aquel sostuvo que “no es a gritos y a sombrerazos” como debe distribuirse el recurso para vivienda y habló de una comisión ad hoc, para repartir equitativamente el dinero y “mejorar” la transparencia de su uso.

Nunca dijo, por razones obvias, que Antorcha u otro gestor cualquiera reciben dinero en efectivo y lo gasta a su antojo.

Colgó el funcionario y Ciro dijo triunfante a su auditorio: allí está la prueba; ahora sí sé de dónde sale el dinero que gastan alegremente los antorchistas para atacarme, y espero tranquilo los ataques de Aquiles Córdova. El director fue “cuidadoso”, pero dejó claro que esos señores se roban lo que reciben y no entregan cuentas a nadie (no es textual la cita pero garantizo el sentido). Así pues, hasta allí el señor no tenía ninguna prueba de sus acusaciones, no sabía siquiera “quién paga” a los antorchistas, a pesar de lo cual los había venido acusando, sin ningún escrúpulo, de extorsionadores y centaveros. Eso se llama injurias y calumnias, ataque artero y vil aprovechándose de la indefensión del oponente, que es mucho más que lo que le reprochó a Fernández Noroña. Pero, además, tampoco es cierto que su entrevistado le haya proporcionado la evidencia que necesitaba para respaldar sus infundios. La verdad es que el señor no fue “cuidadoso” como dijo él, sino “evasivo” (que ciertamente es otra forma de mentir), aunque para Ciro Gómez resulte imposible entender la diferencia. En efecto, le preguntaron una cosa y él respondió otra, evitando así precisar, con cifras al canto, el fondo del conflicto, y rehuyendo aclarar que Antorcha no recibe un solo centavo en efectivo (ni en especie). Y al no hacerlo, dejó libre el camino para que ese chapucero “intelectual” llamado Ciro Gómez Leyva, lo “usara” como tapadera de sus tontas calumnias. Su afirmación de que, de atender la demanda de Antorcha tal como ésta la plantea, dejaría fuera a muchos otros solicitantes que también necesitan una vivienda, puede ser cierta o no; pero ni explica qué pasó con los 50 millones del año pasado, ni descalifica el derecho legítimo de los nuevos solicitantes antorchistas. Sólo deja claro, eso sí, que no se asignan recursos suficientes para resolver el grave problema de la vivienda, ni se manejan con transparencia y equidad los pocos que se destinan para tan importante demanda ciudadana.

Un verdadero tiro en el pie. Por todo lo dicho, surge la inevitablemente pregunta: ¿es la mentira oficial una política de Estado, o es simple falta de oficio político?